Opinión
En Chile, políticos y economistas de la Concertación vieron con entusiasmo la política “progresista” de los demócratas y optaron más por la continuidad que por la reforma del “modelo” neoliberal impuesto por la dictadura. Esta definición estratégica fue reafirmada por el Presidente Lagos, que tuvo una cercana vinculación con los grandes empresarios, especialmente a través del CEP, y desarrolló –con un empuje similar al de Blair– “la asociación público-privada”, que abrió enormes campos de negocios para el sector privado, sin dotar al Estado de recursos para dirigir, controlar y evaluar la actividad de este.
Los terremotos políticos no son imprevistos y no vienen de fuerzas externas; hay indicadores que los anticipan, pero los dirigentes desconocen los problemas e ignoran los estudios que dan cuenta de fracturas existentes en la sociedad.
Desde hace años se sabía, a través de múltiples encuestas y estudios académicos, el descontento que tenía la mayoría de los norteamericanos hacia el sistema político y económico. También había malestar en Gran Bretaña, que se tradujo en el respaldo electoral alcanzado por un movimiento de extrema derecha.
La elección de Donald Trump como presidente de EE.UU. ha provocado un terremoto mundial. Hay que preguntarse por las razones de su triunfo, sin emplear etiquetas –“el populismo”, “el nacionalismo” y la demogogia–.
Un efecto no buscado por Trump fue mostrar que hay “perdedores” de la globalización, que se han rebelado contra ella, apoyándolo. Algunas semanas atrás lo hicieron en Gran Bretaña, provocando otro terremoto político: la salida de la Unión Europea, el Brexit. Se teme que esta ola “nacionalista”, “populista” se imponga en las elecciones en Austria y en las de Alemania el 2017.
¿Está Chile libre de recibir esta ola mundial, con una rebelión de los “perdedores” de la globalización?
Recordemos el contexto histórico que vincula el triunfo de Trump y el Brexit: la “revolución conservadora” de los gobiernos del presidente Ronald Reagan (1981-1989) en EE.UU. y de la Primera Ministra Margaret Thatcher (“la dama de hierro”) en Gran Bretaña (1979-1990). Ambos gobiernos impulsaron políticas neoliberales, que transformaron las bases del sistema económico, con desregulaciones, privatización, reducción de los impuestos a los más ricos, el debilitamiento de los sindicatos y la práctica de libre comercio y ventajas a las grandes empresas, que favoreció un impacto de la globalización que perjudicó a sus trabajadores y empleados de cuello blanco.
La “dama de hierro” fue crítica de la Unión Europea, acusando a Bruselas de estar dominado por burócratas incompetentes. El Brexit es un resultado de esa política.
La señora Thatcher había criticado la unificación alemana, prefiriendo que siguiera la dictadura en Alemania Oriental. Afortunadamente, nadie siguió su postura y ahora, una Alemania unida, le permitirá jugar un importante papel en la estabilidad de Europa y del mundo cuando la llegada de Trump a la Casa Blanca abre un escenario mundial de grandes incertidumbres.
Esta revolución conservadora no fue corregida por los gobiernos “progresistas” de los presidentes demócratas Bill Clinton (1993-2001) y del Primer Ministro laborista Tony Blair (1997-2007), que hicieron cambios menores. Fue hasta profundizada por Blair, que impulsó la «asociación público-privada», apareciendo más amigo de los empresarios que de los conservadores, como han recordado King y Crewe (2013). Clinton y Blair impulsaron la “Tercera Vía”, compartida por la socialdemocracia alemana con el canciller federal Gerhard Schröder (1998-2005).
La contradicción entre un discurso a favor de las minorías y las políticas de apoyo a los grandes bancos en la crisis del 2008 por el presidente Obama (2009-) quitaría credibilidad a Hillary Clinton durante la campaña presidencial, acentuada por la cercanía con los grandes bancos que han tenido Bill Clinton y ella. Tiene razón Thomas Frank al responsabilizar a los demócratas por la llegada de Trump a la Casa Blanca.
En Chile, políticos y economistas de la Concertación vieron con entusiasmo la política “progresista” de los demócratas y optaron más por la continuidad que por la reforma del “modelo” neoliberal impuesto por la dictadura. Esta definición estratégica fue reafirmada por el Presidente Lagos, que tuvo una cercana vinculación con los grandes empresarios, especialmente a través del CEP, y desarrolló –con un empuje similar al del Blair– “la asociación público-privada”, que abrió enormes campos de negocios para el sector privado, sin dotar al Estado de recursos para dirigir, controlar y evaluar la actividad de este.
El 2009, la Mandataria Michelle Bachelet fue la anfitriona en Viña del Mar de la cumbre “progresista”, con la participación de destacadas personalidades de Europa y América Latina, que incluyó al vicepresidente de los EE.UU. Joe Biden, y el sucesor de Blair, Gordon Brown.
En Chile también hay múltiples indicadores de la existencia de un amplio descontento de la mayoría de la población hacia el sistema económico y político. Las masivas manifestaciones del 2011 contra la educación superior y el 2016 contra las AFP dan cuenta de ello. Sin embargo, el gobierno, los dirigentes de partidos, de izquierda a la derecha, los gremios empresariales y los think tanks que les asesoran ignoran estas dificultades. Después de la muerte del Presidente Aylwin, algunos de sus ex ministros nos recordaron las estupendas cifras macroeconómicas, callando las debilidades institucionales que tiene el sistema económico y desconociendo los costos políticos al imponer una estrategia de legitimación democrática en torno al desempeño económico, subordinando la política a ella.
El crecimiento económico, la joya de la democratización, es evaluado críticamente por la opinión pública. Una pequeña minoría, 10%, reconoce haberse beneficiado de este, un 13% dice que ha beneficiado a todos los chilenos, 19% opina que los pobres se han beneficiado, contradiciendo la realidad objetiva, pues la pobreza ha sido reducida en forma drástica al 13,9% el 2009 . Y casi la totalidad de la población, 85%, señala que el crecimiento ha favorecido exclusivamente a los ricos (Barómetro CERC-MORI, octubre 2016). Este clima subjetivo estuvo presente incluso en los años de alto crecimiento, en los años 90, y no es un resultado que se pueda atribuir a las políticas del actual Gobierno.
El segundo silencio de los nostálgicos de los años 90 y de las autoridades y dirigentes de partidos actuales es sobre las desigualdades económicas, medidas con datos objetivos y subjetivos. Utilizando la metodología desarrollada por los economistas Emmanuel Saez y Thomas Piketty, que usa las declaraciones de impuestos y no las encuestas de ingreso, Eduardo Engel (2013) mostró que las desigualdades de ingreso en Chile eran superiores a las que existen en los otros países de América Latina y son muy altas entre los de la OCDE.
El 1% más rico concentra un 28,7% del ingreso (en Uruguay es 14,1; en Argentina, 16,75%; y en España, 8,25%), muy superior a los demás países de la base de datos de Piketty y Sáez, en los cuales ningún país llega al 21%. Si se considera un grupo más reducido de personas, el 0,1%, los que Robert A. Dahl llamó “los notables económicos”, la concentración del ingreso alcanza al 13,7%, más alta que la que existe en EE.UU., 10,5%. Aún más, si se examina el ingreso que posee un porcentaje menor de la población, el 0,01% (unas 1.700 personas), ellas concentran el 6,2% del ingreso, bastante superior al que tiene ese mismo porcentaje de individuos en los EE.UU., que alcanza al 4,08%.
[cita tipo= «destaque»]La crisis de representación también está definida por el debilitamiento de los partidos como organización, con la caída de sus militantes, activistas y dirigentes, y en sus capacidades para participar en el Gobierno. Y ese debilitamiento se agrava con los casos de financiamiento ilegal y antiético que obtuvieron de grandes empresarios, en un contexto en que no se les dio financiamiento público, que llevó a las relaciones secretas entre ministros, altos funcionarios y parlamentarios con grandes empresarios, incluso al yerno de Pinochet.[/cita]
Los datos subjetivos sobre la concentración de la riqueza que ha reunido el CERC desde hace años confirman esta realidad objetiva. El reciente Barómetro de la Política CERC-MORI de octubre 2016 mostró que la inmensa mayoría, 87%, está de acuerdo con la afirmación “los ricos son cada vez más ricos”; 80% rechaza la afirmación “Chile está ganando la batalla de las desigualdades”, y un 83% está en desacuerdo con la frase “están disminuyendo las diferencias entre ricos y pobres”. Los resultados de estas tres preguntas son similares a las anteriores mediciones, hechas el 2008 y el 2012.
La percepción de las desigualdades se expresa en opciones más amplias de nuestra sociedad, como las preferencias por la libertad y la igualdad. Si en 1989, la mayoría de los chilenos prefería la libertad sobre la igualdad, 57% y 39%, y estaban empatados en 1990, 48% y 47%, respectivamente, en 1996 subió al 51% el porcentaje de los que prefirieron la igualdad y cayó el apoyo a la libertad al 38%. En la próxima ocasión en que se aplicó la pregunta, el 2001, la mayoría de los chilenos prefirió la igualdad, 58%, y una minoría, 37%, la libertad. La tendencia a favor de la igualdad se reafirmó, empinándose al 77% en la encuesta de 2010 y al 74% en el 2016, en el Barómetro de la Política CERC-MORI.
La encuesta Bicentenario, iniciada en 2006 por iniciativa de la Pontificia Universidad Católica y con la participación de Adimark, no pudo esquivar medir este problema, que lo hizo en la medición del 2014, cuando la demanda por disminuir las desigualdades cobró mayor visibilidad con la llegada de Michelle Bachelet a La Moneda, con un programa que consideraba esta cuestión.
En esa oportunidad, la alternativa “lo mejor para el país es que haya un crecimiento alto sostenido” fue respaldada por apenas un 20% de la población y la alternativa opuesta, “lo mejor para el país es que haya igualdad social y una distribución de los ingresos más equitativa”, fue apoyada por el 55% de los encuestados. En la encuesta del 2015 los resultados fueron similares y en la del 2017, fueron 56% y 16%, una diferencia de 40 puntos entre ambas opciones.
El apoyo a la democracia en Chile es mediocre, 54% en el Latinobarómetro 2016, una caída de once puntos respecto de 2015 y bastante inferior al se que tiene en Venezuela (77%), Argentina (71%), Uruguay (68%) y Bolivia (64%). La imagen de la democracia es crítica porque esta encuesta mostró que una amplísima mayoría, 87%, considera que el Gobierno sirve a “unos cuantos grandes intereses”, el tercero más alto entre los 18 países que considera el estudio, superado solo por Paraguay y Brasil. Estos resultados son similares a los que entregan encuestas en los EE.UU. que se han difundido en el último tiempo.
El problema más visible de nuestra democracia es la crisis de representación, con la persistente caída de la participación, que no comienza el 2016, sino que viene desde los años 90, cuando los jóvenes no se inscribían en los registros electorales. Desde entonces, nada hicieron los gobiernos para impedir este debilitamiento de la participación, como habría sido introduciendo la inscripción automática, que existía para el servicio militar obligatorio. Por el contrario, se introdujo el voto voluntario, que acentuó la caída de la participación, como había ocurrido en los demás países que eliminaron el voto obligatorio.
La caída de la participación significa tener gobiernos de minoría, aunque constitucionalmente sean mayoritarios, porque existe la segunda vuelta. La Presidenta Bachelet obtuvo en primera vuelta el 22,6% del padrón electoral (PEV), pues, si bien se impuso con el 46,7% de los sufragios válidamente emitidos, votó apenas el 49,3% del padrón electoral. Patricio Aylwin, abanderado de la Concertación, fue elegido por el doble porcentaje del PEV, el 46,7% y obtuvo el 55,17% de los votos válidos. No sorprende que la Presidenta Bachelet tenga una popularidad en torno al 20% de la población y el próximo Gobierno sea de minoría.
En las recientes elecciones municipales votó apenas el 34,9%, con resultados peores en los nuevos votantes, menos del 10% votó y con marcados sesgos de clase en la participación, pues sufragó el 21% en una comuna popular, La Pintana, y 45% en Vitacura, una de las tres comunas más adineradas. No se puede ignorar este resultado y los sesgos de clase, haciendo manipulación estadística, como se realiza en el Instituto Libertad y Desarrollo. Ni tampoco se puede mirar la paja en el ojo ajeno y cerrar los ojos antes los graves problemas que tenemos en casa.
¿Hasta cuándo se deberá esperar que caiga la participación para actuar? ¿Y si los que no participan son movilizados por un candidato “populista”, “nacionalista” o “demagógico” y provocan un terremoto político, quien es responsable de ello?
La crisis de representación también está definida por el debilitamiento de los partidos como organización, con la caída de sus militantes, activistas y dirigentes. y en sus capacidades para participar en el Gobierno. Y ese debilitamiento se agrava con los casos de financiamiento ilegal y antiético que obtuvieron de grandes empresarios, en un contexto en que no se les dio financiamiento público, que llevó a las relaciones secretas entre ministros, altos funcionarios y parlamentarios con grandes empresarios, incluso al yerno de Pinochet.
En esa relación no hubo un control riguroso de la libre competencia y se toleraron prácticas monopólicas y de colusión, en que estuvo hasta la poderosa CMPC durante largos diez años, que pontificaba sobre la economía de mercado y criticaba a los partidos a través del CEP, del cual es el principal financista. La democracia es semisoberana no solo porque los presidentes son elegidos por una minoría de la población, sino también por el poder político que ejercen los grandes empresarios.
¿Se congelará la política durante los próximos meses, sin considerar esta realidad internacional y nacional? Parece que sí. Algunos llaman a volver a la política de 1990 y hasta con las mismas caras. El ex presidente Piñera espera marzo del 2017 para anunciar su postulación presidencial, criticando el día a día del actual Gobierno y sin ofrecer un programa; el ex Presidente Lagos inicia su campaña presidencial lanzando un libro con el sugestivo título En vez del pesimismo, como si los problemas de Chile fueran de opinión pública y no estructurales, y llama a pensar en el 2040, sin decir nada sobre los problemas políticos de hoy.
La Presidenta Bachelet afirma que la democracia está con problemas en todas partes, por lo cual desconoce los que existen en Chile. El problema es que conocemos las consecuencias de los problemas que aquejan a las democracias avanzadas: el Brexit, Trump y el auge de los partidos y movimientos nacionalistas en Europa. ¿Es ese el destino que no espera a los chilenos? ¿No hay nada que hacer frente a ellos?
Chile no está libre de terremotos políticos y se deben tomar medidas para impedir que ocurra. Y ello comienza por enfrentar la crisis de representación, buscando aumentar la participación. Ello supone restablecer el voto obligatorio. No hay alternativas efectivas. Además, el discurso por la igualdad debe tener mayor continuidad y coherencia en políticas.
Si nada se hace o se hace pirotecnia comunicacional, seguirá cayendo la participación y el próximo Presidente será minoritario, aunque sea elegido en segunda vuelta por mayoría. En ese caso, no tendrá poder político para tomar decisiones que enfrenten los problemas institucionales que nos aquejen y la crisis de representación se agravará. O habrá un Trump chilean way, que movilizará a los perdedores de la globalización, y seremos entonces los ingleses de América del sur, con ayuda de los compañeros de ruta de los ganadores de la globalización.
