Nuevamente una niña de 11 años tendrá que transitar desde el sexo forzado a la maternidad forzada, o a la adopción, que en este caso, de fondo, equivale a un aborto, pero habiendo atravesado por un embarazo indeseado.
Ella – la niña de Villarrica – no tiene opción en Chile, ni la tendría si el Proyecto de Ley por 3 Causales fuera aprobado. Está fuera de los plazos. La iniciativa original enviada al Congreso proponía la interrupción del embarazo hasta las 18 semanas cuando se trataba de la causal de violación. Sin embargo, en la discusión realizada en la Cámara de Diputados se redujo a 14 semanas, sin que ningún parlamentario o parlamentaria fundamentara esa baja.
La investigación internacional muestra que en el caso de violencia sexual, especialmente en el caso de las mujeres más pequeñas, es altamente probable que ellas no comuniquen que han sido sometidas a sexo forzado, tampoco es probable que adviertan el embarazo tempranamente, y que en el caso de hacerlo, lo comuniquen a otros u otras, lo cuenten.
También muestra que las mujeres con un embarazo avanzado que no desean ser madres – y que por no advertirlo a tiempo, por no haber tenido acceso ni a un aborto legal ni clandestino temprano – están más expuestas al riesgo de hacer un aborto. Si a esas alturas del embarazo no han resuelto continuarlo, estarán más dispuestas a terminarlo bajo condiciones de extremo riesgo.
Además se evidencia que el aborto que se realiza en el segundo semestre se produce en situaciones extremas, en que las mujeres por distintas razones no pudieron hacerlo con anterioridad. Resultan ser los embarazos y abortos más dramáticos. Esto sucede especialmente a edades tempranas y debido a la situación de pobreza y marginalidad. La edad y la clase social hacen una diferencia entre las mujeres.
Para hacer frente a la complejidad de un embarazo forzado, es necesario disponer de las condiciones para asegurar la toma de decisión por parte de las mujeres, y esas condiciones debe garantizarlas el Estado. Esta se trata de una decisión que compromete al conjunto de la vida de las mujeres, la compromete en su subjetividad.
El embarazo forzado no puede devenir sine qua non en maternidad forzada, sin permitir a las mujeres otras vías que les garanticen la posibilidad de continuidad de su proyecto de vida. Se trata en último término del reconocimiento del principio de persona que está a la base de los derechos humanos, y en especial, de los derechos reproductivos, es decir, reconocer su derecho a la auto-determinación, a su capacidad moral de decidir a favor de sí mismo/a.
[cita tipo=»destaque»]El embarazo forzado no puede devenir sine qua non en maternidad forzada, sin permitir a las mujeres otras vías que les garanticen la posibilidad de continuidad de su proyecto de vida. Se trata en último término del reconocimiento del principio de persona que está a la base de los derechos humanos, y en especial, de los derechos reproductivos, es decir, reconocer su derecho a la auto-determinación, a su capacidad moral de decidir a favor de sí mismo/a.[/cita]
Las legislaciones en diversos países del mundo contemplan el aborto en plazos más largos. Esto es razonable pues esos estados se hacen cargo de la excepcionalidad que puede asumir el embarazo no previsto, no deseado y el aborto. Así, en la situación de un embarazo fruto de violencia sexual, hay países desarrollados que contemplan plazos extendidos para las situaciones extremas: Nueva Zelanda (hasta las 20 semanas), Finlandia (hasta las 20 semanas, cuando es menor de 17 años y hasta las 24, cuando hay riesgo de vida), Islandia (hasta las 16 semanas). En países en que existe aborto por plazos, el periodo permite la interrupción de estos embarazos: Alemania (hasta las 14 semanas y hasta las 24 por peligro de vida y malformación fetal) Holanda (hasta las 24 semanas) España (hasta las 14 semanas, pero hasta las 22 por salud física o psíquica de la mujer) Bélgica (hasta las 14 semanas en caso de violación), Suecia (hasta las 18 semanas), Grecia (amplía violación hasta las 19 semanas), Rumania (amplia violación hasta 14 semanas), Reino Unido (hasta las 24 por riesgo de salud o problemas socioeconómicos).
Sus dirigentes políticos, sean de derecha, centro o izquierda, laicos o confesionales, han asumido esta complejidad. La clase política chilena, no. No ofrece una ley que permita a las mujeres una opción. No asumen que una decisión de abortar un embarazo es también una decisión respecto al conjunto de la vida. Los grupos anti-aborto y a favor de mantener su ilegalidad, ofrecen la adopción y el acompañamiento durante el embarazo (así se aseguran que no sea interrumpido) y después, que ellas gestionen sus vidas.
Ante estas situaciones, los y las políticas, las organizaciones anti-aborto, las iglesias en Chile muestran sus límites. Pepe Auth dijo en la Cámara de Diputados, al argumentar en favor de la causal de violación, que había diputados que, votando en contra, pensaban que si una hija estuviese en tal situación, le apoyarían si su decisión fuese interrumpirlo. Virtudes públicas y vicios privados. Otros dirigentes de izquierda preguntaron a su hija qué harían y eso definió su posición, y si ella hubiese sido contraria, hubiesen negado a todas las otras su derecho a decidir. No pueden decir nada sensato en esta situación, sin mostrar un doblez. Ante su insensatez, es mejor que no hablen, que permanezcan en silencio.
