La crisis terminal del SENAME revela el grado de grave incumplimiento por parte del Estado de Chile de aquello a lo que se comprometió solemnemente hace ya 26 años, cuando ratificó la Convención de Derechos del Niño: respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolecentes de Chile. El atraso en esta materia lo es aun comparando con el resto de América Latina, siendo Chile el único país que no posee una ley de garantías generales de la niñez, manteniendo una legislación de 1966 que carece de criterios de DDHH, la actual Ley de Menores. La diferencia fundamental entre la exigencia que la Convención hace y la legislación actual es que la primera obliga al Estado a crear una normativa y una institucionalidad que proteja a todos los niños chilenos, estableciendo un sistema universal, y no solo a aquellos que puedan estar en situaciones de particular vulnerabilidad.
Sin embargo, esta crisis -que no es sino un estado permanente- es reflejo de un fenómeno más amplio cual es la forma en que el Estado chileno, y la sociedad a la que este representa, asumen sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La realidad de hoy es la falta de mecanismos internos e instituciones que aseguren que aquello a lo que se comprometió sea convertido en política y acción gubernamental concreta. Como revela el reciente Informe Anual sobre Derechos Humanos 2016 de la Universidad Diego Portales, el déficit en la implementación de estándares de derechos humanos es una constante en la forma en que el Estado actúa. El Informe entrega varios ejemplos de ello, como la situación en materia de vivienda digna, con la realidad de los campamentos que aumentan en número de familias (de 27.000 familias el 2011 a 38.000 el 2016); y los graves déficits en la regulación de las obligaciones de las empresas de respetar derechos humanos de las personas, como sucede en las áreas medio ambientales o de prestación de servicios básicos que tiene que ver con derechos económicos y sociales (educación y salud).
[cita tipo= «destaque»]Hoy en día es un desafío central en materia de derechos humanos el determinar cómo se avanza en la construcción de un Estado en el cual la forma habitual de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas se haga desde un enfoque de derechos humanos. La reciente creación, aun no implementada, de la Subsecretaría de DDHH, que tendrá como función coordinar esa acción, es por ello determinante y debe ser celebrada.[/cita]
Por ello, hoy en día es un desafío central en materia de derechos humanos el determinar cómo se avanza en la construcción de un Estado en el cual la forma habitual de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas se haga desde un enfoque de derechos humanos. La reciente creación, aun no implementada, de la Subsecretaría de DDHH, que tendrá como función coordinar esa acción, es por ello determinante y debe ser celebrada. Era necesario un órgano interno dentro del gobierno que se preocupara de cómo éste concretiza sus obligaciones. Esa labor no reemplaza ni compite, sino que son perfectamente complementarias, con la que desarrolla el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues a este, como órgano autónomo, le corresponde vigilar cómo el Estado realiza esa labor, pero no es el encargado de llevarla a cabo. Ese es el debe de todo el Estado.
Es también un aspecto central en este camino de avanzar hacia un Estado que otorgue efectividad a sus compromisos, la creación e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que contempla la misma ley que crea la Subsecretaría. Este será un nuevo instrumento de política pública, discutido por un nuevo Consejo Interministerial de DDHH y aprobado por el Presidente de la República, lo que asegura, en principio, el máximo apoyo político. El Plan exige y permitirá una coordinación entre las diversas políticas públicas que tienen que ver con derechos humanos.
Todo este desarrollo legislativo es necesario, pero aun está por verse como se implementará. Esencial para ello, y es un aspecto pendiente en la misma normativa, es cómo la sociedad civil participará en la creación, implementación y monitoreo del Plan Nacional. La ley no lo determina, aunque le deja la responsabilidad de hacerlo a la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos.
Enfrentados a las graves y urgentes situaciones de violaciones de derechos, como las descritas previamente, y muchas otras, los aspectos orgánicos, institucionales y de políticas públicas pueden parece como preocupaciones abstractas o algo remotas. Pero la experiencia muestra que para que el lento y complejo aparato del Estado pueda avanzar en cumplir efectivamente todas sus obligaciones en materia de derechos humanos respecto todos los habitantes, es imprescindible preocuparse de cómo éste se organiza y de crear, implementar, financiar y monitorear instituciones eficaces y capaces de hacerlo. Esta es la tarea a la que nos enfrentamos.
