«Una democracia sin libertad de expresión es una caricatura de democracia. Y lo preocupante de esta carta, no es la carta en sí misma, sino que es la segunda vez en el año que los ciudadanos de a pie nos enteramos de que nuestros gobernantes intentan frenar nuestro derecho a informarnos de las investigaciones criminales que se llevan a cabo en contra de personas poderosas».
Se ha publicado en la prensa nacional que el jefe y subjefe de bancada UDI Juan Antonio Coloma y Gustavo Hasbún, respectivamente, enviaron una carta a la fiscal Ximena Chong reclamando por el “uso y abuso de la publicidad del caso (del senador Jaime Orpis) para obtener una sobreexposición mediática”. Según manifestaron creer los diputados, esta exposición en los medios obedece a la intención de la fiscal de potenciar su carrera profesional o satisfacer un ego del que debiera prescindir en el ejercicio de su profesión”. Asimismo, solicitaron al Fiscal Nacional un trato justo.
Como abogado litigante he participado en varios casos mediáticos y estos reclamos en contra de la garantía constitucional de la libertad de información y el derecho a expresar libremente una opinión sin censura, parecen ser la tónica de los imputados que, luego de cometer delitos y ser investigados por ellos, pretenden impedir, restringir o perturbar esta garantía universal simplemente para evitar que la sociedad los avergüencen por lo que hicieron. Casi siempre esgrimiendo la vieja canción de la presunción de inocencia que debe ser respetada, la que en ningún caso puede ser justificación para atentar contra la democracia.
Parece gravísimo que se atente contra la libertad de expresión. Parece que los parlamentarios Coloma y Hasbún desconocen los tratados intencionales de derechos humanos y el avance de occidente luego de las dos guerras mundiales en consolidar la democracia no sólo como forma política de gobierno, sino como sistema ético y filosófico de bienestar de la humanidad. Una democracia sin libertad de expresión es una caricatura de democracia. Y lo preocupante de esta carta, no es la carta en sí misma, sino que es la segunda vez en el año que los ciudadanos de a pie nos enteramos de que nuestros gobernantes intentan frenar nuestro derecho a informarnos de las investigaciones criminales que se llevan a cabo en contra de personas poderosas.
Así es, todo esto es una lucha de poder. Una peligrosa lucha de poder.
El poder, ese bullado concepto, puede aterrizarse en términos concretos de la siguiente manera: es la capacidad que tienen determinadas personas de obligar a otros a cumplir sus órdenes o peticiones. Así, pues, si usted posee riquezas podrá contratar y despedir a su arbitrio a cuantos empleados desee de acuerdo a su capacidad y si usted es policía en virtud de su autoridad podrá obligar a que un conductor se detenga y le entregue sus documentos. Los ejemplos anteriores ilustran algunas fuentes del poder, ya sea éste remunerativo o coercitivo, en el caso de los diputados que gozan de poder político y los fiscales del Ministerio Público que detentan un poder administrativo, podemos cuestionarnos por la naturaleza del poder que ejercen y cuál de ambos es superior.
En el último tiempo, varios poderosos –económica y políticamente hablando-, han caído a consecuencia de la comisión de delitos, en las manos de los fiscales. El poder del diputado en cuanto a su función se limita, en cierta manera, a fiscalizar actos de gobierno y legislar, es decir, cambiar las reglas por las que se rige una sociedad determinada. Fuera de su función tienen poder de realizar coaliciones, ejercer influencias, afectar decisiones de los poderes fácticos, entre otras, sin embargo, este poder parece ser inofensivo ante el poder del fiscal. El fiscal posee el monopolio de la investigación criminal y entre sus armas se encuentra una muy poderosa: solicitar a otro poder (el judicial o jurisdiccional) que restrinja la libertad de las personas que han cometido delito cuando se cumplen determinados requisitos establecidos en la ley.
Me imagino que la respuesta política del Fiscal Nacional no será tan enérgica como la proveniente de las asociaciones gremiales del Ministerio Público. El primero debe el origen de su cargo a la clase política, en tanto los segundos, por la fuerza de sus currículos y de los concursos públicos ganados con estudio, trabajo y dedicación.
