Opinión
En Chile se observa un crecimiento exponencial de los estudios jurídicos, llegando a superar los 100 abogados en algunos casos. Esto los convierte en verdaderas agencias de lobby capaces de conectarse con la academia, los centros de estudio, los directorios de las empresas, oficinas públicas y el Congreso. De ahí que los abogados sean un grupo de interés especialmente equipado para ejercer lobby en las reformas a la Justicia que los afectan.
Durante el año 2015, los abogados han tomado gran protagonismo público al hacerse cargo de casos de alta relevancia política y social. Al mismo tiempo, hoy la sociedad chilena está indignada por cómo los grupos de interés influyen en la política a través del lobby, el financiamiento de campañas y las puertas giratorias entre lo público y lo privado. ¿Están los abogados ajenos a estas prácticas y, por ende, a los nuevos estándares de transparencia que se exigen? Obviamente no. La profesión jurídica ofrece hoy amplios márgenes de acción para el lobby. Esto es de vital importancia, no solo en el debate del dinero y la política sino también en el contexto de cualquier cambio a la Justicia, como en la futura reforma procesal civil, donde los abogados actúan como un grupo de interés.
El grupo de interés más visible en la agenda de la justicia civil es el de los abogados litigantes. Para ellos la justicia civil es su negocio, su nicho empresarial por excelencia. Si dejáramos que la reforma fuese discutida entre abogados litigantes tan solo, no sería muy distinto a dejar la Ley de Pesca librada a las empresas pesqueras. A su favor, los abogados dirán que ellos tienen la experiencia práctica. Si ese argumento fuese suficiente, el mismo también aplicaría para las pesqueras. Pero hemos aprendido a ser cautelosos de la experiencia práctica con intereses comprometidos.
Los abogados ejercen presión no solo individualmente sino también agrupándose en bufetes (o estudios jurídicos). Y son los bufetes de abogados los principales interesados en sumar redes de influencias y posibilidades de acción ante el Estado y los reguladores.
Cuando las grandes empresas y los políticos investigados eligen a estos bufetes para que los defiendan, no es solo por la calidad de su asesoría legal sino también por las redes de influencia que pueden desplegar para proteger sus intereses. En Chile se observa un crecimiento exponencial de los estudios jurídicos, llegando a superar los 100 abogados en algunos casos. Esto los convierte en verdaderas agencias de lobby capaces de conectarse con la academia, los centros de estudio, los directorios de las empresas, oficinas públicas y el Congreso. De ahí que los abogados sean un grupo de interés especialmente equipado para ejercer lobby en las reformas a la Justicia que los afectan.
La relación entre abogados y políticos es estrecha. Decenas de políticos son a la vez abogados y muchos tienen sus propios estudios jurídicos. ¿Un parlamentario que pertenece a un estudio que litiga en materias civiles, debería inhabilitarse de votar en la reforma procesal civil? Si los conflictos de interés nos importan, la respuesta es sí.
El 2011 se promulgó un nuevo Código Ética que se ocupó de regular no solo a los profesionales individuales sino también a los bufetes que agrupan abogados. Pero es necesario mucho más que eso para trabar el lobby de los abogados. Es necesaria una arquitectura de “murallas chinas” para separar aguas entre áreas sensibles de los bufetes, impidiendo el flujo de influencia estratégica. Existen preguntas difíciles, como, por ejemplo, aquellas que atañen a autoridades electas en Escuelas de Derecho, que renuncian a determinados casos de relevancia pública, pues reconocen en ellos conflictos de interés con el nuevo cargo que ostentan. En esos casos, ¿debería ese nuevo decano, por ejemplo, también renunciar al estudio jurídico o bastaría con reasignar el caso a otro abogado dentro del bufete? Debemos repensar las inhabilidades de los estudios jurídicos como un todo y no solo de sus abogados individuales.
[cita tipo= «destaque»]Los académicos universitarios también están expuestos a los conflictos de interés. Especialmente si se trata de un profesor de Derecho que no se dedica tiempo completo a la universidad, sino que su primera fuente de ingresos sigue siendo el ejercicio profesional. ¿Podríamos esperar, de un profesor que ejerce como árbitro, que tenga una postura a favor de introducir inhabilidades e incompatibilidades en el arbitraje? ¿Podríamos esperar, de un académico que hace gran parte de su prestigio alegando recursos de casación, que tenga un discurso a favor de restringir el acceso a la Corte Suprema?[/cita]
Institucionalmente, quienes representan a los litigantes son los Colegios de Abogados locales. Por lo tanto, cada Colegio debería ser la voz oficial para representar sus intereses en las reformas a la Justicia. Sin embargo, los abogados litigantes también pueden ejercer su influencia de otro modo, mediante su doble militancia como académicos universitarios. Los procesalistas de prestigio están cubiertos por un halo que pareciera hacerlos inmunes a los intereses económicos. Y es precisamente por ese halo de inmunidad que su lobby puede resultar tan efectivo.
Sin embargo, los académicos universitarios también están expuestos a los conflictos de interés. Especialmente si se trata de un profesor de Derecho que no se dedica tiempo completo a la universidad, sino que su primera fuente de ingresos sigue siendo el ejercicio profesional. ¿Podríamos esperar, de un profesor que ejerce como árbitro, que tenga una postura a favor de introducir inhabilidades e incompatibilidades en el arbitraje? ¿Podríamos esperar, de un académico que hace gran parte de su prestigio alegando recursos de casación, que tenga un discurso a favor de restringir el acceso a la Corte Suprema? Solo de unos pocos con altura de miras. A fin de cuentas, tampoco sería sustancialmente distinto si dejáramos la discusión de la Ley de Pesca, en vez de a las pesqueras mismas, a académicos universitarios que tienen sus propias empresas pesqueras.
Incluso los abogados que se dedican exclusivamente a la universidad pueden tener intereses creados en el sistema de Justicia. Los litigantes piden a los profesores que escriban informes en Derecho a favor de sus posturas en juicio. Los informes en Derecho de los profesores son influyentes en los tribunales superiores y, por eso, son sospechosamente bien pagados. Eso puede generar una lógica clientelar entre los profesores de Derecho y los grandes litigantes, en que los profesores terminan siendo la mano de obra intelectual de otras empresas.
Resulta clave resaltar que los informes en Derecho son uno de los temas que el Código de Ética del Colegio de Abogados no aborda explícitamente. El lector que no conoce los usos de la práctica jurídica chilena se sorprendería si conociera la falta de regulación de esta arista, así como los exorbitantes montos que se pueden pagar por un informe en Derecho. La única regla que existe en el derecho nacional sobre este tema es el artículo 805 del Código de Procedimiento Civil, que está muy lejos de regular la materia.
En el contexto de la reforma a la justicia civil es importante regular el rol que tendrán los informes en Derecho, pues son extremadamente influyentes para la decisión de los jueces pero, a diferencia de los peritajes, no existen garantías de imparcialidad o contra los conflictos de interés del propio profesor informante.
Hoy no existe un marco regulatorio sobre cuánto vale un informe en Derecho, pagándose estos en conformidad con el “prestigio” del profesional. Este prestigio, muchas veces, emana de la calidad de académico en alguna universidad de renombre. Esto nos devuelve a la pregunta sobre la relación entre docencia y ejercicio de la profesión. Del mismo modo, los informes en Derecho cobran todavía más relevancia simbólica si son escritos por alguna autoridad universitaria o persona que ostenta algún cargo en alguna Escuela de Derecho. Por ende, es necesario repensar si acaso se mantendrá esta desregulación total, este laissez faire radical que rodea a los informes en derecho.
En este sentido, es importante también pensar que los políticos que son abogados pueden encontrar en este nicho una forma de financiamiento electoral que no está cubierta por las reformas propuestas por la Comisión Engel. Si un candidato quisiera recibir financiamiento de parte de una empresa, esta podría solicitarle un informe en Derecho y, a través del pago de este, camuflar el financiamiento de su campaña.
Así las cosas, es clave volver a meditar sobre la regulación de los informes en Derecho, en el contexto de la reforma procesal civil, y también a la luz de los conflictos entre dinero y política.
Que se entienda bien, demostrar que los abogados son un grupo de interés comprometido en las reformas a la Justicia no significa que ellos no merezcan ser escuchados. Toda reforma debe tomar en cuenta y ponderar las posturas de los distintos grupos que serán afectados. Para ello tenemos una Ley de Lobby que, si bien tiene defectos, no prohíbe que estos grupos tengan derecho a voz. Lo que exige es transparentar su intervención en cuanto tales. De ahí el sistema de registro de audiencias y la distinción entre lobbistas y gestores de interés.
Si el Gobierno actual no quiere que esta reforma se vuelva otro flanco de descontento social, entonces deberá estar alerta a tales riesgos de lobby y conflictos de interés de los abogados en las reformas a la Justicia. Debemos empezar a aplicar la Ley de Lobby en las reformas a la Justicia también.
