Interesante dato a la hora de preguntarse cuál será la línea programática del candidato de la derecha en materia de medios, periodismo y libre expresión. Más aún tomando en cuenta que Chile es uno de los países de América Latina con mayor índice de concentración de la propiedad mediática, con contenidos hegemónicos, carencia de medios públicos y espectro radioeléctrico privatizado.
Históricamente a Chile se le ha definido como una isla al sur de América Latina. Una isla surcada por dos grandes porciones de mar, una en el océano Pacífico, otra en el interminable oleaje de la cordillera de Los Andes.
Como parafraseando esa presunción poética, parece ser que el modelo socio cultural producido en la historia reciente de nuestro país -especialmente desde el fin de la dictadura cívico militar y durante estos 26 años de transición democrática- ha tendido también al aislamiento de los contenidos simbólicos, informativos y culturales.
Hemos sido un país bastante centrado en sí mismo, que versa sobre sí mismo, que lee sobre sí mismo y que poco conoce más allá de sí mismo.
Haciendo un recuento reciente, podríamos afirmar con casi total certeza que poco saben los chilenos del proceso de negociación de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC o el ELN, de la situación de la guerra civil Siria, la crisis de los refugiados en Europa o del estado de los derechos humanos de los presos de la cárcel estadounidense de Guantánamo.
Pero si eso ya resulta complejo para quienes creemos que la idea de la “aldea global”, acuñada en los 60’ por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan, tiene su valor fundamental en la posibilidad de intercambio de experiencias entre los más diversos pueblos, resulta todavía peor el que hoy ni siquiera nuestros propios relatos isleños puedan ser desmenuzados públicamente.
Lejos de pensar en contenidos contra hegemónicos como la lucha autonómica del pueblo mapuche, o la contracultura de okupas u otras tribus urbanas, lo cierto es que hoy ni siquiera aquellos contenidos “rentables” para los mass media son analizados en profundidad por los grandes medios de comunicación nacional, profundamente concentrados en lo económico y hegemonizados en lo ideológico.
Vamos a lo concreto. En las últimas semanas hemos sido obligados, todos los ciudadanos chilenos que consumimos noticias, a hacernos partícipes de la carrera presidencial ya desatada. ¿Los contendores?, dos ex presidentes, uno de derecha y otro del socialismo renovado, y desde hace poco un periodista y senador independiente.
Las abundantes coberturas periodísticas sobre la materia, indagan en las redes de apoyo de los presidenciables, en sus posibilidades electorales según las encuestas y/o en sus vínculos con los partidos de su sector; pero poco o nada inquieren en sus propuestas programáticas o en las luces y sombras de su gestión política.
Vamos a deternos en el empresario y ex presidente de la derecha para volver al punto original, la producción de contenidos informativos y culturales.
Si quisiéramos profundizar un poco más sobre la gestión de Sebastián Piñera en materia de medios de comunicación, habría que comenzar señalando que fue su gobierno el que tomó la única decisión política en este ámbito, desde la salida de Pinochet: el cierre del diario La Nación, existente desde 1917 y único con propiedad pública.
Para la privatización del periódico, anunciada en campaña y materializada en su mandato, Piñera arguyó razones económicas y no políticas. Sin embargo, el pasado 3 de octubre, conocimos el fallo de la Corte Suprema que declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que solicitaba revocar la medida que obligaba al Fisco pagar $5.600 millones de indemnización a los accionistas minoritarios del diario La Nación, luego de su venta en 2012.
En la oportunidad, se resolvió que el Estado debía cancelar a la Sociedad Inversiones Colliguay (dueña del 29,52% de la propiedad) la diferencia de la venta final de los activos del periódico, que en 2012 corresponden a 13 mil millones de pesos, pero que luego de una revalorización del juez arbitral Patricio González ascendieron a 32 mil.
La nueva valorización reveló que el precio del diario La Nación, correspondía a más del doble del valor pactado en primera instancia, lo que viene a cuestionar la supuesta baja “rentabilidad” del periódico, argumento utilizado por el Sebastián Piñera para hacer efectiva la liquidación del diario estatal.
Interesante dato a la hora de preguntarse cuál será la línea programática del candidato de la derecha en materia de medios, periodismo y libre expresión. Más aún tomando en cuenta que Chile es uno de los países de América Latina con mayor índice de concentración de la propiedad mediática, con contenidos hegemónicos, carencia de medios públicos y espectro radioeléctrico privatizado.
Desgraciadamente el problema no se detiene y la concentración empeora. La semana pasada trascendió que el Grupo Dial, propiedad de Copesa, estaría en conversaciones avanzadas con el grupo Bethia para vender dos de sus radios más importantes (Zero y Carolina), adquisición que vendría a engrosar la propiedad radial del consorcio del empresario Carlos Heller que, a la vez, es dueño del canal Mega.
Sumado a ello, la reciente compra, por más de seis millones de dólares, de radio Universo por parte del conglomerado Edwards, que además de concentrar el 70% de los impresos a nivel nacional ya posee 40 radios en regiones.
Contenidos isleños inclusive, estos debieran ser los temas programáticos interesantes de revisar en plena carrera pre-presidencial criolla.
Más allá de las cuentas faranduleras que arrojan las encuestas, a lo menos pudiéramos aspirar a más profundidad en los contenidos mediales de esta isla.
