Han llegado a término las negociaciones tendientes a la creación de un Tratado Estratégico Transpacífico (TPP), mediante el cual doce países de la cuenca del Pacífico establecen un acuerdo comercial conjunto. Falta ahora la ratificación de los respectivos Congresos para que dicho tratado, virtualmente secreto y jamás debatido por la opinión pública, sea una realidad que afecte a casi mil millones de habitantes de los países involucrados.
Todas las negociaciones se llevaron a cabo en la más estricta reserva. O casi estricta: pues una vez más, y no debería sorprendernos, los únicos que siempre estuvieron informados y, más aún, consultados y escuchados, fueron los representantes de las grandes corporaciones multinacionales, las que siempre tuvieron lobbistas y asesores involucrados en la redacción de las más de 6.000 páginas del tratado y sus numerosos anexos.
No debería extrañar a nadie, entonces, que el resultado de estas largas negociaciones beneficie justamente a estas megacorporaciones financieras, farmacéuticas, agroindustriales y otras similares de alcance global y que se reduzcan significativamente los derechos de amplias poblaciones y de las pequeñas y medianas empresas nacionales.
Como muy bien expone el economista José Gabriel Palma, (03 Noviembre 2015), el acuerdo TPP debe ser entendido como parte de una tendencia. Hay que imaginarlo en un contexto parecido a lo que en Chile hemos conocido como las leyes de amarre de la Constitución de 1980. Así como esa Constitución dictatorial se decía “democrática”, el TPP es cualquier cosa menos un Tratado Comercial. Lo que se busca, y lamentablemente se está logrando –amparándose en el secreto y la imposición– es avanzar en el amarre para que nada cambie en términos de distribución del ingreso, royalty a la minería, fuga de capitales, entre otros aspectos. Lo fundamental para los ideólogos de esta operación es crear obstáculos para evitar que las cosas cambien.
Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex ha demostrado que en el caso de Chile, el Tratado no genera absolutamente ningún beneficio. Así de tajante. Al preguntar a los defensores del mismo, se ven en dificultades para hacer un mínimo listado de ventajas o ganancias para nuestro país. Incluso, en el caso de ellos, lo que ya podían obtener, lo han logrado con los múltiples tratados bilaterales con todos los países involucrados en el TPP.
En efecto, de los cinco o seis productos que tienen beneficios en este Tratado, ninguno de estos forma parte de nuestras exportaciones, por lo que por ese lado no hay ventaja alguna. Entonces, lo fundamental que incorpora son los candados y las trampas para que sea imposible modificar el modelo económico neoliberal implementado en dictadura y profundizado en estos 25 años de débil democracia.
[cita tipo=»destaque»]En definitiva, con la posible implementación del TPP estamos perdiendo progresivamente nuestra soberanía. Estamos cediendo soberanía por secretaría y se deja al país inmovilizado y anclado a la forma en que se hacen las cosas hoy día. Esta es una camisa de fuerza para los que quieren hacer las cosas de otra manera.[/cita]
Y esos candados no son teóricos, son reales. Veamos algunas situaciones concretas que se podrían generar.
Si Chile decidiera aumentar el salario mínimo, las multinacionales podrán demandar al Estado y deberán ser compensadas por este por las pérdidas que les genera ese aumento de salario a los trabajadores. ¿Suena absurdo? Pues bien, esto ya pasó en Egipto, cuando durante el breve gobierno democrático posterior a la Primavera Árabe se aumentó el salario mínimo y las multinacionales francesas demandaron al gobierno obligándolo a compensarlas.
Asimismo, si Chile decidiera tener una AFP estatal que ofrezca mejores tarifas y condiciones, los capitales extranjeros podrán demandar por sentirse afectadas. Si se instaura un royalty de verdad que permita recaudar los tan necesarios recursos para educación y salud, BHP Billiton u otras multinacionales del cobre también podrán demandar al Estado chileno. Si el gobierno decidiera masificar la experiencia de las farmacias populares implementada en Recoleta, podrá ser demandado por las multinacionales farmacéuticas o las cadenas internacionales de farmacias.
Y hay más. Si una evaluación de impacto ambiental rechaza un determinado proyecto, la multinacional afectada podrá reclamar que se le compense con todo lo que hubiese ganado de haberse aprobado ese proyecto, ya que se considera que hubo interferencia del Estado. Si Chile decidiera desarrollar únicamente la agricultura orgánica porque se descubre que es un excelente negocio, Monsanto podrá demandarnos porque se la está perjudicando.
Parece increíble. Se dirá que exageramos. Sin embargo todo lo anterior es posible porque el Tratado castiga a los Estados que afecten las “expectativas razonables” de los inversionistas extranjeros. Por cierto que en el TPP no se definen esas “expectativas razonables”, que por lo demás sabemos que son MUY poco razonables, por lo que, ante cualquier cambio de política, el Estado chileno estará expuesto a ser demandado. Y ya sabemos el resultado de esas demandas cuando se realizan ante tribunales títeres como el que se crea justamente al alero de este Tratado, con jueces vinculados a las empresas y sin ninguna posibilidad de apelación ante organismos internacionales independientes.
En definitiva con la posible implementación del TPP estamos perdiendo progresivamente nuestra soberanía. Estamos cediendo soberanía por secretaría y se deja al país inmovilizado y anclado a la forma en que se hacen las cosas hoy día. Esta es una camisa de fuerza para los que quieren hacer las cosas de otra manera. Eso sucederá en política económica, en salud, en medios de comunicación, en políticas medioambientales y en un largo etcétera.
¿Y por qué este gobierno que era crítico al TPP hoy está dispuesto a firmarlo? Es absolutamente claro que no hay ningún beneficio para Chile. Se lo firma única y exclusivamente porque hay sectores muy poderosos que quieren asegurar que el sistema se mantenga igual, que no cambie a futuro. Pero alguien dirá que, si no funciona o nos desfavorece, podemos retirarnos. Pues bien, como ha pensado en todo, si un país entra al TPP y después se sale, tiene fuertes castigos, por lo que desistirse es virtualmente imposible. Mientras que el costo de no entrar es casi cero. Eso es justamente lo que han decidido Colombia y Uruguay. No entrar y mirar desde afuera cómo funciona para luego tomar una decisión. En cambio en Chile este tema se lo está tratando como política chica, de pasillo. La idea es que “pase piola”.
Insólitamente, a estas alturas la única esperanza que va quedando es que los demócratas de USA no lo aprueben. La otra posibilidad es que los diputados y senadores de este país se despabilen, se pongan a estudiar en serio los nefastos efectos de este Tratado y responsablemente lo rechacen. Después de todos los escándalos en que han estado involucrados, creo que sería el mejor aporte que le pueden hacer a nuestro país.
