«Vincular nuestro modelo de desarrollo extractivista a la forma en que nos hemos conformado como país, con sus valores y principios, es necesario. Así podremos ver lo positivo de este proceso pero también los lastres que arrastramos como sociedad, lo cual es necesario ir dejando atrás».
Hace cerca de un año, cuando arreciaban las denuncias por soborno y cohecho contra la minera no metálica SQM, en modo molestia lancé este tuit: “Si quiere ser serio, no diga que a la luz de la corrupción política parecemos país bananero. En realidad, parecemos país minero. Infórmese”. El objetivo era uno solo: dar cuenta de que los modelos de desarrollo de un país muchas veces trascienden lo estrictamente económico y se alzan como paradigmas de sociedad. Con todas sus visiones valóricas contenidas.
Partamos con una aclaración: desde hace bastante tiempo estoy enfrascado -como muchos- en la personal tarea de erradicar el chilenocentrismo (en el contexto de una América morena y mestiza) de mi léxico particular. Por tal, leer cada cierto tiempo a representantes de la elite aludir al riesgo de convertirnos en república bananera no solo me avergüenza sino da cuenta del profundo desconocimiento que existe en Chile sobre cómo nuestra principal actividad económica, la minería, ha afectado nuestra nacional percepción de la realidad.
De antología es el caso de Pablo Longueira, hoy imputado por cohecho, decir en 2011–según consignara El Pulso- que “es propio de países bananeros que se amenace con cambios a la legislación”, refiriéndose a las propuestas de modificación regulatoria y tributaria a la minería. Mientras por el costado de su labor como ministro –y antes como senador- recibía dineros del ejecutivo de SQM Patricio Contesse.
Alguien podría decir que este ninguneo a esos países “exóticos y tropicales” del norte lo origina la propia Real Academia Española de la Lengua: “Dicho principalmente de ciertos países de Iberoamérica: tercermundistas”. O que la culpa es del libro “Repollos y reyes”, publicado en 1904 y donde el periodista William Sydney Portero -bajo el seudónimo de O. Henry- usó el concepto para referirse a determinados sistemas políticos y sociales. Aquellos basados en economías dependientes de la explotación de recursos naturales con escaso valor agregado, que eran víctimas de la corrupción política y empresarial, el no respeto a las leyes y normalmente bajo regímenes autoritarios. Y, claro está, casi siempre la que controlaba la economía era una gran empresa, normalmente trasnacional, que todo lo compraba. No solo recursos naturales: políticos, intelectuales, sacerdotes, comunidades vulnerables. La industria de la plantación de plátanos fue el caso al que recurrió O. Henry. Pero, para qué estamos con cosas, no hay que mirar tan lejos para divisar los vicios de ciertas actividades.
Porque, aunque nos enorgullecemos de no ser bananeros, ser el país con la mayor producción de cobre del mundo –cerca de un tercio global– además de beneficios (“el sueldo de Chile”) también tiene su lado b.
Lo primero que a uno se le viene a la mente es la visión cortoplacista y ligada la expectativa de alta rentabilidad en el menor tiempo y gastando lo menos, asociada a la explotación de recursos naturales no renovables de gran valor económico. Esta filosofía de producir el mayor volumen al menor costo posible y gastando lo menos, se convierte en una verdadera condena, como bien lo planteaba Claudio Fuentes en una columna a principios de este año: “Chile bajo la maldición del cobre y el extractivismo”.
Ejemplos de esto hay por montones.
Aún recuerdo lo que en alguna ocasión discutí con un ex diputado de Aysén. En plena controversia sobre las grandes hidroeléctricas en la Patagonia, el legislador me confidenció que tenía la solución para la disputa socioambiental: canjear con Bolivia gas por mar. Algo que de seguro muchos ven como una muy buena y justa idea.
Recuerdo que mi primer argumento fue no creer que una alternativa de solución para la mediterraneidad del país vecino –considerando que ello les limite en sus posibilidades de desarrollo real- deba pasar necesariamente por un trade off (“pasando y pasando” o, más bien, intercambio utilitario económico) sino de cómo apoyamos a un pueblo hermano. El segundo que, aunque pueda ser una opción viable hoy, al largo plazo tampoco es sustentable porque de todas formas los combustibles fósiles se agotan, por lo cual es mejor invertir desde ya en tecnologías de futuro como las renovables no convencionales. Y fue ahí que el honorable me respondió: “Sí, pero se terminará en 100 años más poh”.
¿Alguien ha escuchado a la industria metálica chilena o incluso al ex Presidente Ricardo Lagos, que creó una comisión sobre minería sustentable, poner en la mesa la discusión sobre los límites temporales de la explotación del cobre? ¿No es de una elite responsable pensar acerca de qué vivirá en los próximos 50, 100 o 200 años el pueblo por el cual muchas veces toman las decisiones? En Chile actuamos como que la minería fuera una actividad eterna, pecando de desidia y carencia de visión intergeneracional. Y eso trasunta a muchos otros planos de la vida nacional.
A lo anterior es preciso agregar los vicios de una actividad que genera utilidades muy por sobre otros rubros productivos. Y como pasa en cualquier territorio, el que tiene las lucas pone la música. Es decir, pone sus condiciones. Es cosa de ver las discusiones legislativas sobre agua, energía, minería, donde el bien común es el que menos se defiende.
De seguro quienes son del norte aún recuerdan el clasismo y segregación existente, primero, en las pampas calicheras y, luego, en los pueblos de extracción de cobre a destajo como Calama y Chuquicamata. Una práctica de jerarquización normalizada que fue permeando una forma de ver la vida, la sociedad.
Debemos agregar una filosofía que campea en los territorios mineros –y en muchos otros victimas del extractivismo- y que es el clientelismo: la compra de voluntades y conciencias aprovechándose a las carencias de la población. Es la política del chorreo del tipo filantrópico, que en vez de optar por la transformación institucional para propender a la equidad, donde no sean vulnerados los derechos humanos y ciudadanos de las comunidades donde se instalan estas industrias, prefiere la dádiva en dinero a cuanta fundación, corporación, candidato, escuela, universidad, dirigente social, familia o autoridad que esté disponible para tal transacción. Legitimando la cooptación.
Vincular nuestro modelo de desarrollo extractivista a la forma en que nos hemos conformado como país, con sus valores y principios, es necesario. Así podremos ver lo positivo de este proceso pero también los lastres que arrastramos como sociedad, lo cual es necesario ir dejando atrás.
Así, cuando sienta la necesidad de calificar despectivamente a ciertos países como bananeros, dese primero un tiempo para mirar lo que también somos en este territorio llamado Chile.
