El proyecto de ley conocido como agenda Corta Antidelincuencia transformará de manera fundamental la lógica del sistema de justicia penal. Simplificando las cosas, lo que hace es subir las penas de los delitos contra la propiedad y premiar fuertemente la colaboración del imputado, esto es, la confesión y la renuncia al juicio. De este modo el proceso chileno, en estos delitos, se acercará al modelo de los EE.UU, donde por medio de este sistema de amenazas, premios y renuncias, la mayoría de los imputados son condenados rápidamente después de haber renunciado a sus derechos. De no hacerlo, deben enfrentar un juicio arriesgando penas sustantivamente superiores.
Las virtudes y defectos de un modelo semejante merecen una discusión que el país no ha realizado. Sin embargo, no pretendo detenerme en esa cuestión sino en el hecho de que este nuevo modelo de justicia penal se aplicará solo a un conjunto de delitos. No cabe duda que los delitos contra la propiedad más convencionales, especialmente los de carácter violento, son objeto de gran preocupación por parte de la ciudadanía y está justificado que se pretenda acentuar la eficacia de su persecución.
No obstante, no son los únicos delitos graves. El país también está preocupado y afectado por otras formas de criminalidad, por ejemplo, por varias de las conocidas como de cuello y corbata.
El cuestionamiento entonces es si es que es apropiado acentuar tan fuertemente la persecución de solo un tipo de delitos, en especial cuando se trata de aquellos cometidos por sectores sociales menos educados, más pobres y tradicionalmente estigmatizados.
En mi opinión, una de las bases elementales de legitimidad del sistema de justicia penal es que la definición de sus características se haga de modo abstracto. Es decir, que cuando lo diseñemos no sepamos si lo enfrentaremos como acusadores o acusados. Eso contribuye a su equilibrio y a la vigencia del principio de igualdad. La Agenda Corta rompe ese principio.
En el futuro habrá un sistema para los “delincuentes comunes” donde el juicio será prácticamente un lujo, y otro para los demás delitos, donde los imputados gozarán de plenas garantías y podrán exigir que su caso sea llevado a juicio sin pagar por ello costos adicionales. El resultado previsible será una mayor probabilidad de encarcelamiento de los imputados vinculados a sectores marginales ante conductas de equivalente gravedad.
[cita tipo=»destaque»]Una de las bases elementales de legitimidad del sistema de justicia penal es que la definición de sus características se haga de modo abstracto. Es decir, que cuando lo diseñemos no sepamos si lo enfrentaremos como acusadores o acusados. Eso contribuye a su equilibrio y a la vigencia del principio de igualdad. La Agenda Corta rompe ese principio.[/cita]
Con medidas semejantes a las que hoy se plantean en Chile, Estados Unidos también acentuó fuertemente la persecución y el encarcelamiento por delitos principalmente cometidos por los afroamericanos. El efecto de esas políticas ha sido muy negativo, en especial para la percepción de la vigencia de la justicia y la igualdad respecto de ese grupo de la población. Tan grave es el problema, que Hillary Clinton, probable próxima presidenta y cónyuge de uno de los presidentes que promovió esas políticas criminales, plantea como uno de los temas centrales de su campaña la restitución del principio de igualdad al sistema de justicia penal de su país. Su crítica es tan fuerte, que ha llegado a calificar a estas políticas como una “desgracia” y como uno de los factores responsables de las tensiones raciales que se han venido manifestando en el último tiempo en su país.
El Congreso tiene facultades de endurecer el proceso penal y reducir los derechos de los imputados, pero debe hacerlo de manera que esa mayor dureza se aplique a todos de manera igualitaria. Ley pareja no es dura.
