Opinión
En las democracias, la discusión de los temas de interés del Gobierno y las victorias políticas ocurren principalmente en los medios. Estos actúan como fiscalizadores del poder, pero también como validadores de las decisiones públicas. No se sube en las encuestas ni se ganan elecciones con los pelotones de tuiteros contratados que repiten consignas y hostilizan a opositores, sino en los indecisos que ven televisión y se informan por los diarios y portales electrónicos.
El día jueves 26 de mayo, en la noche, de una manera imprevista, la Presidenta hizo, antes de abordar un avión, un punto de prensa refiriéndose en duros términos a una publicación de Qué Pasa, donde se reproducía un diálogo telefónico del Sr. Juan “Gatito” Díaz, en que se refería en duros términos a la Mandataria.
A gritos repitió un par de veces que era una infamia, visiblemente molesta. En la imagen de televisión en vivo y repetida varias veces en los noticiarios, como si fuera el anuncio de un tsunami, cambio de gabinete o noticia trascendente, se ve terminar su punto de prensa con una irrupción en cámara de la Jefa de Prensa de la Presidenta, en un gesto rudo de no hay más preguntas.
Si alguien no había leído lo que dijo el tal «Gatito», corrió a su computador a enterarse, antes que desapareciera, pues la revista Qué Pasa, golpeada por la presión, había modificado la nota.
Entre los anuncios, la Presidenta hizo ver que no descartaba querellarse, sin precisar por qué y contra quién. Acto seguido, las brigadas de tuiteros y bots que suelen movilizar conceptos y buscar instalar temas desde la casa de Gobierno, centraron sus ataques en la revista Qué Pasa, acusando sus pecados anteriores e incluyendo el dato, ya innecesario, de que el nombre del semanario vino del mismísimo Jaime Guzmán.
La presidenta del Colegio de Periodistas, que cada vez más suele estar del lado distinto del de la libertad de expresión, también dedicó largos minutos a pontificar sobre la responsabilidad de los medios y defender el enojo del Gobierno contra la revista.
No es la primera vez que la dirigenta gremial ocupa su cargo para complacer al poder gubernamental. Hay que recordar que dicha funcionaria amenazó con sanciones a una periodista de este medio, por otro reportaje que causó bastantes momentos incómodos en Palacio.
Con posterioridad, las radios también interrumpieron sus transmisiones para pasar en directo al ministro del Interior, quien confidenció que la Presidenta había declarado como testigo en la investigación del caso Caval, y se había decidido hacerlo público, dada la revelación hecha por Qué Pasa, abriendo la temporada de invierno de teorías de la conspiración.
En un tercer acto de esta contienda, el diputado Schilling, que –convengamos– se caracteriza por ser informado, sagaz y no hablar más de la cuenta, confiesa que el ministro Burgos tiene pensado querellarse por la Ley de Seguridad del Estado contra la misma revista, por la publicación de las interceptaciones telefónicas del ya famoso “Gatito Díaz”.
[cita tipo= «destaque»]Es una guerra en la que el Gobierno solo puede perder. El mejor de los escenarios judiciales, una sanción para algún periodista o editor de la revista Qué Pasa, quedará en la historia como un acto de censura, y no de restablecimiento de justicia y del prestigio de la Presidenta.[/cita]
Y como disparo final, se anuncia que en efecto la Presidenta ingresó la querella, precisando que lo hizo como ciudadana particular, como si tal categoría se aplicara a la primera autoridad de la República.
Pocos eventos han generado un nivel de reacción tan masivo por parte del Gobierno, siendo que bastaba una declaración del vocero desmintiendo los hechos y haciendo ver al medio de comunicación la falta de no colocar en contexto las acusaciones, evidentemente falsas, contra la Presidenta.
La molestia de la Mandataria es comprensible. No es primera vez que surge, sin prueba alguna, el rumor maligno de que obtendría beneficios económicos de la polémica operación inmobiliaria en Machalí, o que alguno de los desalmados de esta tragedia trate de involucrar a La Moneda en este charco de aguas servidas.
La conversación telefónica publicada por la revista tiene el mismo olor a podrido. Es probable que el Sr. Gatito forme parte de la misma fauna de pícaros que pueblan el caso Caval y, al igual que otros de su calaña, intente mediante acciones comunicacionales, presionar para mejorar su situación procesal o financiera.
Pero nada de ello es pretexto para este cúmulo de acciones que van a ser leídas como guerra contra los medios. La libertad de expresión lo es no solamente para los perfiles agradables o los anuncios de gobierno, sino también, y especialmente, para las noticias y conversaciones incómodas y molestas.
Los gobiernos que no saben vivir con ello, suelen atravesar profundas dificultades y tienden a ser castigados por la opinión pública.
Episodios similares vivió el Gobierno de Piñera en los años 2011 y 2012, donde tenía una mala relación con la prensa, y desde La Moneda se creó la convicción de que, con legiones de tuiteros, incluyendo funcionarios públicos y cuentas falsas, amedrentando a la oposición y a partidarios débiles, y cuadrando a los medios más afines, se iba a ganar corazones y revertir los números en las encuestas. Solo cuando, nuevo gabinete mediante, se desechó esa quimera y se dieron cuenta de que parte de la estrategia para revertir los malos resultados pasaba por cambiar la relación con los medios, empezó a verse la luz y pasaron los malos momentos.
El Ejecutivo actual pasa por una coyuntura compleja. La última encuesta Adimark mostró el más alto nivel de rechazo desde que se aplica este instrumento y no sale nadie bien parado.
Además se viene el ciclo electoral, el que de manera natural despega a los políticos del Gobierno y, para sumar más vientos a la tormenta perfecta, la situación económica no parece mejorar en el corto plazo. El desempleo finalmente llegó y las estimaciones de crecimiento para Chile en el año 2016 serán menores al ya pesimista 2% que había pronosticado el Ministerio de Hacienda.
Hay que sumar también que el Gobierno ha congelado la agenda política. La propia Presidenta en su discurso del 21 de mayo anunció el fin de las reformas, y el esperado cambio en el Código Laboral terminó en una dolorosa derrota. No será fácil cambiar el eje de la conversación, como lo hizo el Gobierno de Piñera en el último año con su ya clásica reflexión sobre las culpas de la derecha en el golpe militar.
Esta tarea es aún más difícil si el Ejecutivo emprende una guerra civil contra los medios y vemos en los próximos días un desfile de periodistas y editores por los tribunales. Será visto como un acto de represión de un Gobierno débil y temeroso de la opinión pública y, en una de esas, la propia presidenta del gremio cambia de opinión y solidariza con sus colegas.
Otro caso parecido que el Gobierno puede ver es la derrota de la Presidenta Kirchner en su guerra contra Clarín. Bien puede informarse La Moneda al respecto, pues el vocero y a quien la ley confiere la responsabilidad final de las comunicaciones gubernamentales, ya fue antes embajador ante ese país
En las democracias, la discusión de los temas de interés del Gobierno y las victorias políticas ocurren principalmente en los medios. Estos actúan como fiscalizadores del poder, pero también como validadores de las decisiones públicas. No se sube en las encuestas ni se ganan elecciones con los pelotones de tuiteros contratados que repiten consignas y hostilizan a opositores, sino en los indecisos que ven televisión y se informan por los diarios y portales electrónicos.
Y, por cierto, es una guerra en la que el Gobierno solo puede perder. El mejor de los escenarios judiciales, una sanción para algún periodista o editor de la revista Qué Pasa, quedará en la historia como un acto de censura, y no de restablecimiento de justicia y del prestigio de la Presidenta.
