El estudio “Panorama de Salud 2013. Informe OCDE sobre Chile y comparación con países miembros” constató que somos el país con más alto gasto de bolsillo familiar en salud (4.6%) entre los 34 socios de la organización. En contraste, el promedio OCDE es de 2.9%, y en países como Holanda, Reino Unido y Francia ese gasto es de apenas 1.5%, mientras que en Alemania es de 1.8%.
Por su parte, el estudio “Gasto Catastrófico y Gasto de Bolsillo de Salud para el periodo 1997-2012”, elaborado por el Instituto de Análisis de Políticas Públicas y Gestión, por encargo del Ministerio de Salud, estimó que nuestro gasto de bolsillo familiar en salud es aún más alto, situándolo en un 6.3% del gasto total de los hogares, con un desembolso promedio de $ 50.657, a pesos de abril de 2012.
Una de las razones fundamentales de este alto desembolso que realizan las familias chilenas es el consumo de remedios a altos precios –lo que se une a la mínima presencia de mecanismos de reembolso– y la escasez de fármacos genéricos, que se caracterizan por su menor costo. En efecto, la participación de genéricos en el mercado farmacéutico, en términos de volumen, en Alemania es de 76% y en el Reino Unido de 75%. En cambio, en Chile es de apenas 29% (la media OCDE es de 41%) y en términos de valor es de sólo 6%.
Todo esto ocurre en el contexto de un mercado controlado en un 90% por tres grandes cadenas, donde existe integración vertical, desregulación de precios y denuncias de colusión que han causado un gran impacto en la opinión pública. La propia Fiscalía Nacional Económica, en un documento del año 2013, fue taxativa al relevar “las distorsiones competitivas que se presentan en el segmento de distribución de medicamentos a través de farmacias (asimetrías de información, alta concentración de mercado en el segmento de distribución minorista e integración vertical entre las cadenas de farmacias, distribuidores mayoristas y laboratorios)”.
Por otro lado, de acuerdo a una denuncia realizada en julio de 2015 por representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Farmacéuticos, los precios que alcanzan los remedios en las grandes cadenas de farmacias llegan a ser hasta 3.000 % superiores a los que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) obtiene de los mismos laboratorios que surten a todo el mercado. La diferencia se explica porque la Central Pública compra por grandes volúmenes y bajo un modelo de licitación al mejor oferente, lo que obliga a los laboratorios a ofrecer precios competitivos. El consumidor, en cambio, está a merced del precio que fijen las farmacias, los que solo tienen por límite lo que las personas estén dispuestas y/o puedan pagar.
[cita tipo=»destaque»] A la par de sus objetivos sociales, que desde luego cabe apoyar, este proyecto ha tenido la cualidad de poner en cuestión la naturalización de un modo de funcionamiento del mercado de medicamentos, caracterizado –como ya se ha dicho– por su opacidad, altos precios y denuncias de colusión, en un área especialmente sensible para las familias, pues está involucrada la salud e incluso la vida de las personas.[/cita]
Ahora bien, haciéndose cargo de esta realidad y de demandas levantadas por las propias bases sociales de Recoleta –en particular los adultos mayores– el alcalde Daniel Jadue planteó una alternativa social muy interesante, innovadora, que ha generado expectativas entre la población: la Farmacia popular “Ricardo Silva Soto”.
Como ha explicado el propio jefe comunal, la naturaleza jurídica de esta instancia es la de un “Programa Social”, enmarcado en satisfacer la necesidad de medicamentos que no cubre la salud primaria, por parte de las personas residentes en la comuna que lo requieran, permitiendo su compra a precios más bajos. Para ello se constituye una cooperativa de pacientes. La perspectiva es de acceso universal, previa inscripción en la Dirección de Desarrollo Social presentando la respectiva FPS (solo para acreditar residencia), pero sin que se establezca ningún puntaje de corte. En el caso de aquellas familias cuyo gasto en remedios supere el 15% de su presupuesto, pueden beneficiarse de un subsidio de hasta 20% del valor de los fármacos recetados, a los que tienen derecho a acceder a un precio ya reducido.
El municipio actúa como un canal de compra y dispensación de medicamentos, agregando la demanda y adquiriéndolos ya sea en la CENABAST, en laboratorios si no están disponibles en esta última, o bien en el extranjero. De esta manera se evita toda la cadena de intermediación, donde se genera el alza exponencial de precios ya referida. Cabe destacar que la farmacia no puede obtener lucro y su funcionamiento es en horarios limitados y bajo condiciones muy precisas establecidas en la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP).
Esta iniciativa, por cierto, ha despertado mucho interés entre otros alcaldes, incluidos varios de oposición. Además, no puede dejar de considerarse que, según el estudio “Relación entre Cantidad de Farmacias y Pobreza”, publicado por el Ministerio de Economía en marzo de 2013, 96 comunas del país “pobres, alejadas y con baja población” no cuentan con farmacia. 18 de ellas se encuentran en la Región del Biobío, 14 en La Araucanía y 12 en Los Lagos. Por contraste –señala el mismo documento– “las farmacias se ubican preferentemente en zonas de baja pobreza y mayor poder adquisitivo”. En consecuencia, resulta lógico que muchos alcaldes hayan visto el modelo de “farmacia popular” como una alternativa pertinente para los habitantes de sus comunas.
A la par de sus objetivos sociales, que desde luego cabe apoyar, este proyecto ha tenido la cualidad de poner en cuestión la naturalización de un modo de funcionamiento del mercado de medicamentos, caracterizado –como ya se ha dicho– por su opacidad, altos precios y denuncias de colusión, en un área especialmente sensible para las familias, pues está involucrada la salud e incluso la vida de las personas.
A ojos del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, debe valorarse toda iniciativa que surja a nivel de las comunas y que complemente los objetivos del Sistema de Protección Social. La primera “farmacia popular” de Chile demuestra que los municipios, desplegando su creatividad y articulándola con la que surge de la propia comunidad, pueden jugar un rol social más activo. Y esto, de manera complementaria al rol insustituible que juegan en otras áreas, como la coordinación intersectorial del Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, o en materia de empleabilidad a través de la Oficinas Municipales de Intermediación Laboral.
De paso, queda demostrado que los municipios con énfasis ciudadano pueden interpelar a la institucionalidad, motivando a todos los poderes del Estado a hacerse cargo de los vacíos de la misma; y junto con ello, replantear los términos del debate público. En esa perspectiva, no sería extraño que el tema de la desregulación del mercado de medicamentos y las alternativas sociales a ese fenómeno forme parte de la discusión sobre el derecho a la salud, en el marco del proceso constituyente que se avecina.
