El Mostrador publica una columna de opinión de Víctor Herrero, publicada primero en el sitio de la radio de la U. de Chile, que señala que los recientes escándalos demostrarían que el gobierno de Sebastián Piñera fue “tal vez” el más corrupto de las últimas tres décadas. Bastaría, según el autor, con repasar la lista de colaboradores del gobierno y la situación judicial en que se encuentran.
El columnista no solo incurre en expresiones injuriosas, sino que sus afirmaciones son totalmente infundadas y erróneas.
En primer lugar, los ex ministros mencionados en la columna son parte de un procedimiento judicial que no ha resultado en sentencias condenatorias, no correspondiendo que se les dé por culpables de manera anticipada. Aún más, los hechos que se les imputan son anteriores o posteriores al ejercicio de sus cargos como ministros, por lo que malamente dichas conductas pueden ser atribuidas al gobierno del Presidente Piñera.
En segundo lugar, resulta sorprendente que entre las razones que el columnista presenta para el triunfo de la centroderecha el 2010, no se haga un reconocimiento a las reiteradas conductas ilícitas que generaron la desafección de la ciudadanía con la Concertación. Los casos investigados hoy corresponden fundamentalmente a presuntas infracciones a la ley de financiamiento electoral y, solo en algunos casos, se ha imputado el delito de cohecho sin que aún conozcamos si existieron actuaciones de funcionarios públicos que favorecieran a particulares.
La desafección que sufrió la Concertación se produjo, en cambio, porque los chilenos se dieron cuenta de que había lo que Boeninger, Schaulsohn y Martner denominaron una “ideología de la corrupción”, reconociendo que las campañas políticas de la izquierda eran financiadas con fondos fiscales y que había conductas reiteradas y extendidas de clientelismo y cuoteo, que en la práctica se tradujeron en la proliferación de operadores políticos al interior del aparato público. Es decir, los mismos que hoy pertenecen a la Nueva Mayoría, desviaban recursos destinados a cubrir necesidades básicas de la ciudadanía al financiamiento de sus campañas y a sus intereses político-partidistas. Recordados son los casos MOP-Gate, Coimas, Publicam, EFE y programas de empleos “brujos”, todos utilizados para desviar fondos a fines políticos de la izquierda.
[cita tipo=»destaque»]Resulta sorprendente que entre las razones que el columnista presenta para el triunfo de la centroderecha el 2010, no se haga un reconocimiento a las reiteradas conductas ilícitas que generaron la desafección de la ciudadanía con la Concertación. Los casos investigados hoy corresponden fundamentalmente a presuntas infracciones a la ley de financiamiento electoral y, solo en algunos casos, se ha imputado el delito de cohecho sin que aún conozcamos si existieron actuaciones de funcionarios públicos que favorecieran a particulares.[/cita]
El gobierno del Presidente Piñera, en cambio, impulsó una importante agenda de probidad y transparencia, partiendo por la conducta del propio ex Mandatario. Frente a potenciales conflictos de interés y sin tener obligación legal alguna de hacerlo, abandonó voluntariamente la administración de su patrimonio un año antes de asumir el cargo, sometiéndolo a un fideicomiso ciego en que él renunciaba a tener injerencia en la determinación de sus inversiones.
En materia legislativa se dio prioridad a medidas que apuntaban a dar cumplimiento a los estándares OECD en la materia, como la Ley de Probidad en la Función Pública, le Ley de Lobby y el perfeccionamiento de la ley de Transparencia, iniciativas impulsadas activamente durante el periodo de gobierno. Es más, 205 autoridades, incluyendo al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, además de jefes de servicios superiores de la administración publicaron en los sitios web respectivos sus declaraciones de patrimonio e intereses. Esto se hizo de forma voluntaria, superando los estándares que establecen la Ley de Transparencia y la OCDE y anticipándose a la regulación que vendría.
Lo anterior se vio ratificado por la evolución que tuvo Chile en los índices internacionales de percepción de la corrupción. Mientras que en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet Chile retrocedió en la medición de 73 a 67 puntos, cayendo del lugar 21 al 25 en el ranking mundial, durante el mandato del Presidente Piñera el país recuperó posiciones avanzando desde el lugar 25 hasta el 21, producto de un aumento del índice de 67 a 71 puntos. Lamentablemente, el 2015 se percibe un incipiente retroceso en la materia, cayendo al lugar 23 y siendo superado por Uruguay en el contexto latinoamericano.
En definitiva, contrariamente a lo señalado por el columnista, el gobierno del Presidente Piñera impulsó una activa agenda para avanzar en estándares de probidad y transparencia en la administración del Estado. Los casos que hoy se conocen están relacionados con posibles irregularidades en los mecanismos de financiamiento de las campañas políticas que nada tienen que ver con la acción del gobierno. La solución para ello, más que en titulares injuriosos, está en mejorar nuestra regulación política, como se ha venido haciendo en los últimos años, e impulsar con realismo un cambio en los estándares en las conductas exigidas a nuestros líderes políticos.
