El Ministerio de Desarrollo Social y el MINEDUC dieron a conocer recientemente los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN 2015) en el ámbito de la educación. Los datos muestran los avances que ha experimentado Chile y, a la vez, dan cuenta de algunos de los grandes desafíos que enfrentamos en materia de desigualdad. Estos últimos corroboran la pertinencia de las políticas públicas que está impulsando el gobierno, especialmente la Reforma Educacional, uno de los principales compromisos programáticos que asumió la Presidenta Michelle Bachelet con la ciudadanía.
Como tendencia, uno de los logros más significativos que ha experimentado el país es el aumento en dos años del promedio de escolaridad de la población. En efecto, si en 1990 los chilenos y chilenas de 15 años o más tenían un promedio de escolaridad de 9 años, en 2015 éste alcanza los 11 años. Además, este indicador muestra aumentos significativos tanto en hombres como en mujeres, así como en todos los grupos etarios.
Por otro lado, entre 1990 y 2015 el analfabetismo bajó de 5,2% de la población a 3,1%. En específico, resulta especialmente relevante el descenso del analfabetismo en zonas rurales, que pasó de 14,2% a 7,8%.
También es posible apreciar aumentos estadísticamente significativos de varios indicadores entre 2013 y 2015. Así por ejemplo, en este periodo la población de 25 años o más con educación superior completa pasó de 18,5% a 19,8%. La escolaridad promedio de los jóvenes entre 19 a 29 años subió de 12,9 años en 2013 a 13,1 en 2015. La tasa de asistencia neta de los adolescentes entre 14 y 17 años subió de 73,3% a 73,6% (las tasas brutas superan el 98% porque incluyen a los alumnos con rezago). Asimismo, la tasa de asistencia neta en educación parvularia de niños y niñas entre 4 y 5 años pasó de 87,4% a 90,1% (cabe señalar que en 1990 dicha tasa era de 38,4%).
[cita tipo=»destaque»]Una de las constataciones de mayor trascendencia que surge de la CASEN 2015 es la alta correlación que existe entre nivel de escolaridad y acceso a empleo e ingresos. Ello le otorga un carácter fundamental a la Reforma Educacional en todas sus dimensiones y niveles de enseñanza, pues democratizar el acceso a una educación de calidad constituye una palanca fundamental para cerrar las enormes brechas existentes y construir una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.[/cita]
Ahora bien, una de las constataciones de mayor trascendencia que surge de la CASEN 2015 es la alta correlación que existe entre nivel de escolaridad y acceso a empleo e ingresos. Ello le otorga un carácter fundamental a la Reforma Educacional en todas sus dimensiones y niveles de enseñanza, pues democratizar el acceso a una educación de calidad constituye una palanca fundamental para cerrar las enormes brechas existentes y construir una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.
Basta aquilatar las consecuencias sociales de las cifras que referiremos a continuación, para ver cuán imperioso es revertir los mecanismos de reproducción de la desigualdad, que es uno de los objetivos estratégicos de todas las reformas estructurales impulsadas por nuestro gobierno. Una persona de 19 años o más, con 8 años de escolaridad, percibe un ingreso promedio mensual de su trabajo equivalente a $ 266.159, mientras que quienes han completado 12 años de escolaridad acceden a un ingreso promedio de $347.084.
Dichos montos contrastan fuertemente con los de una persona que ha completado 17 años de estudios (equivalente a una carrera universitaria completa), cuyo ingreso del trabajo mensual llega en promedio a $975.872; y también con aquellos que han realizado estudios de postgrado, que reciben un ingreso mensual promedio de $1.479.461.
En otro ámbito clave –el empleo–, en el trimestre que se levantaron los datos de la encuesta, el 85,4% de los hombres y el 73,1% de las mujeres que habían completado la educación superior se encontraban ocupados. En cambio, entre quienes sólo habían completado la enseñanza básica, la ocupación llegaba a 67,7% en el caso de los hombres y 33,1% en el caso de las mujeres (el desafío de la inequidad de género es también muy relevante y daría pie para otra columna).
A la luz de lo anterior y desde una perspectiva de justicia, resulta crucial considerar seriamente las brechas de acceso a la educación superior que refleja la CASEN 2015. En el decil más rico –según ingreso autónomo per cápita del hogar–, la tasa de asistencia neta a educación superior de los jóvenes de 18 a 24 años es de 61,1%. En el quintil más pobre, en cambio, dicha tasa alcanza sólo el 28,4%. Además, cabe destacar que entre las causas de no asistencia a la educación superior que esgrimen los jóvenes del mismo rango etario, el 47,5% señala que es por razones económicas (en 2013 esa categoría representaba el 49,8%).
En definitiva, la realidad constatada le otorga pleno sentido a la política de gratuidad progresiva en educación superior, tanto para universidades como para centros de formación técnica e institutos profesionales que estén acreditados y tengan una personalidad jurídica sin fines de lucro. Ello representa un cambio de paradigma donde el Estado pasa a jugar un rol de garante de la calidad y la equidad. El camino hacia un Chile más justo, inclusivo y con mayor capital humano pasa por la Reforma Educacional y no tiene vuelta atrás.
