El pasado 5 de octubre el Senado aprobó el proyecto de ley de reforma constitucional, con el objeto de promover una descentralización efectiva, proponiendo el reemplazo del Intendente por un Gobernador Regional elegido directamente, y del actual Gobernador por un Delegado Presidencial en cada provincia.
La estrategia de descentralización territorial es un pilar fundamental para la superación de las desigualdades territoriales y las capacidades de innovación y competitividad de cada país.
Según la OCDE, “Chile carece de un marco institucional capaz de coordinar de forma regular las distintas políticas, instrumentos y actores implicados en el desarrollo económico”. Es evidente la carencia de liderazgo y política de descentralización. Chile necesita urgentemente una reforma que permita una verdadera descentralización.
El principal problema de lo que se votó en el Congreso sobre la elección de intendentes es que no considera en detalle las atribuciones y recursos con los que contará esta nueva figura, ya que la Ley Orgánica Constitucional que establece las condiciones bajo las cuales son elegidos los gobernadores regionales, recién comienza el camino a su discusión.
No sabemos hasta ahora cuáles serán las atribuciones de los futuros Gobernadores Regionales, solo existe un proyecto en segundo trámite que sufrirá muchas modificaciones hasta su aprobación y es muy probable que los avances que se han logrado en materia descentralizadora al elegir a los Core, pudiesen ver un conflictuado retroceso producto de la implementación de un nuevo diseño de los gobiernos regionales, lo cual, de por sí, requiere de un periodo de maduración, que puede tardar un buen tiempo.
[cita tipo= «destaque»]La promesa de elegir intendentes es una gran prueba para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en las autoridades y en los políticos en general. Aprovechar esta ventana de oportunidad para hacer las cosas bien sería la ocasión para revertir, en cierto modo, el divorcio entre la política y los ciudadanos.[/cita]
La elección de las autoridades regionales es un positivo avance en materia de descentralización, cuestión que tiene gran aceptación por parte de la ciudadanía. El 81% aprueba y el 9% desaprueba la elección de intendentes de acuerdo a la información obtenida a partir de la IV Encuesta Nacional «Auditoria de la Democracia» (2016) del PNUD.
Hay que tener presente que la elección directa de autoridades no asegura per se un mayor grado de descentralización. No existe una relación directa entre elección democrática de autoridades y mayor grado de descentralización. La principal variable interviniente está en el hecho de las atribuciones y potestades que tienen dichas autoridades, así como los recursos de que disponen para poder llevar a cabo sus decisiones. No sacamos nada con elegir un mayor número de autoridades, si en verdad el poder sigue estando concentrado en esferas nacionales.
Repensar las instituciones que debiesen existir, desde las mismas realidades regionales, es el enfoque que debió darse a esta iniciativa desde un principio. Una reforma comprensiva teniendo como eje principal el modelo de descentralización y desarrollo que se busca implementar en el país.
El caso del Perú resulta interesante a la hora de revisar el proceso de descentralización que estamos llevando en el Congreso.
El año 2002 Perú, promulgó de forma seguida (en cuatro meses) la Ley de bases de la Descentralización (que creaba las figuras) y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (que les daba sus atribuciones), esta última aprobada el día antes de la elección de dichas autoridades, dándose una situación muy similar a la que podría ocurrir en Chile de aplicarse una legislación no integrada que genere vacíos más que soluciones.
A 14 años de dicha legislación ha habido dispares opiniones sobre su efectividad, ya que la ausencia de conocimiento en las atribuciones al realizarse la primera campaña generó, a juicio de sus detractores, mecanismos políticos caudillistas de índole local que luego obstruyeron eficazmente la creación de 5 macrorregiones por referéndum mediante una agresiva campaña.
El gobierno peruano confió en optimizar la distribución de recursos mediante la creación de estas macrorregiones, intentando de esta forma subsanar algo que ya había dejado inconcluso en la legislación anterior, y los nuevos gobernadores regionales prefirieron no perder su estatus político frente a una figura que les fuera superior, a tener una distribución de recursos más cercana.
El caso peruano es una muestra de las tendencias caudillistas y de institucionalidad improvisada que caracterizan a Latinoamérica, en Chile tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República, al improvisar en el diseño de una institucionalidad tan sensible como la de su división administrativa, corre el riesgo de generar problemáticas atingentes a la región que históricamente le han sido ajenas.
Por último, dada la cercanía con las elecciones de 2017 (fecha en que, de acuerdo a la votación en el Senado, elegiremos directamente Gobernadores Regionales), sería razonable, serio y prudente, dada la poca prolijidad de la autoridad en las reformas constitucionales, considerar postergar la entrada en vigencia de la elección de Intendentes hasta las próximas elecciones presidenciales del año 2021. Sin perjuicio de lo anterior, no se debe desaprovechar la actual oportunidad en que se ha generado un clima y disposición a debatir respecto a esta temática. El capricho del Ejecutivo de acelerar esa decisión, con intereses electoralistas, podría traer consigo negativas consecuencias, y una nueva decepción ante la necesidad del mundo político de legitimarse frente a la ciudadanía.
La promesa de elegir intendentes es una gran prueba para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en las autoridades y en los políticos en general. Aprovechar esta ventana de oportunidad para hacer las cosas bien sería la ocasión para revertir, en cierto modo, el divorcio entre la política y los ciudadanos.
