El último Mapa de Conflictos Socioambientales elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registra más de 100 conflictos socioambientales activos a lo largo de todo Chile. La cifra es preocupante, ya que va en aumento respecto del último informe del año 2012, donde se contaba con 97 conflictos estudiados.
La sociedad chilena recién reconoce la existencia de conflictos ambientales y, por lo tanto, solo ha dado pasos incipientes, donde los actores involucrados buscan hacerse cargo de ellos solamente si quieren, es decir, son acciones voluntarias. La respuesta a esto es la democracia ambiental.
¿Qué es la democracia ambiental? Es un sistema en el cual la ciudadanía tiene la posibilidad real de ejercer tres derechos, llamados “Derechos de Acceso”: acceso a la información, participación y justicia en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales.
Nada de esto es nuevo. Ya en 1992, en la Primera Cumbre de la Tierra celebrada en Brasil, Chile se comprometió a la implementación de los Derechos de Acceso junto a otros 171 gobiernos. Desde entonces el país ha avanzado en consagrar jurídicamente estos derechos y en impulsar mejores prácticas en la materia, pero, sin duda, su efectiva implementación es aún un desafío.
[cita tipo= «destaque»]En Chile las decisiones que se toman en materia ambiental no han cumplido con el objetivo fundamental que debe tener la participación: que las personas que se verán afectadas sean parte integral del proceso de decisión.[/cita]
¿Pero por qué el acceso a la información, la participación y la justicia son derechos importantes para la gobernabilidad ambiental? Veamos, por ejemplo, el derecho a la participación. En general, la participación se entiende como las acciones individuales o colectivas que buscan incidir en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos que les interesan a las personas. Lo mismo ocurre en materia ambiental; son los afectados por proyectos o políticas medioambientales quienes deben tener un rol relevante en la toma de decisiones. Solo así se garantiza la legitimidad de esas decisiones. La participación, entonces, requiere que las personas tengan una cuota de poder en las decisiones que les afectan, y es eso precisamente lo que hace que las élites miren con recelo los procesos participativos.
En parte por ello es que en Chile las decisiones que se toman en materia ambiental no han cumplido con el objetivo fundamental que debe tener la participación: que las personas que se verán afectadas sean parte integral del proceso de decisión. Es interesante notar que sí se han abierto espacios de participación en la toma de decisiones, pero muy a menudo se excluye de esos procesos a quienes serán directa o indirectamente afectados por las políticas o medidas que se tomen. Gracias a esto, hoy existe un cuestionamiento por parte de diversos sectores a cómo se toman estas decisiones.
La buena noticia es que 22 países de América Latina, entre ellos Chile, bajo la secretaría técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), están impulsando un convenio sobre el llamado “Principio 10” (derechos de información, participación y justicia en los asuntos ambientales), que busca establecer un mejor estándar en relación con la influencia que tienen las comunidades sobre las evaluaciones medioambientales de los proyectos que se desarrollan en sus localidades. Es decir, se busca que sus intereses y necesidades sean incorporados en forma temprana, en la etapa del diseño de los proyectos.
La próxima ronda de negociaciones se llevará a cabo del 22 al 25 de noviembre en la sede de la CEPAL en Santiago, donde el Gobierno de Chile debe continuar ejerciendo un liderazgo sustantivo para avanzar hacia un convenio robusto y vinculante.
