Durante las últimas semanas, hemos visto cómo situaciones coyunturales reeditan un histórico y profundo debate acerca del complejo conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, especialmente a propósito de la reciente huelga de hambre de la Machi Francisca Linconao –recluida durante diez meses en la cárcel de mujeres de Temuco sin ser condenada como culpable– y de la inserción pagada por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) que, entre otras cosas, aseguró que en la zona de La Araucanía “ya no impera el Estado de derecho”. En ese contexto, resulta interesante indagar en las reacciones generadas tras los planteamientos emanados desde el Colegio de Periodistas y particularmente de los dichos que como presidenta de esa entidad realicé respecto de la inserción publicada por la orgánica gremial-empresarial.
Al parecer existe un acuerdo en que efectivamente el escenario ideal para el correcto ejercicio de la libertad de expresión, en una democracia, es que todas y todos los integrantes de la ciudadanía tengamos la posibilidad de expresar, sin censura, y en cualquier espacio o medio, lo que nos parezca pertinente. Sin embargo, Chile posee un diseño jurídico institucional de inspiración neoliberal que propicia la concentración económica en diversos ámbitos, siendo uno de ellos el de los medios de comunicación. Si bien la Constitución Política de 1980 elaborada por la dictadura del general Augusto Pinochet, garantiza la libertad de expresión en su dimensión individual, proscribe expresamente la existencia de un monopolio estatal sobre los medios de comunicación social, sin considerar la eventual formación de monopolios privados. Además, el principio jurídico que sustenta la protección exacerbada del derecho de propiedad, implica la ausencia casi total de una función social de los medios. A partir de este marco jurídico, se genera una concentración en la propiedad inédita, si se le compara con el pluralismo existente antes del golpe de Estado de 1973, o la variedad de diarios y radios de comienzos de 1990.
[cita tipo=»destaque»]En el mismo sentido, es importante reflexionar acerca del trasfondo ideológico tras el veto o censura a la opinión política de dirigentes sociales, sindicales o gremiales. La pregunta es ¿quién tiene legitimidad para opinar en el debate público?[/cita]
En este contexto, durante la extensa transición –y tal como ocurrió con muchos otros derechos universales, como el derecho a la educación pública o la salud–, el derecho humano a la información ha funcionado bajo las condiciones del mercado y tanto la sociedad civil como el Estado han tenido escasa participación, desde que la perdieron en plena dictadura. Escenario sintomático de una realidad que, según los reconocidos autores argentinos Martín Becerra y Guillermo Mastrini, arroja uno de los primeros lugares para Chile en los rankings de concentración de la propiedad de los medios de América Latina. Cuestión refrendada en el 154ª período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA sobre “Libertad de expresión, diversidad, pluralismo y concentración de medios en América”, en la que el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, señaló que “hay un consenso generalizado de que los monopolios, oligopolios y la concentración de medios son una amenaza para la democracia y la libertad de expresión en América Latina”.
En ese contexto, hoy podemos decir que en Chile la concentración de la propiedad y de la línea editorial de los medios de comunicación tiende también a la monopolización ideológica del debate, pues permite un escenario en el que son amplificadas solo ciertas voces, generalmente asociadas a la influencia de ciertos grupos políticos y económicos que muchas veces defienden intereses que atentan contra preceptos democráticos que defienden organizaciones como el Colegio de Periodistas. Peor aún, de no resultar “rentable” o “atractivo” para determinadas líneas editoriales, el millonario costo que implica publicar insertos en los medios escritos de gran tiraje, hace prácticamente imposible que miradas y grupos sociales minoritarios, o menos poderosos económicamente, tengan cabida en la pauta de las grandes cadenas mediales.
En el mismo sentido, es importante reflexionar acerca del trasfondo ideológico tras el veto o censura a la opinión política de dirigentes sociales, sindicales o gremiales. La pregunta es ¿quién tiene legitimidad para opinar en el debate público? En una democracia fundamentada en principios superiores como la diversidad, el pluralismo político y la libertad de expresión, resulta necesario comprender que esta columna ha de tener el mismo valor de ser publicada que el mensaje a publicar de aquellos que pueden pagar por su destaque. De lo contrario, estaríamos asistiendo a una discusión contradictoria y circular, donde el derecho a la libertad de expresión ilustraría su inequidad, siendo garantizado solo para algunos. Después de todo, el pluralismo político, componente esencial de la verdadera democracia deliberativa, solo puede conseguirse en un escenario de equidad en el discurso público, donde los medios no solamente defiendan y promuevan la política como espacio para que algunos vengan y hablen un poco, sino dándole relevancia a la diversidad de actores que la componen. Aun cuando estos no sean poderosos ni tengan influencias.
