Opinión
Cuando escucho a Soledad Alvear no puedo sino recordar a Ángela Davis cuando dijo: “El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas”. Esa idea “radical”, sin embargo, está por suerte ya reconocida tanto en nuestra Constitución como en la legislación internacional a la que Chile se ha obligado.
Las mujeres llevamos siglos luchando por nuestros derechos. Contra hombres convencidos de que somos inferiores y, sorprendentemente también, contra mujeres que, como Soledad Alvear, insisten tozudamente en tratarnos como ciudadanas de segunda.
La embestida mediática y política que Alvear inició en contra del proyecto de despenalización del aborto –uno de los proyectos emblemáticos de la campaña y gobierno de la Presidenta Bachelet– es impresionante. No solo por su notable capacidad para presionar a sus correligionarios, sino que también por su asombrosa falta de argumentos. Su insistencia –como recordaba recientemente un artículo de El Mostrador titulado “Qué hay tras la ofensiva de Soledad Alvear contra el proyecto de aborto de Bachelet”– de hablar de abortos tardíos (que el proyecto no contempla) y de mujeres violadas que dicen que su hijo fue “su mejor terapia”, no hace más que despreciar e ignora el terrible sufrimiento de las miles de mujeres que en Chile abortan cada año bajo condiciones de riesgo extremo.
Los hechos nos recuerdan que los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna y son un peligro sólo para las niñas y mujeres que no pueden financiarse, en el sistema sanitario privado una interrupción del embarazo sin riegos de manera clandestina. Esa es la realidad a la que el Parlamento debe dar solución de una vez por todas, pues lo que el proyecto de ley procura no es –como nos muestran obstinadamente las cifras– permitir el aborto en ciertos casos, pues, querámoslo o no, las mujeres se hacen abortos. Lo que este proyecto de ley pretende no es más que democratizar el aborto seguro.
Cuando escucho a Soledad Alvear no puedo sino recordar a Ángela Davis cuando dijo: “El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas”. Esa idea “radical”, sin embargo, está por suerte ya reconocida tanto en nuestra Constitución como en la legislación internacional a la que Chile se ha obligado. Desde ya sabemos que la Constitución reconoce como personas a las mujeres y hombres nacidos (Art. 19 N°1). A los no nacidos solo les encarga protección por la vía legislativa y solo en la medida en que dicha protección no vulnere los derechos humanos de quienes son sus únicos titulares. Las personas: las mujeres.
[cita tipo= «destaque»]Si no queremos repetir lo que ocurrió hace algunos años (cuando Chile fue condenado por la Corte Interamericana por prohibir ver una película que, presuntamente, afectaba el sentir religioso de personas como Alvear) el Parlamento tendrá que aprobar este proyecto de ley y el Tribunal Constitucional mostrarse deferente ante esa justa y necesaria decisión.[/cita]
A su vez, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió el caso Artavia Murillo el año 2012 nos recuerda que, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), el no nacido no es persona y, por tanto, no tiene derecho a la vida. Es más, concluye la Corte, el único sujeto directo de protección de la Convención Americana es la mujer y la protección del no nacido es gradual e incremental según su desarrollo.
Debemos prestar atención al hecho de que en esta sentencia la Corte Interamericana hace una advertencia directa a Estados que, como Chile, Malta, Nicaragua y El Salvador, declaran ilegal el aborto en todos los casos. En efecto, para estos Estados la Corte “declara inadmisible la protección absoluta de la vida del embrión”. Dicho de otra manera, la Corte adelanta a nuestras autoridades y, en especial, al Parlamento que, de no aprobarse este proyecto con las tres causales que contempla (que son, dicho sea de paso, el mínimo requerido), el país recibirá una nueva condena por violación de los derechos humanos.
La idea radical de que la mujer es persona es hoy una convicción cada vez más extendida en la sociedad chilena y prácticamente unánime en la sociedad internacional. Y eso significa que sus derechos no pueden ser sacrificados en razón de ideologías religiosas de ninguna especie. Ese es el límite –o coto vedado– que imponen los derechos humanos.
Los parlamentarios deben dejar de pretender que el país sea la última reserva moral de Occidente –o más bien, del mundo– y legislar en favor de las mujeres chilenas. Si no queremos repetir lo que ocurrió hace algunos años (cuando Chile fue condenado por la Corte Interamericana por prohibir ver una película que, presuntamente, afectaba el sentir religioso de personas como Alvear) el Parlamento tendrá que aprobar este proyecto de ley y el Tribunal Constitucional mostrarse deferente ante esa justa y necesaria decisión.
