Reconstruir la educación pública y convertirla otra vez en una educación de calidad, factor de integración social y razón de orgullo para todos los chilenos, resulta vital para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y democrática.
Por esta razón, Revolución Democrática valora y apoya los importantes avances que implica el proyecto de ley por una Nueva Educación Pública (NEP) actualmente en discusión en el Senado.
El actual sistema municipalizado –diseñado en Dictadura– es incapaz de garantizar calidad y equidad, y deja a la educación pública del país sometida a las desigualdades territoriales, de recursos y capacidades, propias de los distintos municipios del país. Sin perjuicio del esfuerzo que puedan realizar algunos alcaldes, la educación pública del país no puede funcionar como un sistema completamente desintegrado, ni quedar al arbitrio de los ciclos electorales y las prioridades variables propias de las dinámicas comunales.
Para que una educación de calidad se constituya efectivamente en un derecho garantizado por el Estado, para todos los niños y niñas del país, es necesario contar con una institucionalidad robusta, que defina un horizonte de trabajo compartido, y que sea capaz de entregar recursos, promover capacidades y poner a disposición el apoyo técnico y metodológico del más alto nivel, a todos los establecimientos del país, de acuerdo con sus necesidades variables. El proyecto de Nueva Educación Pública (NEP) es un paso fundamental en este sentido.
[cita tipo= «destaque»]Se enfrentan aquí dos visiones distintas de sociedad, por un lado aquellos que creemos que como sociedad somos capaces de organizarnos para construir y garantizar un sistema educacional más justo y equitativo, que provea educación de calidad para todos, y aquellos que quieren mantener el sistema fragmentado y privatizado con que contamos en la actualidad, donde la educación que reciben los niños depende de los recursos, capacidades y oportunidades del barrio en el que les tocó nacer, el poder adquisitivo de los padres u otros factores de segregación social.[/cita]
Para el funcionamiento eficaz de este sistema, resulta imprescindible contar con una instancia rectora, que articule efectivamente el trabajo de los servicios locales, desarrolle una visión nacional a través de mecanismos participativos, y desarrolle los apoyos y herramientas más idóneos, para que cada escuela pública del país ofrezca una educación de calidad, y pertinente a las necesidades de cada territorio. Por esta razón, el rol de la Dirección de Educación Pública resulta crucial para lograr un sistema de educación pública que cumpla los objetivos que todo el país espera de éste.
La Dirección de Educación Pública no afecta la autonomía de los 68 Servicios Locales, ni la pertinencia de la educación que provean, sino por el contrario, la fortalece, pues se orientará a garantizar las condiciones básicas para que cada establecimiento del país pueda entregar efectivamente una educación de calidad, de acuerdo a su propio proyecto educativo y en sintonía con su realidad local.
Nos parece particularmente grave que algunos sectores de la Nueva Mayoría se opongan a esta medida, acudiendo a los viejos eslóganes del estatismo y la centralización. Se enfrentan aquí dos visiones distintas de sociedad, por un lado aquellos que creemos que como sociedad somos capaces de organizarnos para construir y garantizar un sistema educacional más justo y equitativo, que provea educación de calidad para todos, y aquellos que quieren mantener el sistema fragmentado y privatizado con que contamos en la actualidad, donde la educación que reciben los niños depende de los recursos, capacidades y oportunidades del barrio en el que les tocó nacer, el poder adquisitivo de los padres u otros factores de segregación social.
Creemos que para avanzar hacia una verdadera educación pública es necesario optar con decisión por el camino de la responsabilidad pública, por ofrecer una educación de calidad para todos y no perpetuar la reproducción de una elite política y económica reducida y excluyente.
Para lograr este propósito, es necesario también proveer un sistema de financiamiento nuevo, que asegure las condiciones para una educación de calidad de todos los establecimientos y evite cualquier tipo de segregación. Por esta razón, una grave carencia del proyecto de Nueva Educación Pública es la mantención del financiamiento a la demanda o voucher.
Este sistema, que propicia que algunas escuelas cuenten con más financiamiento que otras, profundiza la inequidad, fomenta la segregación y afecta gravemente la calidad de la educación que reciben algunos niños. Para un verdadero sistema de educación pública es necesario reemplazar este sistema por uno que contemple financiamiento basal a los establecimientos, que considere sus necesidades particulares y las del alumnado que atiende.
Así, también, otro aspecto relevante que el proyecto no aborda es qué ocurrirá con el marco institucional para la educación inicial y cómo se articulará la transición entre estos niveles.
Con estas modificaciones sustantivas pendientes, nos parece que el proyecto de ley de Nueva Educación Pública constituye un paso relevante en la recuperación de un sistema educativo que esté a la altura de las expectativas de todos los chilenos, y nos parece fundamental que todas las fuerzas progresistas lo impulsemos con convicción.
