La migración hacia Chile se ha incrementado fuertemente en los últimos 5 años, además de diversificarse y volverse cada vez más visible. Sin embargo, erraríamos al reconocer este hecho como absoluto y único dentro de las fronteras nacionales, sin enmarcarlo en un proceso global de movilidad, en el cual las personas, los objetos y la información han adquirido una dinámica nunca antes vista, precisamente por la conjunción de estos tres elementos en una era global marcada por una fuerte interdependencia entre países.
¿Qué resulta de ello? Una forma de moverse por el mundo cuyas causas no refieren únicamente a factores de tipo racional del ámbito económico financiero. Las personas se mueven libremente, según su conveniencia o no, según su interés o no, según su deseo de vivir nuevas tradiciones, nuevos hábitos, nuevos climas, nuevas formas de socialización (…) o no.
No es preciso asumir causalidades a priori referidas al movimiento a través de una frontera, así como no se pueden generalizar los factores que incitan el movimiento de una persona de un país a otro, sea bajo la forma de inmigración, emigración, retorno o reemigración. Si bien es cierto que los factores que resultan de una elección racional en el contexto de la migración se posicionan como relevantes a la hora de incitar tanto la salida como la entrada a un determinado país, la diversificación de causales y la heterogeneidad de las mismas se pueden circunscribir a un plano subjetivo, pero no necesariamente a los tradicionales y asumidos. El probar suerte, el vivir en otro país, el irme de mi país, o el conocer nuevas culturas, se erigen como declaraciones que buscan escapar de las preconcepciones clásicas acerca del movimiento de personas centrado en la necesidad, en la vulnerabilidad y en la búsqueda de un bienestar no conseguido en el país de origen.
De ninguna manera quisiera llevar la situación a un plano relativo. Sobre todo tratándose de un hecho social que es preciso conocer, analizar y gestionar; atendiendo a sus efectos y al riesgo de vulnerabilidad de aquellas personas migrantes que, bajo la lógica del conformismo, conciben que su propio bienestar radica en el hecho que su situación en el país de destino es mejor que su anterior situación en el país de origen. Esto, eventualmente, podría invisibilizar profundas desigualdades, explotaciones y precariedades.
La imagen de un trabajador haitiano a las 5 de la mañana en Lo Valledor cargando 40 sacos de papa representa un récord para el empleador, una necesidad para el trabajador, un orgullo para quienes argumentan que los haitianos son buenos trabajadores, y un desafío para sus compañeros de trabajo. Sin embargo, para quienes nos importa la humanidad por sobre cualquier tipo de nacionalismo metodológico (que concibe a la nacionalidad como factor de homogeneidad de los estados nación), tal situación debiera representar una preocupación, un fuerte impulso por pretender cambiar las condiciones de vida de quienes, si bien es cierto, la han mejorado, están lejos de un tipo de bienestar objetivo, de este que no se resuelve pagando horas extras o mediante el acceso a derechos vía contrato de trabajo; aspectos que, por lo demás, son necesarios como piso, pero no como techo.
Actualmente, mucho se habla del enfoque de derechos, a veces sin ser conscientes de las implicancias de actuar bajo él. Aun se escucha una retórica convocando a trabajar en el marco de este enfoque, a poner los derechos por sobre cualquier traba institucional, administrativa o de normativa interna. Se reconoce que es el gran paraguas de las políticas sociales y un horizonte hacia el cual propender. Todo esto es bueno y promisorio, sin embargo, actualmente, la vigencia del enfoque de derechos –al menos a nivel de retórica- no debería estar centrado necesariamente en su promoción, sino que más bien en su aplicación y en todos aquellos aspectos que ella concita, incluso aquellos más conflictivos.
La supremacía del Derecho Internacional y de las convenciones ratificadas por Chile, sobre todo referentes a la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, implica hechos concretos, que buscan dotar de universalidad a derechos y servicios provistos por el Estado, otrora condicionados a cierto estatus migratorio y negados a aquellas personas irregulares o indocumentadas. Ahora bien, tal situación remite potencialmente a un conflicto por parte de quienes son los encargados de proveer dichos derechos o servicios, y también por quienes aluden cierta rivalidad de determinado bien público (referida al supuesto que en la medida que una persona acceda a un bien público, otra persona queda con el acceso restringido). Ante esto, las acciones orientadas a la sensibilización de la sociedad de acogida no debiese estar radicada únicamente en reconocer el aporte a la diversidad cultural, o, desde un punto de vista más utilitario, el aporte a la economía y productividad del país. Es necesario ser conscientes que las personas tienen derecho a educación, salud y dignidad, sean éstos migrantes, nacionales, regulares, irregulares, indocumentados o clandestinos. Si asumimos que la responsabilidad de las causas de algunos de estos estatus es compartida, entonces los efectos que ello conlleva también debiesen asumirse de la misma forma.
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El condicionar el acceso a un derecho a ciertas trabas de tipo administrativo y/o institucional podría, eventualmente, generar segregación en algo tan básico como puede serlo una atención médica de urgencia o la posibilidad de recibir educación. Tal hecho remite a la necesidad de regular la migración por parte de los estados, en un sentido, si se quiere, biopolítico, al enfrentar el antiguo poder soberano del “hacer morir y dejar vivir” con el propósito de la regulación moderna referida al “hacer vivir y dejar morir”. Concretamente, en este punto, si no se brinda atención de urgencia a una persona que la requiere, pero que no tiene su situación migratoria regularizada, pues entonces el estado, ante el hecho de hacer morir, remitiría su accionar a una lógica pre moderna determinada por la voluntad de un soberano.
Como conclusión, el desafío como estado y sociedad radica en el reconocimiento de la persona migrante no en su condición de migrante, sino que en su condición de persona, hecho que busca superar identidades susceptibles de vulneración y exclusión. No se trata de ser únicamente pro migrante o anti racista, sino que más bien, el verdadero aporte está en el hecho de concebir a las personas que deciden migrar no como una excepción, sino que más bien como la continuidad de un proceso histórico de movimiento, que comienza a parecer anómalo recién a partir de la división del mundo por medio de fronteras.
