Para nadie es extraño, que hoy en día se asiste cada vez con mayor fuerza a la implementación de medidas de carácter punitivo que tienen como fin criminalizar una serie de problemas sociales, que se dejan a un lado o se invisibilizan, instalando un cierto discurso en la sociedad asociado a la (in)seguridad ciudadana, que se expresa en la solicitud que realizan algunos sectores de más “mano dura” con la delincuencia, o con cualquier manifestación que rompa los marcos normativos de nuestra sociedad. Un discurso que busca resguardar la “salud de la sociedad” o el funcionamiento normal del sistema social.
De esta forma, observamos la emergencia de un discurso con un fuerte contenido higienista, de pureza y control social, cuestión que nos lleva directamente al tema del (des)orden.
Quienes aparecen como objeto predilecto y causa de este desorden y, por qué no decirlo, de la contaminación o de la suciedad social, son particularmente –entre otros– los pobres, los jóvenes y acciones de corte reivindicativo que se manifiestan por la precariedad de las situaciones políticas, económicas, culturales o sociales que les tocan vivir a un sinnúmero de personas en nuestro país. Así, estos aparecen a los ojos de los ‘higienistas y buscadores de la pureza’ como transgresores del orden; incontrolables y, por consiguiente, sujetos que pueden clasificarse como ‘sucios’, ‘agentes contaminantes’ e irracionales. Estos sujetos, según los buscadores de la pureza y el orden, ya no se encuentran en los lugares en que se supone deberían estar, lo que provoca que estos tensionen y dejen al descubierto la fragilidad normativa existente, traspasando las fronteras establecidas, convirtiéndose en agentes peligrosos para el orden social. Todo esto permite la construcción de un sujeto que se puede etiquetar como “desechable”, o mejor dicho es un “sujeto residuo” a nivel social.
Un dato no menor de este proceso, es que precisamente el Estado actualmente se tiene que enfrentar en el ámbito del resguardo del orden –una de sus funciones principales– a un discurso en el cual este aparece disminuido en esa capacidad. Aparece también como incapaz de dar protección contra las inseguridades que se presentan, cuestión que permite la construcción de un discurso relacionado con la pérdida de autoridad por parte del Estado.
[cita tipo=»destaque»]Centrarse solo en políticas punitivas, es atacar los síntomas y no las causas que originan situaciones descritas anteriormente, y sobre las cuales ya hay un sinfín de diagnósticos. Es creer que la cultura del control y el populismo penal solucionarán todo. Es tomar el camino fácil para enfrentar un problema multifactorial, que muestra la falta la voluntad de implementar políticas integrales, ya que combatir la delincuencia, por ejemplo, es más que aplicar medidas punitivas que van solo en una dirección, como las actuales, cuando estas deben ser la última opción y no la primera.[/cita]
La pregunta que surge, entonces, es: ¿cuál es la forma que el Estado o, mejor dicho, cierto tipo de Estado tiene de recuperar su legitimidad, su autoridad? La respuesta más sencilla y fácil ha sido y sigue siendo instalar un discurso protector, que va de la mano de políticas represivas más duras, que lleva a la criminalización de ciertos sectores de la población, para lo cual se tienen que implementar grandes campañas contra la delincuencia, la violencia, y a la aplicación de medidas que en otro momento serían consideradas excepcionales pero que ahora pasan a constituirse como normales.
Este es el caso de Ley de Responsabilidad Juvenil, que rebajó la edad punible de los jóvenes a los 14 años (con intentos de rebajarla aún más a los 12 años) o la aplicación de la Ley Antiterrorista, o los intentos de penalizar el grafiti y otras acciones, que hoy han culminado en la aprobación de una iniciativa que permite realizar de forma discrecional el control de identidad.
Este último tema ha suscitado una serie de críticas, pues precisamente, con la actual legislación, ya se realiza más de un millón y medio de controles de identidad al año, lo cual indica que una medida como la aprobada no era necesaria, salvo, como han señalado algunos columnistas, que estemos frente a una situación de ‘populismo penal’, cuestión no extraña si estamos entrando en un tiempo preelectoral.
Las políticas de mano dura aparecen como respuesta a rogativas de ciertos sectores de la sociedad –especialmente de derecha, pero también de sectores de la Nueva Mayoría– para que el Estado actúe con más represión, cuestión paradójica, ya que son precisamente estos sectores –particularmente la derecha– los que quieren un Estado más pequeño, menos intrusivo, pero al parecer –y aquí seguimos a Wacquant– lo que se busca, con involucrar al Estado en políticas más punitivas, es el intento de ocultar, con este tipo de medidas, el deterioro social que ha traído la implementación de cierto tipo de políticas de corte neoliberal, que han dejado desamparados a vastos sectores de la población.
Centrarse solo en políticas punitivas es atacar los síntomas y no las causas que originan situaciones descritas anteriormente, y sobre las cuales ya hay un sinfín de diagnósticos. Es creer que la cultura del control y el populismo penal solucionarán todo. Es tomar el camino fácil para enfrentar un problema multifactorial, que muestra la falta la voluntad de implementar políticas integrales, ya que combatir la delincuencia, por ejemplo, es más que aplicar medidas punitivas que van solo en una dirección, como las actuales, cuando estas deben ser la última opción y no la primera.
Por lo tanto, no podemos gestionar la incertidumbre y los temores sociales solo con mayor control. Ese no es el camino.
