Reforma Educacional: la tarea titánica de Bachelet

“No es posible dejar a todo el mundo contento”, así lo explicitó la Presidenta Bachelet al anunciar la ansiada reforma a la educación superior. Pero una cosa es que no todos estén felices y, otra, que todos estén furiosos, como parece estar ocurriendo frente a este proyecto.

¿No hay nada bueno en la propuesta gubernamental? Esto no resulta verosímil, por más que algunos insistirán en el trillado argumento de que el Gobierno lo está haciendo todo mal. No, no es así. Aunque todavía no se conoce en detalle, el proyecto abre la puerta para discutir en serio –y de una vez por todas– cómo cambiar un sistema educacional caótico, irracional, injusto y despiadado que se fue creando en los últimos 30 años.

Nadie duda de la necesidad de la reforma. El sistema mercantil de educación superior, y los intentos por suavizar las crueldades de la selva, llevó al endeudamiento brutal de miles de familias ilusionadas con un hijo o hija profesional, a la entrega de títulos inútiles que no sirven para trabajar en la carrera soñada, a gastar cifras siderales en publicidad para seducir a alumnos incautos, al financiamiento público de instituciones incompetentes, al cobro de aranceles exorbitantes que superan los de países desarrollados, entre otras aberraciones.

Nadie duda de la necesidad de la reforma pero, desde la defensa de sus intereses particulares, todos los involucrados chillan lo más fuerte posible para que lo suyo no se modifique.

Organizar el caos existente, con todos sus vericuetos de intereses cruzados, intenciones loables y espurias, es una tarea titánica. Es entrar en un laberinto donde las calles se entrecruzan, enredando cada vez más a quienes se atreven a buscar una salida. Bien lo saben el ex ministro Nicolás Eyzaguirre y la ministra Adriana Delpiano. Hay que reconocer el coraje de Michelle Bachelet para abordar el asunto en toda su dimensión y de manera integral, por más costos que tenga para su popularidad.

Todo está aún por discutirse. La gratuidad copó el debate de los últimos meses y sobran los interesados en mantener la discusión en este punto. No ayuda la idea de condicionar su avance a datos indescifrables de crecimiento. La gratuidad debe concretarse con una gradualidad cuerda y comprensible pero, sobre todo, a través de un nuevo modelo de financiamiento que asegure investigación y extensión en beneficio del país.

Pero, más allá de la gratuidad, la propuesta gubernamental pone el acento en asuntos fundamentales, como la acreditación obligatoria y con estándares mínimos (hoy es voluntaria y errática); un nuevo sistema de acceso que remplace a la PSU, reúna diversos instrumentos y permita una integración entre la educación técnica y la profesional (evitando que la educación técnica siga estigmatizándose como pariente pobre); una superintendencia que haga efectivo el fin del lucro y el buen uso de los recursos públicos y privados que maneja; el fortalecimiento de la educación pública y el financiamiento basal para las universidades del Estado.

[cita tipo= «destaque»]Nadie duda de la necesidad de la reforma pero, desde la defensa de sus intereses particulares, todos los involucrados chillan lo más fuerte posible para que lo suyo no se modifique.[/cita]

Esto último es quizás lo más débil del proyecto, y es probablemente esta debilidad la que permitió la unanimidad del descontento.

Lo cierto es que en estos 30 años –junto al crecimiento sin dios ni ley de las instituciones privadas–, se llevó a cabo una calculada jibarización de las universidades del Estado. Hoy representan apenas el 15 por ciento de la matrícula. Son prácticamente un apéndice dentro del sistema de Educación Superior y no, como algunos pretenden en su vociferación, el gran monstruo que oprime a las privadas.

Si se busca una reforma en serio, es indispensable lograr un acuerdo mayoritario para fortalecer e incrementar sustancialmente la relevancia y participación de las entidades públicas (sinónimo de estatales).

En vez de intentar cuadrar un círculo para calmar las voces más estridentes, Bachelet debió haber buscado apoyo contundente y sólido en las universidades que le son propias. Imaginar desde allí un sistema de Educación Superior que asegure un futuro democrático, con oportunidades para todos, sin importar la cuna en que nacemos.

El debate está por comenzar. Aún es tiempo de mostrar un liderazgo más allá de señalar el camino grueso. El futuro de la educación superior, que marcará el desarrollo del país y el tipo de sociedad que construiremos para las próximas décadas, dependerá de quienes sean capaces de conducir con eficiencia este proceso legislativo. Ojalá las declaraciones estridentes den paso a una discusión seria con miras al bien común y a disminuir la desigualdad, nuestro pecado principal.