Opinión
Las pensiones de miseria y la movilización social que ha hecho visible este drama nacional, hacen inviable una solución política que, como el 2008, no altere estructuralmente el sistema de pensiones.
Como lo han demostrado las masivas movilizaciones impulsadas por la coordinadora No+AFP, el sistema de pensiones chileno está socialmente quebrado. Hoy es un hecho que su núcleo, constituido por las AFP y la capitalización individual, no ha logrado entregar pensiones dignas para el grueso de la población, fallando de este modo en lo que supuestamente era su razón de ser. Todo esto a pesar de los esfuerzos que se hicieron por mejorar las jubilaciones en el primer Gobierno de Bachelet, a través de un pilar solidario financiado con impuestos.
La explicación detrás de esta falla radica en que, a pesar del discurso público, que enfatizaba las pensiones, las AFP fueron ideadas principalmente como una forma de dar liquidez al sistema financiero chileno. Entonces, aunque el objetivo primordial (y oculto) era generar un ahorro forzoso funcional al capitalismo chileno, la promesa era que se generarían buenas pensiones, lo que, sin embargo, solo sería cierto en un mundo de fantasía, donde todos tienen trabajos y buenos sueldos. Así, se creó un sistema individualista en el cual las pensiones reflejan las desigualdades del mercado laboral, desigualdades que fueron profundizadas por el Plan Laboral diseñado por el también creador de las AFP, José Piñera.
Las pensiones de miseria y la movilización social que ha hecho visible este drama nacional, hacen inviable una solución política que, como el 2008, no altere estructuralmente el sistema de pensiones. Es cierto que este sistema puede entregar mejores pensiones si se hacen algunos ajustes, por ejemplo, subiendo la edad de jubilar o el porcentaje de cotización. Pero estas reformas no son realistas. Primero, porque la única forma de mejorar las bajas pensiones actuales es transfiriendo recursos desde los trabajadores activos a los jubilados, lo que naturalmente conlleva un pilar de reparto. Segundo, porque no nos pueden exigir que hagamos un esfuerzo aún mayor, si este no va acompañado por el cumplimiento de nuestra demanda de terminar con el negocio de las AFP.
En este contexto, además de comprometernos a contribuir en la lucha social impulsada por la coordinadora No+AFP, a continuación discutimos un conjunto de orientaciones políticas que un nuevo sistema de pensiones debería a nuestro juicio comprender:
Primero, un principio de solidaridad y de seguridad social. El mercado laboral chileno está estructurado para funcionar generando grandes diferencias en los salarios pagados, así como una alta exposición a los ciclos de la economía. Un sistema de seguridad social que realmente se proponga enfrentar estos elementos debe incorporar un componente de reparto como base para diversificar los riesgos que enfrenta cada generación de trabajadores chilenos.
Segundo, un fuerte componente de subsidios intrageneracionales que responda a la dimensión de género. La integración de una perspectiva feminista en el sistema de pensiones podría ser determinante en una nueva forma de comprender los trabajos reproductivos en nuestro país, considerándolos como una actividad que merece ser valorizada y comprendida como un trabajo propiamente tal y no una mera cuestión accesoria; asimismo, reconsiderar las labores de cuidado en el cálculo de las pensiones, así como en el financiamiento y gestión de estas áreas, supone un avance sustantivo en desmercantilización de nuestras vidas.
Tercero, las AFP deben dejar de administrar nuestros fondos. En una columna publicada en Ciper, el académico y economista Ramón López señala que la rentabilidad de las AFP es cercana al 20% del monto total de pensiones que entregan anualmente. Por ende, si las administradoras de los fondos de pensiones fueran organizaciones sin fines de lucro, las pensiones podrían crecer en promedio un 20%.
[cita tipo= «destaque»]La inversión de este fondo no solo tiene que estar guiada por la rentabilidad privada, además debe considerar el nivel de los salarios que pagan las empresas y las distintas desigualdades salariales que se producen al interior de estas. De este modo, la inversión con nuestros ahorros no incentivaría a las empresas a tratar de pagar los salarios más bajos posibles para aumentar su rentabilidad, como sucede en la actualidad, y ayudaría, por ejemplo, a eliminar la diferencia salarial entre mujeres y hombres. A su vez, la inversión debería favorecer a las empresas que tienen bajos niveles de contaminación y políticas de sustentabilidad.[/cita]
Cuarto, tanto por la estabilidad de las pensiones como por el rol potencial del ahorro en el desarrollo económico y democrático del país, una parte relevante de las cotizaciones debería contribuir a un fondo de reserva colectivo. Es decir, aunque creemos necesario abandonar el paradigma de capitalización individual, pensamos que es importante mantener una fracción de las cotizaciones en un fondo de ahorro nacional.
Con todo, la inversión de este fondo no solo tiene que estar guiada por la rentabilidad privada, además debe considerar el nivel de los salarios que pagan las empresas y las distintas desigualdades salariales que se producen al interior de estas. De este modo, la inversión con nuestros ahorros no incentivaría a las empresas a tratar de pagar los salarios más bajos posibles para aumentar su rentabilidad, como sucede en la actualidad, y ayudaría, por ejemplo, a eliminar la diferencia salarial entre mujeres y hombres. A su vez, la inversión debería favorecer a las empresas que tienen bajos niveles de contaminación y políticas de sustentabilidad. Por último, la inversión nunca debería financiar a empresas que se coludan o no respeten los derechos colectivos y laborales de los trabajadores. En síntesis, este nuevo paradigma de ahorro colectivo puede promover un mayor control democrático y social de las dinámicas del capital en nuestra sociedad.
Un nuevo sistema de pensiones requiere un debate amplio y democrático. Al respecto, estamos convencidos de que un cambio estructural puede lograr mejorar sustantivamente el promedio de las pensiones, disminuir su desigualdad, y aumentar el poder democrático que como trabajadores tenemos sobre el devenir de la sociedad, devolviéndonos el control sobre lo que nos pertenece: el valor de nuestro trabajo. Para que todo esto suceda, debemos lograr que en el debate y en las propuestas se expresen los intereses de la mayoría, tarea muy difícil en la democracia chilena. En eso estamos, junto con otras fuerzas emergentes, como movimiento autonomista.
