Opinión
El argumento de que en cualquier circunstancia es indispensable tener un candidato presidencial, pues es quien arrastra el carácter del movimiento político y la elección de parlamentarios, no parece del todo convincente en este caso. Pensar que omitir el candidato presidencial debilita la eventual lista única parlamentaria de las fuerzas del Frente Amplio no parece realista, pues en nada ayudaría a conformarla contar ya con un nombre.
Por razones poco comprensibles, el Frente Amplio, alianza política en formación, se empeña en buscar un candidato presidencial para la contienda de fin de año. La pregunta de fondo es si ello es verdaderamente necesario o se trata solo de una inercia política poco analizada. Hasta ahora, todo son dudas o problemas, pues hay que quitarle el piso a más de un candidato autonominado.
En la actual coyuntura política, un candidato del Frente Amplio inevitablemente solo será testimonial o una figura meramente simbólica. La pregunta es si vale la pena gastar el esfuerzo colectivo, tan difícil de convocar, en torno a un simbolismo aparente y sin un rédito político claro. Y, en cambio, si no sería mejor invertir todo el esfuerzo político de unidad y medios que se consigan movilizar en generar una potente lista parlamentaria única, que construya los cimientos de una nueva fuerza política, de vocería plural y capacitada para ser una palanca de un nuevo poder constituyente hacia el futuro.
El argumento de que en cualquier circunstancia es indispensable tener un candidato presidencial, pues es quien arrastra el carácter del movimiento político y la elección de parlamentarios, no parece del todo convincente en este caso. Pensar que omitir el candidato presidencial debilita la eventual lista única parlamentaria de las fuerzas del Frente Amplio, no parece realista, pues en nada ayudaría a conformarla contar ya con un nombre.
Al contrario, debilita al nuevo movimiento salir a buscar una persona o construir un candidato que reúna un cúmulo inalcanzable de condiciones para luego sacar un 3% y después ponerse a negociar una segunda vuelta (¿para entrar al Gobierno?), cuando el esfuerzo central debiera estar puesto en conquistar fuerza parlamentaria y construir las condiciones de un movimiento político que nace con poder real como una institución plural y alternativa al orden político vigente.
Un rector de universidad, un líder gremial por una previsión digna o un político díscolo, con todo lo respetables que puedan ser, es más de lo mismo en la marginalidad del antiguo sistema que se trata de cambiar. El candidato presidencial puede ser la regla indispensable de las coaliciones gobernantes y los poderes constituidos, pero es indiferente para una fuerza nueva, todavía marginal en términos de poder, pues la retarda en flexibilidad y vocerías.
Es un craso error de apreciación política no percibir el deterioro actual de la figura presidencial en nuestro sistema político. La Presidencia de la República es una de las instituciones más duramente golpeadas por la crisis de confianza ciudadana y, si bien nominalmente mantiene una serie de competencias y prerrogativas legales y es un referente obligado del Gobierno, ella está muy distante de ser el eje articulador tradicional frente a los nuevos procesos políticos, como lo fue hasta el año 2010 y, menos, articuladora de una coalición política ordenada. Ello ya no es un problema de liderazgo personal sino de crisis institucional.
[cita tipo= «destaque»]En la actual coyuntura política, un candidato del Frente Amplio inevitablemente solo será testimonial o una figura meramente simbólica. La pregunta es si vale la pena gastar el esfuerzo colectivo, tan difícil de convocar, en torno a un simbolismo aparente y sin un rédito político claro. Y, en cambio, si no sería mejor invertir todo el esfuerzo político de unidad y medios que se consigan movilizar en generar una potente lista parlamentaria única, que construya los cimientos de una nueva fuerza política, de vocería plural y capacitada para ser una palanca de un nuevo poder constituyente hacia el futuro.[/cita]
La primera Presidencia de Michelle Bachelet, el autismo empresarial de Sebastián Piñera y el segundo mandato caudillista del bacheletismo terminaron por demoler la autoridad presidencial y poner en entredicho toda la gobernanza del sistema. De no haber mediado la crisis de probidad y legitimidad que experimenta el Congreso, y la disolución de facto de la mayoría de los partidos políticos, lo más probable es que hoy nos encontraríamos en un sistema semipresidencial de hecho, con un fuerte veto parlamentario sobre las decisiones de la Presidencia, principalmente por la concentración de poder senatorial experimentado con las reformas constitucionales del año 2005.
La carencia de un sistema de relaciones políticas regladas entre Gobierno y coalición gobernante, y un mayor equilibrio y simetría entre los diferentes poderes del Estado, han entrabado el funcionamiento institucional de la República, judicializando el funcionamiento de la política, rompiendo la sincronía institucional y la responsabilidad interórganos y creando una brecha de inseguridad respecto de la gobernanza de todo el sistema. Es la triste herencia política de un ciclo espectacular de crecimiento económico con desigualdad social y una elite política y económica corrupta.
La prescindencia partidaria –e incluso política– de la enorme mayoría de la ciudadanía frente a los asuntos públicos y electorales, es hoy un desafío y una oportunidad para cualquier esfuerzo serio y racional de ascender en los peldaños de la política.
El único obstáculo es la capacidad de captar la atención y preferencia de los ciudadanos y, para eso, no se requieren grandes programas ni la palabra providencial de un líder. Emoción y racionalidad marchan juntas en momentos de confusión cívica, y cualquier persona con capacidad populista puede lograrlo. Leonardo Farkas, por ejemplo. Pero es un tema de masas y no de elite. Y, por supuesto, de poder político real.
Para una fuerza política que pugna por nacer y emerger como factor real de la política, la ocasión de hoy está en la lucha por una capacidad parlamentaria. Que apunte y se constituya como una fuerza balanceadora y decisora dentro del sistema, no para el equilibrio sino para el cambio.
Existen las condiciones objetivas para ello. Para eso se requiere ser capaz de articular un colectivo plural de vocerías, poner prioridades y nombres territorial y socialmente arraigados, y una disposición a expresarse de manera unitaria en la asamblea de la soberanía popular, que es lo que debiera ser el Congreso Nacional, con una idea clara de derechos sociales, gobernabilidad política e idea de país.
Eso implica pasar de ser una izquierda testimonial a una con voluntad de poder y cambio.
