«Es que en 1973 el ‘establishment’ democrático, del cual formaba parte don Patricio, tenía mucho miedo y compartía el juicio del ministro Rafael Retamal, juez pro-DC de la Corte Suprema, que le dijo a Aylwin, según las memorias de éste: ‘Los extremistas nos iban a matar a todos’. Y lo afirmaba, entre otras razones, porque los extremistas, encabezados por el Intendente UP de Santiago, Jaime Faivovich, se lo había ido a anunciar a las puertas de los Tribunales con estas palabras: ‘¡Habría que masacrar a todos estos viejos momios!'».
Un rasgo de carácter notorio del ex Presidente Aylwin fue expuesto por uno de sus más próximos cuando recordó, tras su fallecimiento, que el último día de su mandato, el 10 de marzo de 1994, había indultado “entre gallos y medianoche” a los tres terroristas del FPMR que estaban presos por el quíntuple asesinato de los escoltas de Pinochet, cometido en 1986. Ya había indultado a todos los demás terroristas, autorizado a ello por una reforma constitucional de 1991 a la cual se opuso Jaime Guzmán, lo cual le costó la vida a éste, a manos de los terroristas “protegidos” de Aylwin.
La aprobación de ese último indulto de su mandato es otro rasgo típico de su política en esta materia, que puede ser descrita como de “injusticia en la medida de lo posible”. Pues junto con esos perdones amplios, más millonarias indemnizaciones, a uno de los bandos en pugna, el extremista, se había preocupado de hacer condenar al otro, los militares, privándolos de sus derechos legales (recuérdese su carta a la Corte Suprema para que la amnistía –de la que ya se habían beneficiado todos los extremistas— no pusiera término a los juicios, según ordena el código; y la formación de una sesgada Comisión inconstitucional, la Rettig, encargada por decreto de investigar delitos, siendo que la Constitución reserva esa función exclusivamente a los Tribunales de Justicia, según su art. 73).
Todo esto fue muy injusto, porque él, tal vez más que nadie (con la posible excepción de Frei Montalva), indujo a los militares a intervenir con las armas en 1973. Era quien tenía menos autoridad moral para después perseguirlos y condenarlos. Y entonces reconoció expresamente que no la tenía, según se ve más adelante. Pues en el libro “De Conspiraciones y Justicia”, de Sergio Arellano Iturriaga, queda constancia de cómo Aylwin, sabedor de que el “Comité de los Quince” (cinco generales por cada rama) se estaba reuniendo en 1973 para resolver qué se hacía ante la crisis que vivía el país, utilizó al propio autor del libro –joven militante DC entonces, e hijo del general que participaba en el Comité— para comunicarle a su padre que todo diálogo con Allende quedaba roto. Así “gatillaba” la acción militar.
Y poco después el mismo Aylwin co-participó en la redacción del Acuerdo de la Cámara que llamaba a los militares a intervenir. Eran los tiempos en que declaraba al New York “Times” que prefería una dictadura militar a una dictadura comunista, sabedor de que precisamente era ésa la disyuntiva a la cual se enfrentaba Chile.
E inmediatamente después del 11, cuando se produjo el 60% de las muertes de todo el Gobierno Militar (300 a manos de la guerrilla y 1.500 de los militares, según las comisiones formadas por el mismo Aylwin en 1990), él defendía la acción represiva con estas palabras: “Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando, mientras uno está cómodamente sentado en su escritorio. Yo no me siento con autoridad para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas y han recibido la acción”.
Es que en 1973 el “establishment” democrático, del cual formaba parte don Patricio, tenía mucho miedo y compartía el juicio del ministro Rafael Retamal, juez pro-DC de la Corte Suprema, que le dijo a Aylwin, según las memorias de éste: “Los extremistas nos iban a matar a todos”. Y lo afirmaba, entre otras razones, porque los extremistas, encabezados por el Intendente UP de Santiago, Jaime Faivovich, se lo había ido a anunciar a las puertas de los Tribunales con estas palabras: “¡Habría que masacrar a todos estos viejos momios!”.
Por consiguiente, la Gran Injusticia cometida por Aylwin en los ’90 fue perseguir a los militares y perdonar a los terroristas. Ciertamente, lo hizo “en la medida de lo posible” y con gran conveniencia política para sí, porque de esa manera “amnistió” todas sus propias actuaciones conducentes al Pronunciamiento, “compró” a y se bienquistó con la extrema izquierda y convirtió a los militares en el chivo expiatorio de las que pasaron a ser “grandes maldades nacionales”, como combatir a la guerrilla marxista que en los ’70 se armaba a ojos vista (tanto que una camioneta inscrita a nombre de la secretaria personal del Presidente Allende, Miria Conreras, cargada de armas ilegales, chocó en pleno centro de Santiago, como lo publicara en su oportunidad “El Mercurio”).
“En la medida de lo posible”, entonces, Aylwin transformó a los victimarios que preparaban el golpe extremista, en “víctimas”; a los que se aprestaban a instalar un régimen totalitario (“alternativa Z-A” del Plan Z), en “demócratas”; y a los agresores que preparaban sus armas, tantas veces denunciados por él en el propio Senado, en “agredidos”. Todo para conseguir sus votos y apoyo político en los ’90.
Y, así, “se hizo injusticia en la medida de lo posible”. Tal como se sigue haciendo hasta hoy.
