La sociedad chilena está atravesando por un necesario proceso de politización. Ya se acabaron los tiempos en que era posible decidir entre cuatro paredes nuestro destino. Cada vez se escuchan más fuerte las demandas por mayor participación y más democracia.
La Presidenta anunció la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto es una respuesta positiva a una demanda de sectores importantes de la comunidad científica. En su intervención también anunció que se abren posibilidades para aumentos presupuestarios e hizo eco de algunas preocupaciones que han sido parte del debate entre los investigadores y la comunidad interesada, como la inserción de los nuevos investigadores formados durante los últimos años.
El anuncio no toca, sin embargo, los problemas políticos de fondo en torno al sistema de producción de conocimiento en Chile: quién define cuál es la ciencia que queremos y qué principios deben orientar su desarrollo. En esta dimensión de la discusión están los elementos que no responden a incapacidades de gestión, sino que son consecuencia del despliegue del proyecto neoliberal en nuestro país. Después de 40 años de neoliberalismo nuestro modelo de desarrollo de ciencia y tecnología es tremendamente mercantil y antidemocrático, y esta orientación no ha sido determinada ni por los científicos ni por la comunidad, sino impuesta sin discusión por la tecnocracia del Estado subsidiario.
[cita tipo=»destaque»]Como trabajadores de la producción de conocimiento y parte integrante de este debate creemos que el establecimiento de una nueva institucionalidad solo tiene sentido si se orienta a la recuperación del sentido público del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.[/cita]
En Chile la ciencia se financia principalmente mediante mecanismos de mercado. Por ejemplo, el programa Fondecyt y la Iniciativa Científica Milenio, que distribuyen una buena parte del presupuesto anual de CyT, son concursos en que investigadores o grupos de investigadores compiten por subsidios estatales para desarrollar su investigación en plazos definidos. Es decir, el Estado distribuye su presupuesto en función de la oferta y los investigadores venden su capacidad de trabajo en un medio viciado por la competencia. La orientación de estos esfuerzos, por lo tanto, no tiene ninguna relación con las necesidades de la sociedad, y su proyección no tiene más racionalidad que la que otorga el mecanismo de oferta y demanda. En este esquema, ni la curiosidad ni la colaboración tienen cabida.
El modelo de formación de nuevos investigadores está también altamente mercantilizado. El sistema de asignación de becas, basado nuevamente en la competencia entre individuos, no guarda relación ni con las necesidades del país, ni con las capacidades del sistema para insertar a estos mismos individuos en posiciones que les permitan hacer uso de la formación recibida. Para el modelo de mercado, la formación de graduados está asociada a la obtención de un número que nos saque de la última posición en las reuniones de la OCDE, y no a la consecución de una estrategia de desarrollo donde esa inversión tenga sentido.
Como trabajadores de la producción de conocimiento y parte integrante de este debate creemos que el establecimiento de una nueva institucionalidad solo tiene sentido si se orienta a la recuperación del sentido público del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.
Ni la creación de un ministerio ni el aumento del presupuesto resolverán por sí mismos la desarticulación y la inestabilidad propias de un sistema donde la ciencia se somete al arbitrio del mercado. Una discusión democrática en torno al rol que jugará la investigación en la construcción del futuro de Chile debe ser la prioridad de una comunidad científica comprometida con el desarrollo del país y con el valor de su propio trabajo. Una reorganización del aparato burocrático es insuficiente para abordar estos problemas.
