José Piñera, Miguel Kast y la retroexcavadora total

Desde el golpe militar hasta 1978, cuando se abrieron los fuegos para el Plan Laboral, los sindicatos de todo Chile cumplían cinco años paralizados. Las críticas desde el exterior arreciaban, entre otros motivos debido a que el mismo Fernández, como titular de Interior, el 18 de octubre anunció por cadena nacional que se declaraban proscritas siete confederaciones y federaciones sindicales que agrupaban a 550 sindicatos.

El “Grupo de los Diez”, coordinadora sindical fundada en 1975, entre otros por el líder y presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, denunció ante organizaciones estadounidenses la situación que se vivía en Chile. A fines de 1978, el “Grupo de los Diez” organizó un boicot a las exportaciones chilenas, exponiendo la situación ante la sindical estadounidense anticomunista AFL-CIO. Que no se respetaban los derechos laborales más elementales; y que no existía libertad, el mascarón de proa de la dictadura para llevar a cabo el golpe militar y el lema de los Chicago Boys.

José Piñera asumía en diciembre de ese año como ministro del Trabajo. Operó para evitar una sanción (181) en medio de un clima marcado por la pérdida de la incondicionalidad de Estados Unidos luego del crimen de Orlando Letelier. Sus gestiones, sumadas a sus vínculos diplomáticos y empresariales, evitaron cualquier medida contra Chile. A cambio, se anunció el Plan Laboral.

Dentro de este trabajo descolló también la asesoría de Hernán Büchi y del abogado Roberto Guerrero del Río, entonces enrolados en Economía.

Elaborado el bosquejo, viajaron a Estados Unidos en 1979 para validar el plan ante los poderosos dirigentes sindicales estadounidenses y así disminuir la presión. “Llevaban un texto en inglés producido velozmente para facilitar las conversaciones”. Las gestiones dieron resultado y el boicot fue detenido indefinidamente.

Desde el punto de vista formal, el Plan Laboral parecía facilitar la organización sindical y aunque otorgó mejores condiciones para formar sindicatos, la mayoría de sus disposiciones “les restó capacidad negociadora a los trabajadores”.

Por ese mismo tiempo y como parte del trabajo mancomunado de los tecnócratas, se fraguaba una relación que asociaría a los civiles directamente con la CNI. “En unión con el respectivo secretario general de Gobierno y el director de la CNI, es decir, sucesivamente los generales Odlanier Mena y Humberto Gordon, forman un comité político de ministros que se reúne diariamente para sugerir al Presidente las medidas que la situación requiere. Una estrechísima coordinación impera en el gobierno”, señala el libro Los economistas del Presidente Pinochet, de Arturo Fontaine Aldunate, director de El Mercurio entre 1978 y 1982.

En concreto, el Plan Laboral eliminó o transformó en letra muerta derechos laborales históricos. Quitó al Estado de las negociaciones laborales, restringiendo la relación a trabajadores y empleadores, conformándola así como un asunto entre privados. Esto le daba mayor libertad de acción al empleador y rompía un vínculo histórico de apoyo estatal a la parte que, legalmente, se entiende como la más débil dentro de una relación contractual: los trabajadores.

Con el objetivo de despolitizar el movimiento sindical, concebido como un lastre que había llevado al país a la crisis de 1973, se reconoció a los sindicatos, pero su derecho a negociar colectivamente quedó limitado a los trabajadores de una misma empresa. Así se ponía fin a la negociación por rama de la producción. “Queda absolutamente prohibida la negociación de un empleador o más, con trabajadores de más de una empresa, sea por el procedimiento de negociación que señala esta ley o de cualquiera otra forma”.

Además, el plan excluyó de las negociaciones colectivas a las empresas del Estado, central y descentralizado, y a las municipalidades. “En segundo término, en relación a las categorías de trabajadores al interior de las empresas, excluyó de la negociación colectiva a los cargos directivos de las empresas y, también, a los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y a los contratados por obra o servicios y a los trabajadores de temporada”. También se dejó fuera a los empleados agrícolas.

Al tiempo que limitaba los derechos colectivos, el Plan Laboral otorgaba “incentivos” o libertades para manejarse de forma individual. En nombre de la libertad sindical, se eliminó la obligatoriedad de que el trabajador estuviera inscrito en un sindicato. Así, al momento de llegar a una negociación colectiva, el empleador podía negociar con cuantos sindicatos tuviera la empresa y paralelamente hacerlo con grupos negociadores de trabajadores, además de consagrar como derecho irrenunciable la posibilidad de negociar individualmente. A su vez, el empleador podía calendarizar cada negociación colectiva en distintas fechas del año, disminuyendo prácticamente a cero el efecto de las huelgas y evitando la unidad de los trabajadores.

Consecuentemente, la huelga tenía un máximo legal de duración estipulado en 59 días. Si no se llegaba a acuerdo dentro de ese período, se entendía que el funcionario renunciaba voluntariamente. Durante este proceso, el empleador tenía la potestad para cerrar la empresa, contratar rompehuelgas y descontar de sus remuneraciones los días de cese de trabajo a los paralizados. En caso de llegar a un acuerdo, el efecto en el tiempo del convenio colectivo sería de dos años. Pasado este período , cada una de las reivindicaciones y derechos obtenidos debía discutirse nuevamente.

[cita tipo= «destaque»]En 1989, Piñera y Yuraszeck lograron que Enersis tomara el control de Endesa. Según el informe mencionado, “eso fue posible con el apoyo de las AFP”, que en ese momento eran propietarias del 24,5% de las acciones de Endesa. La periodista María Olivia Mönckeberg señala en su libro «El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno”, que “es ilustrativo observar que el sistema de AFP diseñado por Hernán Büchi y José Piñera, cuando este era ministro del Trabajo del general Pinochet, le haya permitido al mismo Piñera y al grupo de funcionarios encabezados por Yuraszeck acceder al control de Endesa”.[/cita]

El Plan Laboral buscaba someter el nivel de las remuneraciones a la productividad de la empresa, pero no garantizó el derecho a acceder a la información necesaria para conocer dicha productividad.

Con la salida de José Piñera de Trabajo y la llegada de Miguel Kast como nuevo titular de la cartera, en diciembre de 1980, las disposiciones del Plan Laboral fueron llevadas a cabo en su versión más dura y dogmática. Ejemplo de ello fue que, en vísperas de la crisis económica de 1982, se eliminó la indemnización de un mes por año de servicio: “En adelante, las indemnizaciones deberían negociarse, pasando a ser variable el monto”.

El cambio total de Kast

Según cuenta el ex director de El Mercurio Arturo Fontaine, en su libro Los economistas del Presidente Pinochet, Kast pensaba que con el equipo formado sería “difícil que el país retornara al socialismo”. Tanto el ritmo de vida como las acciones que se fijó tenían sentido de urgencia: “Cree que no hay que perder oportunidades y que estas se presentan ahora, en las circunstancias actuales, que tal vez no vuelvan a repetirse. Hay que hacer las cosas al tiro”, dice a su gente. Visita a quienes tienen que tomar determinaciones, los solicita, los espera, emplea sus mejores dotes de persuasión para hacerles aceptar sus fórmulas, insiste una y otra vez, hasta que logra vencer sus resistencias”(124).

La misión era refundar el país desde sus cimientos. El mismo Lavín da cuenta detallada del rol de Odeplan y de Kast en este aspecto: “La realidad es que gran parte de las principales reformas económicas de fondo realizadas durante la actual administración, partieron siendo estudiadas y analizadas en Odeplan. Este es el caso de la reforma arancelaria, la reforma tributaria, la reducción del gasto público, la reforma previsional, los cambios en la legislación laboral y la reasignación del gasto social, entre otras grandes reformas efectuadas desde 1973 en adelante. Todos estos estudios se realizaron en Odeplan y muchas veces eran los economistas de dicha oficina los que se encargaban también de implementarlos, repartiéndose en diferentes cargos de la administración pública. En todos estos estudios le correspondió a Miguel una labor decisiva […] A los pocos meses, fue designado como secretario del Consejo Social de Ministros”, explica Lavín (125).

José Piñera y la privatización completa

Fue ministro del Trabajo de Pinochet hasta fines de 1980. Desde ese puesto puso en marcha la reforma al sistema de pensiones. Cada trabajador tendría a partir de entonces una “cuenta personal” en la que depositaría un porcentaje de su sueldo cada mes, hasta el día de su jubilación. Para obtener mayor rentabilidad de los fondos se crearon empresas privadas, llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Los datos estadísticos actuales señalan que un chileno promedio que ha cotizado según las reglas del sistema, al momento de jubilar obtiene una pensión equivalente a un tercio de su remuneración como trabajador activo. A mayo de 2015, en promedio, los jubilados varones alcanzaron pensiones de 180.124 pesos, mientras que las mujeres promediaron una pensión de 115.058 pesos (127). Ambas rentas son significativamente menores que el sueldo mínimo establecido por ley. Como extremo, las pensiones más bajas de Chile no superan los 80.000 pesos mensuales.

Esto, dentro de uno de los sistemas más desiguales del planeta, donde a 2013 el 50% de los chilenos ganaba 138.000 pesos; el 1% más rico de la sociedad, casi 15 millones; el 0,1%, 82 millones, y el 0,01%, es decir, los chilenos más ricos, casi 460 millones al mes.

Como contrapartida, las utilidades de las AFP, que tienen invertida una parte importante de sus fondos en grupos económicos, entre ellos Penta, Soquimich y Luksic, todos involucrados en casos de corrupción, en 2014 obtuvieron suculentas utilidades. Las mejores desde 2010: 339.000 millones de pesos.

Para revertir las bajas jubilaciones, los diputados de Renovación Nacional Germán Verdugo, Alejandro Santana, Diego Paulsen, Germán Becker, René Manuel García, Jorge Rathgeb y Bernardo Berger presentaron un proyecto, aprobado posteriormente por 44 parlamentarios de la Cámara Baja (incluidos pertenecientes a la Nueva Mayoría), para que el Ejecutivo patrocinara una iniciativa destinada a aumentar las pensiones de los jubilados. La fórmula consiste en que el jubilado deba hipotecar su vivienda, la misma que muchas veces ha pagado durante toda una vida laboral, frente a una institución estatal. A cambio, esta le entrega una renta mensual hasta su fallecimiento. Cuando esto sucede, si los herederos no cancelan la deuda, la propiedad pasa a manos de la institución. La iniciativa despertó gran revuelo y, finalmente, fue desechada por el Ejecutivo.

Pero José Piñera se enorgullece de su creación y que esta se haya implantado en otros países, siguiendo el pionero ejemplo chileno. Luego de cumplir su labor en el Ministerio del Trabajo, en 1980 asumió como titular de Minería. Su tarea fue crear una ley de concesiones mineras que asegurara la propiedad de particulares sobre los yacimientos y la explotación de ellos. No era una misión menor. En 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, el Congreso Pleno, de modo unánime, había modificado la Constitución con el fin de hacer posible la estatización de las empresas pertenecientes a la Gran Minería.

Fue así como nació la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras y con ella el concepto de “Concesión Plena”. A través de esta Piñera aseguró sanciones draconianas en caso de que el Estado decidiera expropiar emprendimientos mineros y/o las reservas del subsuelo nacional.

En su libro Fundamentos de la Ley Constitucional Minera, el mismo Piñera se atribuye con orgullo que su sistema de concesiones sirvió de modelo para la privatización completa del país: “La Ley Constitucional Minera consolidó una visión que contribuyó en los años siguientes a la privatización de las grandes empresas estatales, especialmente en las áreas de las telecomunicaciones y la energía, y en la década de los noventa a extender este concepto al sector de infraestructura –carreteras, puertos, aeropuertos– que tradicionalmente eran parte de las llamadas ‘obras públicas’ realizadas por el Estado”.

Posteriormente, en 1987, junto a su amigo José Yuraszeck, Piñera participó en la toma de control de Endesa, a través de Enersis, que luego derivó en el mencionado “Negocio del Siglo”, donde Yuraszeck y otros ejecutivos ganaron cerca de 400 millones de dólares en detrimento de los accionistas minoritarios. Según explica el Informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar presuntas irregularidades en las privatizaciones de empresas del Estado con anterioridad al año 1990, la privatización de Endesa terminó en 1987, mismo año en que Piñera asumió como presidente de la empresa. Desde ahí, Yuraszeck y Piñera tomaron el control de Endesa, la segunda empresa pública del país. El proceso fue uno de los más largos. La administración de Endesa opuso resistencia.

En 1989, Piñera y Yuraszeck lograron que Enersis tomara el control de Endesa. Según el informe mencionado, “eso fue posible con el apoyo de las AFP”, que en ese momento eran propietarias del 24,5% de las acciones de Endesa. La periodista María Olivia Mönckeberg señala en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, que “es ilustrativo observar que el sistema de AFP diseñado por Hernán Büchi y José Piñera, cuando este era ministro del Trabajo del general Pinochet, le haya permitido al mismo Piñera y al grupo de funcionarios encabezados por Yuraszeck acceder al control de Endesa”.

“Un informe de la Contraloría, conocido en 1991 y al que no se le dio mucha publicidad, señaló que la privatización de Endesa le costó al país 1.000 millones de dólares en pérdidas […]”, indica el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

A Piñera le gusta la notoriedad. Ha escrito más de una decena de libros que hablan acerca de su rol político, económico e incluso en defensa de los derechos humanos mientras era uno de los principales cerebros de la dictadura. Esta característica lo llevó a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 1993, donde obtuvo poco más del 6% de los votos.

Pasados los años, ya en transición a la democracia, Piñera se transformó en un ferviente impulsor del sistema de capitalización privado. En esta labor ha viajado por distintas partes del mundo, promoviendo las bondades del sistema instaurado en Chile con la venia de la dictadura.