La violencia constituye una dramática manifestación de la discriminación hacia las mujeres y el femicidio su expresión más extrema, por lo que se requiere urgentemente avanzar en el reconocimiento de que este es un problema social y cultural, público y no privado.
Durante los últimos meses la región se ha visto estremecida por el alto número de femicidios. Observamos con preocupación y dolor los asesinatos ocurridos en Argentina y la muerte de Lucía Pérez, la reciente sentencia a Lucas Azcona acusado del asesinato de la estudiante chilena Nicole Sessarego, condenado por el delito de homicidio doblemente agravado con alevosía y femicidio impropio, tratándose de la primera condena por odio de género en el país trasandino.
La realidad en Chile no es disímil a lo que ocurre en América Latina. Aún tenemos en nuestra retina la muerte de la niña Florencia Aguirre que fue quemada por su padrastro, Johana Soto embarazada y asesinada por su pareja o el de Claudia Nuñez cuyo cuerpo fue encontrado en un contenedor de basura. Sus muertes vienen a engrosar los 50 femicidios que se registran a la fecha, según cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y los 110 femicidios frustrados. Los asesinatos de niñas, adolescentes y mujeres por razones de género y la impunidad en muchos de ellos, ha impulsado un grito de justicia bajo la consigna #NiUnaMenos. El 19 de octubre pasado, alrededor de 200 mil personas salieron a las calles.
Una muestra de esta evidencia surge de los resultados de la encuesta de Corporación Humanas 2016, la cual devela que un 80% de las chilenas considera que la violencia hacia las mujeres ha aumentado. El 72% cree que la violencia es un problema que afecta a todas las mujeres. Mientras que un 79% piensa que la violencia no es un problema privado. Asimismo, un 88% cree que el Estado debe tomar medidas efectivas para evitar el asesinato de mujeres por su condición de género. Y un 90% cree que la violencia es un problema más grave de lo que parece.
Las cifras hablan por sí solas y alientan, por parte de organizaciones de mujeres y feministas, la demanda de una alerta de género. Reiteramos lo que hemos dicho insistentemente: en Chile la vida de las mujeres vale menos que los delitos contra la propiedad privada.
Pese a todos los antecedentes y al impacto que generan los femicidios, aún sigue pendiente la promulgación de una ley integral de violencia contra las mujeres. Recientemente, senadoras/es de distintos sectores políticos han llamado al Ejecutivo a dar urgencia a la iniciativa que modifica la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, en lo relativo a las medidas de protección a las víctimas.
La violencia contra las mujeres tiene distintas expresiones. La encuesta de Corporación Humanas muestra que el acoso sexual es una forma de violencia contra las mujeres. Un 88% señala que la mayoría de las mujeres es acosada sexualmente alguna vez en su vida y un 70% advierte que las mujeres son acosadas en la calle.
Es evidente que en los últimos tiempos ha aumentado la conciencia social sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres, la cual comprende toda “acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, como lo señala la Convención Belém Do Pará.
La violencia constituye una dramática manifestación de la discriminación hacia las mujeres y el femicidio su expresión más extrema, por lo que se requiere urgentemente avanzar en el reconocimiento de que este es un problema social y cultural, público y no privado.
Finalmente, uno de los propósitos de los Objetivos Sostenibles de Naciones Unidas es alcanzar hacia el año 2030 un mundo basado en la igualdad de género y libre de violencia. Para lograrlo es imperativo que los estados adopten medidas destinadas a la prevención, reparación y acceso a la justicia de las víctimas, para lo cual se requiere de una legislación comprehensivas de violencia contra las mujeres. Desde Corporación Humanas hacemos un llamado a que en Chile se legisle por una vida libre de violencia para las mujeres y al Estado a actuar con diligencia para garantizar su cumplimiento.
