«El 15 de junio de 2016, la Corte Suprema en última instancia, sin recoger los denodados esfuerzos del fiscal por encerrar a los marinos a como diera lugar, reconoció por 6 votos contra 0 la inocencia completa y total de los cinco oficiales».
A fines del año 2011, el Ministerio Público inició un proceso contra cinco oficiales de la Armada (inicialmente doce) , acusándolos del delito de “divulgación de información reservada”.
La situación era muy difícil para la Armada, a la sazón los medios de comunicación social festinaban una causa judicial que afectaba al Ejército, era el llamado caso “Leopard”, y la nueva acusación del Ministerio Público permitiría relacionar ambas causas y armar un gran caso que permitiera seguir incrementando la publicidad personal de los Fiscales involucrados y agudizar la difamación de las FFAA.
La acusación se basaba en interceptaciones telefónicas realizadas por orden del fiscal que investigaba al Ejército, que le permitieron grabar conversaciones entre el comerciante y proveedor de armamento y municiones Guillermo Ibieta y cinco oficiales de la Armada que trabajaban en diversos procesos de adquisiciones de material de guerra para su Institución. Esas interceptaciones les permitieron acceder a un gran número de correos almacenados en el computador de Ibieta entre él y los marinos, referidos a las dichas adquisiciones.
Las interceptaciones detectaron también conversaciones que se referían a solicitudes y entrega de información realizadas por los marinos y las respuestas y ofertas dadas por Guillermo Ibieta, incluyendo precios y formas de entrega y pago.
Los archivos de Ibieta, miles de correos extraídos de su computador, fueron “filtrados” por el sistema judicial a la prensa amarilla nacional que actuaba en tándem con ellos. La información “reservada”, que los marinos “habrían entregado ilegalmente” que originaba el escándalo, y muchísima otras informaciones mas, fueron expuestas al dominio público nacional e internacional con pelos y señales. Esto confirma que la reserva de la información y el interés nacional no era, de ninguna manera, de interés para los fiscales y que la de los fiscales era en si misma una infidencia de mucho mayor magnitud y perjuicio que la que investigaban.
El sentido común mas elemental señala que si un comprador desea adquirir municiones y armamentos, deberá indicar al proveedor (y solo al proveedor) que es lo que quiere. No es viable un enlace telepático entre ambas partes ni un proceso de ensayo y error en que el proveedor vaya ofreciendo, por adivinación, diversos productos sucesivamente hasta acertar en lo que el cliente quiere –si es que algunas vez acierta-.
Debe decírsele con claridad y precisión que es lo que se requiere y así lo hicieron.
Varios medios sensacionalista se lanzaron sobre la Armada y sobre esos cinco oficiales con la saña que nace de la envidia y el resentimiento que la gente mediocre siente hacia aquellos de mayor calidad humana y profesional.
No hubo insulto, suposición de intenciones, especulación malintencionada ni descalificación que no emplearan contra los marinos ni contra la Armada. Fue un festín de basura.
Luego fue bautizado, sin ninguna lógica comprensible, mas allá del afán de enlodar a la Armada de Chile, como “Caso Fragatas” y recogido por los políticos enemigos de la Armada y de todo lo que ella representa.
Por esos días Andrés Allamand se recibía de Ministro de Defensa y no perdió un minuto en utilizar la situación para realzar su “liderazgo”, “mano firme con los militares” y “limpiador de la basura”.
El comandante Fernando Niemann, el acusado de mas alto rango, fue arrinconado y puesto en una situación que no le permitió otra acción que retirarse de la Armada, ¡sin aun habérsele probado nada!.
Durante cuatro años se prolongó la agonía: acusaciones falsas, infamias, calumnias, mentiras, deformaciones, malos tratos en los interrogatorios, humillación en los traslados llevándolos esposados.
Pena y tristeza para sus esposas e hijos, vergüenza para sus padres, ruina económica para las familias al tener que pagar abogados que los defendieran, pérdida de sus profesiones y pérdida de los empleos que sustituyeron a la que les había sido arrebatada y con los cuales intentaban sobrevivir y mantener a sus familias.
Durante este proceso inicuo, la fiscalía requirió de la Armada un gran volumen de información secreta que también fue “filtrada” y publicada in extenso por un periódico sensacionalista próximo al fiscal.
La Armada pidió a la Corte Suprema una investigación de este grave delito. Huelga decir que no pasó nada, absolutamente nada. Todos quedaron impunes, ni siquiera se investigó.
El 15 de junio de 2016, la Corte Suprema en última instancia, sin recoger los denodados esfuerzos del fiscal por encerrar a los marinos a como diera lugar, reconoció por 6 votos contra 0 la inocencia completa y total de los cinco oficiales.
La Corte Suprema tras un análisis sorprendente agudo concluye que los Oficiales de Marina pueden conversar de armamento, que la materia que tratan con un proveedor no es reservada, que para comprar tienen que informar al proveedor que material es el que quieren y que por consiguiente eso no constituye ningún delito.
Cuatro años tardaron en llegar a esta conclusión que cualquier persona intelectualmente normal podría haber deducido en cinco minutos. Salvo que esté buscando encerrar a los marinos por razones desconocidas e inconfesables.
¿Una súbita epifanía la del Poder Judicial?, nada de eso, es la cruda percepción del cambio de marea.
Los mismos que adularon servilmente a los miembros del gobierno militar y que luego se arrimaron en forma perruna a los gobiernos de la Concertación, hoy perciben que sus iniquidades y prevaricaciones no quedarán impunes y que la hora del castigo se aproxima inexorablemente.
