La reforma constitucional que modifica las funciones del Servicio Electoral (Servel) es un paso indispensable para elevar los estándares de transparencia de los procesos electorales. La nueva regulación hará más fácil la fiscalización del financiamiento, gasto y límites a todos quienes aspiren a un cargo de representación popular, y esto debiera resultar en mayor transparencia y rendición de cuentas de los candidatos a la ciudadanía. Sin duda una buena noticia.
Sin embargo, las deslucidas primarias de ayer, las telenovelescas idas y venidas en la inscripción de candidatos de la Nueva Mayoría y la estrechez de los tiempos electorales de este año, van a hacer que el real estreno de un Servel autónomo y fiscalizador se dé en las municipales de octubre. Solo ahí veremos el alcance de las nuevas atribuciones del órgano fiscalizador y la efectividad de las herramientas que se le dieron para asegurar el cumplimiento de la ley.
No obstante, no puede ser el Servel la única entidad responsable de fiscalizar a los candidatos. En una democracia saludable también fiscalizan los periodistas, los académicos, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. En el clima de desconfianza y desafección actual, incrementada por escándalos de corrupción en la política, las elecciones de octubre son una inmejorable oportunidad para involucrar a la ciudadanía.
La calle está ya abierta y es un derecho conquistado que hay que mantener. Sin embargo, la efectividad de las protestas es decreciente y así lo percibe la población. La recién lanzada encuesta GPS Ciudadano, en su informe de mayo, muestra que un 52% de la población cree que los mecanismos de participación más efectivos son institucionales (votar, consultas, plebiscitos), contra un 18% que menciona las protestas y un magro 7% que piensa que los paros dan resultados.
Por lo tanto, necesitamos crear mecanismos institucionalizados de participación política, pero con carácter ciudadano. Ni la calle ni las urnas, en sí mismas, van a movilizar a la población. Se requiere complementar esos espacios con iniciativa ciudadana permanente, que tenga objetivos claros, resultados medibles, y que dé incentivos para que los políticos rindan cuentas al país.
Habiendo diseñado e implementado varios procesos de fiscalización ciudadana, tanto en Chile como en otros países latinoamericanos, he observado el círculo virtuoso que genera este tipo de iniciativas de participación, especialmente durante procesos eleccionarios: la ciudadanía se organiza para monitorear elecciones –ciudadanos están mejor informados y tienen mayor entendimiento de las normas que regulan la política–, aumenta la participación ciudadana –mayor visibilidad de las candidaturas–, mayores incentivos para candidatos para cumplir la ley y elevar los estándares de transparencia. El resultado de la ecuación es una democracia fortalecida.
Ahora bien, para que un proceso institucionalizado de participación ciudadana sea exitoso se requieren tres condiciones:
Primero, que la fiscalización sea hecha y financiada por entidades independientes. Es decir, este es un trabajo no de partidos políticos u otras partes interesadas en el proceso electoral, sino de organizaciones de la sociedad civil, think tanks, universidades y otras. Pero ¿de dónde se obtienen los recursos para que la observación ciudadana dé garantías dé imparcialidad?
[cita tipo=»destaque»]Se requiere que el Servel entienda que estas acciones ciudadanas no buscan reemplazar su rol o cuestionar la competencia o legitimidad de su actuar, sino que suma a su trabajo, ya que se sustenta en el legítimo derecho de los ciudadanos a participar de los asuntos públicos.[/cita]
Las buenas prácticas internacionales sugieren que las fuentes de financiamiento pueden incluir fondos públicos, siempre y cuando estos sean asignados a organizaciones de la sociedad civil por medio de concursos públicos transparentes. También es habitual que las propias organizaciones gestionen fondos con entidades internacionales.
Segundo, se requiere que el Servel entienda que estas acciones ciudadanas no buscan reemplazar su rol o cuestionar la competencia o legitimidad de su actuar, sino que suma a su trabajo, ya que se sustenta en el legítimo derecho de los ciudadanos a participar de los asuntos públicos.
La condición más importante, sin embargo, compete al mundo político. Para que la ciudadanía tenga espacios efectivos de participación, monitoreo y fiscalización, la clase política –más allá de la retórica– debe estar dispuesta a abrir las puertas y transparentar sus acciones. Debe estar dispuesta a que cualquiera evalúe su actuar y debe estar, además, preparada para rendir cuentas. Mientras persistan aprensiones a que el ciudadano ejerza plenamente su rol y fiscalice al poder, iniciativas de este tipo estarán condenadas al fracaso.
Nuestra sociedad, nuestra cultura política y nuestras prácticas deben alinearse con los nuevos estándares de transparencia que la ciudadanía exige, y hoy existen las condiciones para hacerlo. La crisis de legitimidad de la política, el nuevo rol del Servel, la existencia de grupos de sociedad civil organizados y las elecciones municipales que vienen son una inmejorable oportunidad para buscar caminos para profundizar nuestra democracia. Si no involucramos a la ciudadanía en el proceso de fiscalización, habremos perdido una enorme oportunidad de fortalecer nuestra democracia.
