Hay rabia por otra muerta más en un Centro de Protección de niños, niñas y adolescentes: Lissette.
Conversemos con respeto, sin que le reporte a nadie una ventaja, ni a nuestras fundaciones una exculpación, ni a este gobierno una cortina de humo o al anterior un palco, tampoco a los antisistémicos una granada en la mano. Cuando una niña, confiada al cuidado del Estado porque su familia falló, muere por descuido… fallamos todos. No es un lugar común, sino un flujo de fracasos.
No es necesario esperar el informe del SML para «encontrar un culpable» y desentendernos. Serenamente conversemos con una agenda distinta. No una con cronómetro para ver si se revierte alguna tendencia en las encuestas, sino una conversación honesta para ver si a partir de esta tragedia recuperamos la lucidez y damos un paso hacia la coresponsabilidad en el respeto de los Derechos Humanos.
Les propongo recuperar un principio y visualizar cómo ello convoca a tres actores relevantes: la familia, el Estado y las ONGs.
Jurídicamente se habla del principio del «interés superior del niño(a)». Significa muchas cosas. Que los adultos no tenemos derecho a usar a una niña o niño para ninguna gratificación personal. Que cada vida es un fin en sí mismo, sagrado, no una mascota para no sentirse solo, ni un nicho para aumentar las ventas, ni carne de cañón para mover la droga sin caer preso.
Si alguien debe ser priorizado, son el niño y la niña. No significa transformarlo en un tirano que no sepa que derechos y responsabilidades se dicen juntos. De hecho, los hijos únicos tienen miles de hermanos y mientras no los descubren su vida es triste. Lo que significa es que cada niña o niño es una prioridad del país, que los hijos son de todos, no importa quien los haya engendrado. Y hay que pagar costos por esta prioridad.
Miremos la familia: quien tiene que cuidar a ese niño o niña merece la primera preocupación. Y no hablamos de la familia ideal sino de la que existe hoy en Chile. Esa familia, diversa y real, es prioridad: mamá sola, abuela, papá ausente que hay que ayudar a que reaparezca… Sería una enorme hipocresía inventar todas las agendas ultrarrápidas para disminuir los portonazos si los privados no mejoramos los sueldos, si no ayudamos a reparar y fortalecer las habilidades parentales, si eludimos los impuestos, si no disminuimos las distancias de traslado al trabajo construyendo ciudades menos segregadas, de manera que cada niño(a) tenga una mamá, un papá, o un adulto que pueda protegerlo y no un harapo o un fantasma.
Es razonable entonces sostener que las reformas en las que se disminuye la segregación, y en las que se propicie la inclusión, harán que los adultos del mañana se formen con la lucidez de sentir cualquier niño de nuestra tierra como un hijo propio. Entonces el Estado y las instituciones colaboradoras tienen un rol de garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero el ser garante supone a otro actor antes. Es un rol subsidiario que en nada reemplaza el potencial de cuidado de un entorno familiar. Solo intenta reparar y promover el respeto de los derechos humanos y de las responsabilidades cívicas de todos, en los casos de grave violación de derechos humanos de la infancia y adolescencia.
Se trata de situaciones humanas extremadamente complejas, donde las familias se han visto sobrepasadas por violencias estructurales e intrafamiliares a la vez… Conocemos los síntomas que hacen que los tribunales de familia encarguen al Estado el cuidado de un niño, niña o adolescente: tener doce años y convencerte de que el colegio no es para ti después que te han dicho tonto en cada clase; tener ocho años y tratar de suicidarte después de ver a tu mamá pegándote porque le dijiste que tu padrastro te viola; tener trece años y pasarte el día en una esquina gritando «no pasa na» o «vienen los pacos»; tener dieciséis y meterte en una casa a robar, con una pistola en la mano, porque alguien te dijo que no irías a la cárcel; tener dos años y llorar no porque tienes los pañales mojados sino porque tienes la cabeza llena de piojos…
[cita tipo=»destaque»]No queremos ser cementerio de pobres, ni administrarle a la ciudadanía un pasivo que el país dio por pérdida. No queremos favorecer la cultura de los «descartables», como la nombra el Papa Francisco. ¿Qué cambios de mentalidad deberemos hacer para que las hermanas de Lissette vuelvan a su casa, a su barrio, a su escuela?[/cita]
Miremos el Estado: sería enormemente irresponsable tener a un Estado mero administrador de estos síntomas; tanto como tener a una fundación bodega de pobres. Y, sin embargo, aún somos eso. Para dejar de serlo necesitamos darles urgencia a las leyes de infancia que se están tramitando actualmente en el Congreso. Hablamos del Proyecto de Ley Sistema de Garantías de Derechos de la Infancia, el Proyecto de Ley que crea la Subsecretaría de la Niñez y el Proyecto Defensor del Niño.
Si el interés de los niños(as) es prioritario, ¿no es simplemente una atrocidad el que no se pongan los recursos para que el Estado cumpla su rol? ¿Conocemos las inentendibles condiciones de hacinamiento en que viven los niños en ciertos centros? ¿Existen profesionales especialistas para reparar en parte estos traumas? Cuidar a nuestros compatriotas no ha sido prioridad, permanece resignada la incapacidad de proteger la vida, salud e integridad física, psíquica y sexual especialmente de los niños(as) vulnerados, cualquiera sea la firma que hayamos puesto en algún convenio internacional sobre Derechos de la Infancia.
Miremos las ONGs: nos referimos tanto de las fundaciones colaboradoras del Estado, a las religiosas y laicas, a las que operan la responsabilidad social de la sociedad en general. Soy parte de una de ellas. Hay un amor inmenso en quienes trabajamos ahí. También hay impotencia y a pesar de esto nuestra misión es más actual que nunca. ¿Qué cambios de mentalidad tendremos que hacer para no resignar la exclusión de estos «niños y adultos inconmensurablemente huérfanos»? ¿Cómo ayudaremos al país a empatizar con Lissette y con decenas de miles de jóvenes?
No queremos ser cementerio de pobres, ni administrarle a la ciudadanía un pasivo que el país dio por pérdida. No queremos favorecer la cultura de los «descartables», como la nombra el Papa Francisco. ¿Qué cambios de mentalidad deberemos hacer para que las hermanas de Lissette vuelvan a su casa, a su barrio, a su escuela?
Las fundaciones volveremos a mirar nuestros protocolos, lo debemos hacer en conciencia antes y después de la tragedia. Pero debemos mirar más ancho. Trabajamos para que la cultura del cuidado, la ética, la política y su espiritualidad, sean el sello del Chile moderno, más que sus carreteras.
