El proyecto de reforma constitucional sobre elección democrática de los intendentes, que se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado, es la iniciativa política más importante que se haya hecho en Chile en los últimos 65 años, tras la aprobación de la Ley del Sufragio Femenino Universal en 1949.
Que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir a la máxima autoridad regional es una medida que por sí sola va a gatillar una serie de transformaciones descentralizadoras, que lejos de temer debemos valorar e incentivar. Un intendente electo se deberá a sus ciudadanos y tendrá que rendir cuenta de sus acciones ante los habitantes de su región y no ante el Presidente de la República como sucede hoy; un intendente electo va a estar más empoderado para representar y defender los intereses de la región y no los del gobierno de turno; un intendente electo va a tener que ejecutar un programa de gobierno y responder por él ante sus electores y no al gobierno central.
Estos y otros saludables efectos va a provocar esta reforma, con la cual también el país va a completar el proceso de descentralización política que se inició en los años noventa con la elección directa de los alcaldes y concejales, y que luego siguió el año 2013 con la aprobación del proyecto que permitió la elección de los consejeros regionales.
En vista de lo anterior, era de toda lógica cerrar el círculo permitiendo que fueran los propios ciudadanos de la región quienes puedan elegir a su intendente, lo que esperamos ocurra a partir del año 2017.
De hecho, esta misma semana conocimos los resultados de la Encuesta Bicentenario de Adimark y de la Universidad Católica, en la cual el 73 por ciento de los consultados se manifiestan a favor de la elección democrática de los intendentes. Entonces, no solo estamos hablando de hacer un acto de justicia con las regiones, sino también de cumplir un anhelo muy profundo de la ciudadanía.
[cita tipo=»destaque»]Derrotar la fuerza del centralismo requiere modificar conductas y costumbres ampliamente arraigadas y, a la vez, lograr avances paralelos e integrados en lo político, administrativo y fiscal. Si no logramos la articulación virtuosa de todas estas dimensiones, el proceso se debilita y pierde credibilidad.[/cita]
Sin perjuicio de lo anterior, esta es solo la primera de las iniciativas que el Gobierno de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ha comprometido en la Agenda de Descentralización anunciada en octubre del año pasado. Se trata de un desafío histórico no solo por la magnitud de las transformaciones que se están impulsando, sino porque esta es la primera administración que se ha planteado la tarea de descentralizar Chile con proyectos y plazos concretos.
Junto a la reforma constitucional ya citada, introducimos indicaciones sustitutivas al proyecto sobre fortalecimiento de la regionalización, que hoy se tramita en la Cámara de Diputados. Entre otros aspectos, esta iniciativa regula el traspaso de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales. A ella debemos añadir el proyecto que, por primera vez en veinte años, permite modificar las plantas de funcionarios municipales, entregando esta facultad a los propios alcaldes y concejales.
El camino que hemos decidido tomar obedece a la profunda convicción de que el país no puede seguir haciendo oídos sordos ante el brutal centralismo que nos ha acompañado durante nuestros poco más de doscientos años de vida independiente. Sus consecuencias son mucho más amplias y dramáticas que el hecho de que las decisiones que afectan a las regiones se adoptan en la capital, que por sí solo ya es un obstáculo al desarrollo integral del país.
Además, el centralismo es generador de desigualdades territoriales, económicas y culturales. Las oportunidades no son las mismas para quienes viven en regiones; los sueldos tampoco son los mismos, así como las oportunidades de trabajo y estudio, y el acceso a determinados bienes y servicios.
Esta realidad de nuestro proceso de desarrollo ha sido incluso destacada por organismos internacionales. En un informe de septiembre de este año la OCDE mencionó que en nuestro país “la desigualdad tiene una fuerte dimensión territorial con mucha variación en los niveles de vida entre regiones. Al mismo tiempo, Chile es uno de los países más centralizados de la OCDE, lo cual impide que las políticas se adapten a las necesidades locales”.
Esta es una verdad irrefutable que vamos a cambiar, transformando el actual Estado unitario centralizado en un Estado unitario descentralizado. El espíritu que nos anima fue refrendado hace unos días por la propia Presidenta Bachelet tras sostener una reunión de trabajo con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Patricio Walker y Marco Antonio Núñez, respectivamente, y los líderes de las bancadas regionalistas de ambas corporaciones, el senador Alejandro Guillier y el diputado Rodrigo González, entre otras personalidades de diversos sectores del mundo político y empresarial.
En la ocasión la Mandataria confirmó que la descentralización es un proceso que no tiene marcha atrás y que ella está dispuesta a jugarse entera por sacar adelante con la mayor celeridad posible los proyectos en trámite y los que están por ser enviados al Parlamento.
Sabemos que en esta tarea no estamos solos. Contamos con el respaldo transversal de diputados y senadores que se han abocado con gran diligencia a la tramitación de los proyectos de ley, así como han expresado en reiteradas ocasiones su voluntad descentralizadora, tal como lo hicieron recientemente, a través de la “Declaración de Coyhaique”, los senadores Patricio Walker, Antonio Horvath, Andrés Zaldívar, Víctor Pérez y José García.
Estamos ante un cuadro alentador. Por primera vez en la historia de nuestro país estamos debatiendo en serio sobre descentralización. El Gobierno está decidido a utilizar este espacio de convergencia que se ha abierto y por cierto, a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para alcanzar un acuerdo político transversal y lo más amplio posible, que nos permita aprobar los proyectos de ley en discusión en el Parlamento y asegurar un trámite expedito de aquellas iniciativas que ingresarán próximamente.
A todos nos une el deseo de aprovechar las fortalezas y capacidades de nuestras regiones, y las potencialidades e identidades de cada territorio, que constituyen un área privilegiada y fundamental del patrimonio nacional. En la búsqueda de ese objetivo superior estamos todos convocados y para eso es primordial dotarnos de una institucionalidad regional y local que posibilite un desarrollo territorial más armónico, equitativo y justo, y que haga posible una participación más activa de los ciudadanos y sus representantes locales en la construcción del futuro de su región.
Profundizar este proceso no es fácil. Derrotar la fuerza del centralismo requiere modificar conductas y costumbres ampliamente arraigados y, a la vez, lograr avances paralelos e integrados en lo político, administrativo y fiscal. Si no logramos la articulación virtuosa de todas estas dimensiones, el proceso se debilita y pierde credibilidad.
Tengo plena confianza en que no nos faltará la capacidad y convicción que necesitamos para marchar en esa dirección. Precisamente en ello se juega la suerte del conjunto de transformaciones que hemos propuesto.
