Una pregunta reiterada es ¿qué entendemos por un Modelo Neoliberal? y ¿qué aspectos de la Constitución de 1980 la hacen «una Constitución neoliberal»?
El Liberalismo clásico, de los siglos XVII y XVIII, se opuso a la monarquía y se alzó en contra de instituciones patriarcales, teniendo como uno de sus temas centrales la distribución del poder e ingresos en el ámbito laboral.
En cambio, el Neoliberalismo nace del denominado “Consenso de Washington” en el siglo XX, presentado como un programa de austeridad para contrarrestar la deuda fiscal mediante la inserción internacional de la economía a través de desregulaciones y privatizaciones; la sumisión de nuevas áreas de la vida social como la salud o la educación a la distribución de recursos a través del mercado; especialmente en Latinoamérica, y de modo ejemplar en Chile. Ello prueba que el Neoliberalismo se presenta como la opción opuesta al socialismo y al Estado de bienestar.
La figura central del modelo Neoliberal es el consumidor como piedra basal de la autonomía personal. La igualdad de la vida económica se traslada a la igualdad como comprador de bienes corporales o de bienes incorporales, como son los derechos, incluso los denominados fundamentales. Significa sostener que un orden social de índole comercial gobernado por el mercado es el modelo de sociedad a alcanzar y, a la vez, implica negar la idea democrática de una voluntad común.
[cita tipo=»destaque»]La libre competencia en Chile, como bien lo sabemos por casos reiterados de colusión, a diferencia de la quimera de los “Chicago Boys”, no ha logrado superar la barrera del corporativismo familiar, gracias en parte a la existencia de una “clase política” a su servicio.[/cita]
El Neoliberalismo niega lo público y ese giro político, de ciudadanos a consumidores, restringe el rol del Estado a un ámbito asistencialista social, con el único objeto de compensar las inequidades producidas por el mercado. En el caso de Chile, esto fue posible mediante “acomodos” como el modelo de seguridad social de la FF.AA., la mantención de Codelco como empresa estatal, los subsidios para las empresas forestales, entre otros ejemplos. La libre competencia en Chile, como bien lo sabemos por casos reiterados de colusión, a diferencia de la quimera de los “Chicago Boys”, no ha logrado superar la barrera del corporativismo familiar, gracias en parte a la existencia de una “clase política” a su servicio.
La mayor crítica es que la lucha contra la tiranía y la arbitrariedad del liberalismo clásico, ha sido cooptada en el Neoliberalismo por quienes defienden el privilegio (Fernando Atria, 2013).
El Neoliberalismo define y regula las políticas de mercado de manera de darle primacía por sobre las políticas democráticas. Para ello, tiene como premisas básicas la eficiencia del mercado basado en la propiedad privada y el derecho contractual como mecanismo de bienestar. A la vez, niega que la política democrática y las instituciones públicas puedan disciplinar los asuntos económicos, e Impone límites implícitos a las posibilidades reales de actuar en política. Un ejemplo emblemático es el caso del mercado de las aguas en Chile, que ha significado la concentración de los recursos hídricos en grupos de mayor poder económico, un uso mayoritariamente extractivo y no sustentable, y la negación del derecho humano al agua para muchos habitantes de esta tierras, con especial referencia a los Pueblos Indígenas (Banco Mundial, 2013).
La pregunta fundamental, y a la cual nos vemos enfrentados hoy, es si se puede subordinar el modelo Neoliberal vigente y sus premisas básicas a proyectos políticos que persigan un desarrollo humano mayor y más equitativo. La respuesta es muy relevante, ya que el derecho otorga forma a nuestro ideal civilizatorio, y lógicamente la elección de un modelo económico es también la elección de un modelo de vida y convivencia con otros (Roberto Unger, 1996). El Neoliberalismo se ha traducido en definitiva en un modo de gobernanza, el actuar de nuestras autoridades públicas sirve en muchas ocasiones al modelo, por lo cual el efecto ha sido un aumento de las inequidades tanto en los ingresos como en las riquezas de la población, fenómeno que se repite incluso en la población del Norte Global (Thomas Piketty, 2014).
La voluntad ciudadana de avanzar hacia proyectos más igualitarios significa revisitar la distinción entre lo público y lo privado, interrogándonos acerca de las potestades públicas para definir o intervenir el mercado; o abandonar la lógica de costo-beneficio; o la de noción de eficiencia que conlleva una decisión redistributiva presentada de modo neutral.
Esta encrucijada nos recuerda que, al menos en el caso chileno, no existió una legitimación popular del modelo Neoliberal como proyecto político consagrado en la Constitución de 1980, y por ello repensar nuestras políticas públicas, instituciones y el propio ethos de la Carta Fundamental desde la vereda del Estado de bienestar en clave democrática, no es romper con una tradición republicana, sino por el contrario reencontrarla.
