«La única salida fue la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual tiene amplias atribuciones para perseguir a los responsables de genocidio y otras violaciones del derecho humanitario cometidas en 1994. Una instancia criticada por el reducido número de condenas, y la escasa independencia de sus jueces y fiscales».
Una cifra de 800.000 muertos reconoce la justicia penal internacional como la cifra infame del odio y las atrocidades que avergüenza a la ONU y enluta a Ruanda desde 1994: el primer genocidio que conoció el mundo tras el holocausto. Entre el 6 de abril de ese año y agosto, sistemáticamente, la histórica violencia tribal devino en una guerra civil y en la implementación de un plan de exterminio de la minoría tutsi por los gobernantes de la población hutu.
Aquella tarde, el magnicidio del presidente ruandés y su par de Burundí, quienes viajaban juntos en un avión derribado por misiles —cuya autoría jamás ha sido investigada—, abrió la puerta al terrorismo de Estado, disponiéndose ilegítimamente de las ayudas humanitarias para el pago de mercenarios que ejecutaran ‘la solución final’.
De inmediato la prensa extranjera dejó testimonio del averno que se extendía por aquel país sumido en la extrema pobreza del 70% de su población —de un total de 8 millones—, cuya esperanza de vida promediaba los 44 años y cerca de 250.000 adultos padecían los efectos del SIDA. En cuestión de semanas, las iglesias y escuelas se convirtieron en centros de esclavitud y tortura, incluyendo mutilaciones, violaciones colectivas y ejecuciones. Todo ello ante el inmovilismo y el debate vacuo de Naciones Unidas sobre el derecho o no a intervenir militarmente y la urgencia de otros conflictos post-soviéticos.
Meses después, la única salida fue la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual tiene amplias atribuciones para perseguir a los responsables de genocidio y otras violaciones del derecho humanitario cometidas en 1994. Una instancia criticada por el reducido número de condenas, la escasa independencia de sus jueces y fiscales al compartir funcionarios con el Tribunal para la Ex Yugoslavia, y un supuesto secretismo con otras jurisdicciones nacionales, como la francesa que en virtud del principio de la universalidad ha logrado condenar a varios criminales excluidos por la corte.
Este 31 de diciembre cierra su funcionamiento y, pese a la deuda con el derecho a la memoria de las víctimas, constituye un hito que legitima el imperio de la justicia penal internacional y la responsabilidad de proteger.
