Es difícil dilucidar cuándo comenzó la transición ―para qué decir cuándo terminó―, pero Rafael Otano no manifiesta demasiadas dudas en su Nueva crónica de la transición (LOM, 2006).
Para Otano, el “kilómetro cero” de ese (hoy denostado) período se halla en el Hotel Tupahue, los días 27 y 28 de julio de 1984. Ahí, organizado por el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), se desarrolló el seminario “Un sistema jurídico-político constitucional para Chile”, en el que participó buena parte de la elite política e intelectual del país. Entre otros, expusieron Alejandro Silva Bascuñán, Carlos Briones, Enrique Silva Cimma, Francisco Bulnes y, por supuesto, Patricio Aylwin.
En rigor, se trataba de una iniciativa inédita. Como es sabido, en aquella época las instancias de diálogo plural no estaban ni remotamente a la orden del día.
Quizás esa era la razón por la que los protagonistas del seminario intuían que ahí ocurría algo importante, tal como escuché decir hace pocos meses a Gutenberg Martínez, uno de los organizadores de la actividad. De este modo, no sorprende que hayan sido varios quienes, al pasar los años, observaran en el encuentro del Tupahue un antecedente decisivo de lo que después, en 1985, conoceríamos como el “Acuerdo Nacional”.
Pero si ello fue así y si Otano tiene buenas razones para situar en ese preciso momento el punto de arranque de la transición es, fundamentalmente, por lo que ahí expuso Patricio Aylwin.
En efecto, esa fue la primera vez que el fallecido ex Presidente abogó en forma pública por una vuelta a la democracia no solo pactada, sino sustentada en las reglas (transitorias) de la Constitución aprobada en 1980. Los términos de Aylwin fueron tan categóricos como elocuentes: “Ni yo puedo pretender que el General Pinochet reconozca que su Constitución es ilegítima, ni él puede exigirme que yo la reconozca como legítima. La única ventaja que él tiene sobre mí, a este respecto, es que esa Constitución ―me guste o no― está rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato”.
[cita tipo=»destaque»]De hecho, como señalara en su minuto Samuel Valenzuela, la aceptación de la base legal para el tránsito a la democracia fue el “primer consenso político general” que hizo posible la posterior redemocratización. En otras palabras, fue gracias al camino impulsado por Aylwin ―plebiscito y reformas mediante― que ya en el Chile de los 90 era impreciso afirmar sin más que regía la “Constitución de Pinochet” (para qué decir hoy), pues el orden constitucional comenzó a ser fruto de los acuerdos que posibilitaron la vuelta a la democracia.[/cita]
No debe haber sido una decisión fácil para el en ese entonces futuro Presidente. Además de las obvias dificultades que su propuesta significaba de cara al diálogo con la facción más dura de la izquierda, Aylwin era miembro fundador del Grupo de Estudios Constitucionales (“Grupo de los 24”) y, por tanto, había asentado una serie de ideas en materia constitucional, muchas de ellas ―no todas― alejadas del texto que entró a regir en marzo de 1981.
En ese sentido, hoy no faltarán quienes imputen un excesivo pragmatismo, cuando no una traición, al camino impulsado por Patricio Aylwin.
Sin embargo, hay también otra manera de ver las cosas. Sucede que tanto ayer como hoy el cambio constitucional no emerge de la nada. Este siempre se encuadra en un contexto político y social más amplio, y lo propio de los políticos ―en este y otros asuntos― es encontrar salidas tan justas como operativas, es decir, capaces de hacerse cargo de los escenarios que efectivamente ofrece la realidad.
Sin duda Aylwin renunció a la pureza de los líricos, pero no es seguro que ello fuese perjudicial. Por de pronto, uno de los factores que parece haber otorgado viabilidad al retorno pacífico a la democracia fue precisamente la renuncia ex profeso a discutir las reglas del juego vigentes en la época.
De hecho, como señalara en su minuto Samuel Valenzuela, la aceptación de la base legal para el tránsito a la democracia fue el “primer consenso político general” que hizo posible la posterior redemocratización. En otras palabras, fue gracias al camino impulsado por Aylwin ―plebiscito y reformas mediante― que ya en el Chile de los 90 era impreciso afirmar sin más que regía la “Constitución de Pinochet” (para qué decir hoy), pues el orden constitucional comenzó a ser fruto de los acuerdos que posibilitaron la vuelta a la democracia.
Desde luego, hoy nada impide discutir el mérito de esos acuerdos. Al hacerlo, empero, conviene tener presente otra lección de Aylwin, que de paso muestra que lo suyo nunca fue puro pragmatismo. Y es que, tal como dijera en su recordado discurso del 12 de marzo en el Estadio Nacional, “en nuestro empeño debemos evitar también la tentación de querer rehacerlo todo, de empezar todo de nuevo, como si nada de lo existente mereciera ser conservado”.
