Días atrás se conoció públicamente la existencia de una reservada propuesta de “estatuto parlamentario” que la actual mesa directiva de la Cámara propondría a la Comisión de Régimen Interno próximamente.
Según las informaciones de prensa esta medida obedecía a la necesidad de establecer “medidas drásticas de probidad y término de beneficios” de ahora en adelante. Para ello se propondría modificar la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento interno, sumando a ello los dictámenes del Consejo de Asignaciones y de la Comisión de Ética.
Pero, dicha sea la verdad, la percepción que se tiene del impacto de este anuncio en la opinión pública es que este es bastante menor, pese al efecto buscado. Tal vez sea porque aunque se busca revestir de radicalidad un conjunto de medidas, estas no van al fondo de los asuntos que efectivamente preocupan a los ciudadanos.
Tengo la impresión, a partir de mi propia experiencia, que los ciudadanos pueden ser exigentes, críticos y hasta desconfiados -con razón- de la labor que, en general realizan los parlamentarios, pero que finalmente son ecuánimes a la hora de enjuiciar el trabajo real y el compromiso que muchos legisladores muestran en el cumplimiento concreto de sus obligaciones de legislación y representación. Porque así como los hechos de corrupción y falta de transparencia afectan a todos por igual, no es menos cierto, que la gente sabe en cada uno de sus distritos qué parlamentarios(as) son los que verdaderamente trabajan y cuáles representan sus intereses ciudadanos y quiénes simplemente se han convertido en verdaderos “buzones” de los poderes económicos de este país, que abusan a diario de los consumidores y/o afiliados a sus entidades.
Volviendo a las medidas que han trascendido acerca del “estatuto”, la verdad es que no parece demasiado drástico proponer terminar con el uso del pasaporte diplomático, frente a otras medidas que la gente espera como, por ejemplo, que se establezca la imposibilidad de acceder o continuar en el Parlamento cuando se ha sido condenado por cohecho o financiamiento irregular u otros delitos contra la probidad o la transparencia. No importando incluso si dicha condena fuese menor a la pena aflictiva.
[cita tipo=»destaque»] La percepción que se tiene del impacto de este anuncio en la opinión pública es que este es bastante menor, pese al efecto buscado. Tal vez sea porque aunque se busca revestir de radicalidad un conjunto de medidas, estas no van al fondo de los asuntos que efectivamente preocupan a los ciudadanos.[/cita]
Tampoco parece muy radical decir que de ahora en adelante se cobrarán los almuerzos o cenas de los diputados, si lo que una informada ciudadanía esperaría es que se planteara una medida verdaderamente de fondo, como que cuando un parlamentario es desaforado, imputado por cualquier tipo de delito, este deje de percibir su dieta y sus asignaciones, tal como ocurre, por ejemplo, cuando el investigado, formalizado y/o suspendido del cargo es un alcalde u otra autoridad pública.
Es claramente discriminatorio lo anteriormente expuesto y respecto a ello, el flamante estatuto de la actual mesa de la Corporación, hace literalmente “la vista gorda”.
Al respecto hay varios proyectos, incluido uno que presenté en 2005, que desde entonces duerme en la Comisión de Constitución, como tantos otros que, cuando tocan ciertos intereses, son objeto de permanentes bloqueos legislativos.
Por cierto, los mayores niveles de exigencia que les hacen los chilenos a sus legisladores pasan por criterios tan obvios, como que sean genuinos representantes de los intereses de quienes los eligen y no de intereses privados o particulares, como hemos venido conociendo progresivamente a través de diversos casos de alta connotación pública que, además, proyectan el cuestionamiento hacia un conjunto de leyes como la de pesca o el royalty minero.
Lo anterior supone además una mayor demanda a los partidos políticos, de manera que también se autoimpongan mayores niveles de autoexigencia. En esa línea, va la decisión adoptada en el XXX Congreso del PS, que establece que no podrán representar al Partido Socialista en elecciones populares o en algún cargo partidario, aquellos que estén involucrados en estas irregularidades. De todas formas, la propuesta de la actual Mesa de la Cámara podría incluir el presentar o solicitar que este tipo de criterios se conviertan en leyes que no dejen la adopción de estas medidas básicas a la voluntad de los interesados.
Otro tema que se ha sobredimensionado, pero sobre el que existe coincidencia en que se debe actuar, es el de la acumulación y uso personal de millas de viajes aéreos. El “estatuto” establecería la prohibición general de hacer uso de este mecanismo promocional. ¿Quién se beneficiaría con esa medida? ¿La probidad, la transparencia? Francamente creo que Lan Chile, porque recibiría el pago de la compra de pasajes y se “ahorraría” el uso de esos kilómetros. Una mejor alternativa es hacer como los ministerios: acumular las millas, pero para usarlas en viajes de personas o delegaciones en cometido oficial, ahorrando así recursos fiscales o, mejor aún, destinarlo a apoyar el traslado de personas enfermas o que deben viajar desde muy lejos para comparecer ante alguna instancia del Congreso.
Por cierto, se echa de menos dentro de las propuestas que se han “filtrado” a la prensa alguna o varias que den cuenta de un negativo lastre democrático que cargamos desde hace demasiado tiempo: el incestuoso deambular de algunos funcionarios estatales entre el mundo público y privado. A estas alturas es más que legítimo preguntarse ¿cuántos de esos empleados públicos terminaron en el directorio de las empresas o del sector que fiscalizaban? La lista, sin duda, es más larga de lo que nos gustaría reconocer.
La lista de temas de fondo que la sigilosa construcción de este “estatuto” no considera es larga. Modificar el reglamento interno para solo autorregularnos no convence a nadie que espere señales concretas, que sean de verdad, que toquen donde duele.
El debate no debe ser secreto, entre pocos o entre cuatro paredes. Para representar a la gente hay que hacerlo de cara a los ciudadanos que nos mandatan una tarea y nos entregan su confianza. No es necesario descubrir la pólvora porque esta ya fue descubierta hace rato, en países de distintas latitudes que entendieron que el privilegio de participar de la construcción de las leyes de un país no pasa por más o menos estatutos, sino por subir los estándares del trabajo legislativo, para que el tema deje de ser el almuerzo, la milla o el pasaporte y sea el debate por tener mejores leyes originadas en la voluntad popular y por que el trabajo en terreno recoja y represente las necesidades y los verdaderos intereses de chilenas y chilenos.
