«La tipificación de crímenes medioambientales como figuras de lesa humanidad y la creación de una corte internacional sobre la materia son parte de una lucha de reconocimiento que recién comienza».
Ante las crisis humanitarias que está provocando el cambio climático, hoy Francia es considerada la cuna de una nueva doctrina: la incipiente justicia climática internacional y de los Derechos Humanos.
Por primera vez, desde la Conferencia de Rio 92 y tras varios fracasos, los 195 estados miembros de la Convención Marco contra el Cambio climático logran un pacto de mínimos, sometiéndose a deberes de autorrestricción de emisiones contaminantes y su revisión quinquenal, además de aprobar un fondo común de inversiones para el desarrollo de energías limpias.
Todo ello, considerando prerrogativas y bienes jurídicos colectivos de última generación: seguridad alimentaria, bioseguridad, salud y agua.
El Acuerdo de París del pasado 12 de diciembre y su escueta mención al concepto de justicia climática fijan entonces un punto de no retorno en el limbo de indefensión que durante dos décadas ha creado una geopolítica del abuso sobre la soberanía de los recursos naturales, dentro y fuera de los límites nacionales.
El apocalipsis chino de nubes tóxicas que acechan a Beijing; el Leviatán de las mafias pesqueras que asedian el patrimonio marítimo de ciertos países; la debacle de la fauna marina por el deshielo de los glaciares; la crítica deforestación del Amazonas; el uso indiscriminado y sin medidas de mitigación de la economía de los combustibles fósiles; la agonía de la soberanía alimentaria de etnias de Centroamérica y del Sudeste Asiático, así como las crisis de desplazamiento de centenares de miles en Bangladesh y Medio Oriente, son todas resultado de un mismo fenómeno que atenta contra la vida humana y perpetúa la pobreza.
Más allá de la realpolitik de los conversos climáticos –EE.UU, Rusia, China, India, y Canadá, entre otros–, preocupados como nunca antes del cambio hacia la matriz de energías limpias y su control, lo relevante es que se ha abierto la puerta a una justicia climática centrada en los derechos humanos.
La tipificación de crímenes medioambientales como figuras de lesa humanidad y la creación de una corte internacional sobre la materia son parte de una lucha de reconocimiento que recién comienza.
Chile es uno de sus suscriptores y está obligado a asumir una posición que vele por su derecho al desarrollo y una justicia climática propia.
