Recientemente, el país fue testigo de la falta de empatía y coherencia de los parlamentarios del conglomerado “Chile Vamos”, quienes no conformes con solicitar la impugnación de la Glosa de Gratuidad, por considerarla discriminatoria, continuaron exigiendo hasta el último minuto del trámite de la “ley corta”, aumentar los recursos estatales para las instituciones privadas (CFT e IP) e, incluso, amenazaron con ir nuevamente al TC, si no se acogían sus requerimientos.
Este es el mismo grupo de personas, cuyo principal argumento, para objetar la gratuidad, ha sido considerar la “vulnerabilidad” de los estudiantes como el primer criterio para enfrentar el debate, sin embargo, “doblarle la mano al Gobierno”, como twitteó el senador Espina tras aprobarse la ley, fue tal vez un logro mayor para ese sector.
Independientemente del “gallito” que haya significado para la oposición o el Gobierno llevar adelante la ley corta que hoy garantiza la gratuidad para ciento setenta y ocho mil estudiantes, es importante establecer las lecciones que nos dejaron los recientes acontecimientos, como aquellos temas en los que aún no hemos profundizado en torno a la reforma educacional.
Es evidente la necesidad de un diálogo que reúna a todos los actores de la educación superior con sus diferentes posturas y propuestas. Si bien esto se dio de manera más o menos improvisada a partir de la Glosa Presupuestaria, es urgente conocernos, escucharnos y pensar en conjunto qué características debería tener la educación que estamos reconstruyendo para nuestros jóvenes.
En esta discusión, seguramente, emergerá lo que José Joaquín Brunner denomina “confusiones ideológico-intelectuales”, mas es perentorio despejar las dudas que aún persisten acerca del principio de origen de las universidades y, por lo tanto, aceptar el trato específico que deben recibir los planteles estatales, a diferencia de aquellos que pertenecen al mundo de la propiedad privada, aun cuando declaren tener un fin “público”.
[cita tipo=»destaque»]Tener claridad respecto a la naturaleza de las universidades, implica definir el marco legal e institucional bajo el cual las universidades privadas, por ejemplo, deben rendir cuenta de los recursos fiscales que reciban para hacer efectiva la gratuidad, puesto que, a la fecha, no están obligadas a transparentar públicamente su gestión, como es el caso de las estatales.[/cita]
Al respecto, celebro la nueva dotación de recursos que la ley corta destina para el fortalecimiento de las universidades estatales y espero la buena recepción, por parte de la Presidenta, a la solicitud que elevamos los rectores del CUECH para que el Estado instaure una relación más concreta con sus universidades.
Tener claridad respecto a la naturaleza de las universidades, implica definir el marco legal e institucional bajo el cual las universidades privadas, por ejemplo, deben rendir cuenta de los recursos fiscales que reciban para hacer efectiva la gratuidad, puesto que, a la fecha, no están obligadas a transparentar públicamente su gestión, como es el caso de las estatales.
Asimismo, la acreditación no es un indicador suficiente de calidad, sobre todo si tenemos en cuenta que pueden aparecer nuevas instituciones, sin tener acreditación alguna. ¿Qué ocurriría si nace un instituto profesional o universidad sin acreditación que logre captar a los sectores más vulnerables? ¿Tendría que financiarla el Estado?
Previo a la aprobación de la ley corta para implementar la gratuidad, el rector del Duoc, Ricardo Paredes, concluyó que la situación en que quedaba su casa de estudios “induce a que los estudiantes más vulnerables se inscriban en instituciones de menor calidad y en las carreras más baratas”. Ante esta sentencia, cabe recordar que no es obligación del Estado garantizar las condiciones de competitividad en planteles que surgieron en torno a la idea de la educación como un bien de consumo, ni menos financiarlas.
El Estado debe garantizar los recursos necesarios para que todas sus universidades sean gratuitas por derecho propio, y mantengan los altos estándares de calidad e inclusión, que caracteriza a la mayoría.
Es muy importante pensar en los estudiantes más vulnerables al momento de comenzar a discutir la “ley larga” que se aproxima. Terminar con la desigualdad de oportunidades y la pobreza es, obviamente, uno de los grandes objetivos que contiene la reforma educacional, sin embargo, este es solo un aspecto de ella.
Será trascendental cuestionar la institucionalidad y el contexto, además de los mecanismos que se utilizarán para que la gratuidad sea el primer paso que nos permita reinstalar la educación como un derecho.
A pesar de las dificultades, estoy convencido de que con la gratuidad, aunque inicialmente se otorgue a un grupo minoritario, ganaron las familias chilenas y los estudiantes. ¡No nos entrampemos más!
