«Los ruidos de sables en Chile no son comprensibles sin analizar su contexto y sin reconocer que excepcionalmente vienen a resolver problemas graves que de otro modo solo se agudizarían y que tienen su origen en la incompetencia de la clase política».
El 3 de septiembre de 1924 un grupo de 60 militares manifestó su enojo golpeando el piso con sus sables en una sesión del Congreso en que éste debía atender una serie de reformas sociales, en vez de lo cual se dedicó a votar el aumento de su “dieta” parlamentaria.
El Congreso, estimulado por este ruido, cinco días mas tarde, en una sola sesión aprobó las leyes de jornada laboral de ocho horas; supresión del trabajo infantil; reglamentación del contrato colectivo; la ley de accidentes del trabajo y seguro obrero; legalización de los sindicatos; la ley de cooperativas y la creación de los tribunales de conciliación y arbitraje laboral.
Parece evidente que esta manifestación no se ajustó a la Constitución ni a las leyes, pero es también obvio que vino a resolver abusos que la estulticia parlamentaria no mostraba interés en resolver y que amenazaba con mayores peligros.
El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 es también bastante mas que un cuartelazo de un grupo de militares ambiciosos, sino que vino a hacerse cargo de una situación que hasta un antimilitar recalcitrante como Aylwin reconoció, poco antes de su muerte, como insostenible y que nos llevaba derechamente a la guerra civil.
En breve, los ruidos de sables en Chile no son comprensibles sin analizar su contexto y sin reconocer que excepcionalmente vienen a resolver problemas graves que de otro modo solo se agudizarían y que tienen su origen en la incompetencia de la clase política.
En estos días la prensa ha levantado -con alarma- su voz para acallar la expresión de las intenciones del General Director de Carabineros ante un eventual cambio en el sistema previsional de su gente.
Se podría pensar que el diagnóstico político y económico que hacen esas voces respecto de la situación del gobierno en estos días es que nos encontramos en una crisis que va de mala a muy mala. Se podría considerar también que puede haber una intención de amedrentar al Director General y a través suyo a los Comandantes en Jefe Institucionales o que sea una paso adelante en un proceso de “domesticación / cooptación” que lleve a la sumisión militar para incorporarlos al gobierno, como sucedió en Venezuela, Argentina o Bolivia y por último, podría tratarse de un genuino temor a los militares.
Como sea, esta alarma es un síntoma de una grieta profunda en las confianzas entre la Nueva Mayoría y su prensa, con los militares y policías chilenos.
Este reacción coincide con la ofensiva levantada desde el Ministerio de Defensa, en particular por el Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, que en conjunto con Angel Flisfich, publicaron un libro financiado por el PNUD en el marco de su función como think tank para las políticas públicas del actual gobierno, referido al control sobre los militares.
Robledo, en un curso dado por la UAI en la Academia de Guerra del Ejército explica su idea para medir la “gobernabilidad de la defensa” que consiste en la medición de las variables: control, eficacia, eficiencia y conducta.
Cada variable es ponderada según consideraciones teóricas respecto de su impacto en la gobernabilidad.
En pocas palabras, Robledo y Flisfich nos dicen que la Eficacia y la Eficiencia de los procesos de gestión y cumplimiento de las tareas la defensa pesan 25% (12,5% + 12,5%) contra el control sobre ellas que pesa 75% (25%+50%).
En breve, que el gobierno de Chile tiene FFAA fundamentalmente para controlarlas.
La posición del Subsecretario deja constancia de su profunda desconfianza y sospecha hacia las FFAA y sobre todo, de graves dudas respecto a sus convicciones democráticas y de compromiso y lealtad para con las instituciones nacionales; en sentido inverso, muchas personas sienten que la falta de reconocimiento del comportamiento de su sector político durante y con posterioridad al gobierno de Allende y de su entusiasmo colaborativo con gobiernos y FFAA “revolucionarias” de Unasur, arrojan dudas sobre la solidez de sus convicciones democráticas.
Lo señalado muestra que en la sociedad chilena existe un sector político –en general de izquierda- que sospecha y teme a las FFAA y busca una sumisión que no parece útil ni posible; un sector que descree de la incondicionalidad de la vocación democrática de la izquierda y que busca asegurarse que no vuelvan a usar a las FFAA para imponer su ideología y una gran masa de ciudadanos que no está en ninguna de esas posiciones y tiene confianza tanto en la vocación democrática de la izquierda como en la lealtad de las FFAA.
Dado que esta situación es una realidad, parece necesario enfrentarla abierta y explícitamente y no continuar buscando artilugios legalistas o reglamentarios para crear una situación de relaciones forzadas y artificiales que será aventada a la primera crisis política real.
