El país de Van Rysselberghe, Fuentes y Letelier

La semana pasada escribí, en este mismo espacio, acerca del daño a la imagen del Congreso que han provocado varias conductas de sus honorables en el poco tiempo que va de este año. Pero el espectáculo parece continuar. Los protagonistas ahora son una senadora y dos diputados, y las tres situaciones tienen un elemento en común: afectan gravemente la credibilidad y confianza en la institucionalidad del Parlamento.

También comparten méritos de manera transversal, al constituir hechos repudiables, que generan molestia e indignación entre los ciudadanos, ya que provienen precisamente de quienes deberían predicar con el ejemplo. Y, lo que es peor, están representadas distintas “sensibilidades” políticas: UDI, DC y PPD.

Los casos de Jaqueline Van Rysselberghe e Iván Fuentes son de naturaleza similar y vienen a reforzar las sospechas acerca de los conflictos de interés y cómo la línea entre los negocios y la política se va haciendo cada vez más delgada.

Gracias a la investigación periodística –si no fuera por ella, no nos habríamos enterado de Caval, Penta, SQM, entre otros– pudimos conocer una serie de correos electrónicos en que estos parlamentarios mantienen una estrecha relación con dos organizaciones que agrupan a empresas pesqueras. Hasta aquí no hay pecado. El intercambio de información e, incluso, las opiniones acerca de un determinado proyecto o iniciativa, pueden ser legítimos, siempre y cuando ese congresista mantenga un grado de libertad en sus decisiones que sea totalmente demostrable, es decir, que pueda pasar la “prueba de la blancura” a la hora de  revisar cómo votó en general y/o en particular  y respecto de las indicaciones presentadas o modificadas. Así de simple y claro. Bueno, y que además no deje la menor duda en cuanto a las formas. Ambos requisitos no parecen cumplirse en estos dos casos.

El diputado Iván Fuentes –que después de representar una esperanza de cambio y diversidad en el Congreso terminó sumido en las mismas malas prácticas del resto– recibió un curioso aporte de $1,2 millones, ya estando electo como parlamentario, el que fue calificado por el donante como “gastos representativos”. Simbólico y claro.

Lo más grave es que un ejecutivo de Fipes se jactara, vía correo electrónico, de que Fuentes y Patricio Walker –quienes asistieron juntos a una reunión– se habrían autodefinido como sus aliados. A buen entendedor, pocas palabras. El diputado esta vez ha guardado silencio, reforzando el viejo refrán que reza que, quien calla, otorga.

[cita tipo= «destaque»]Los tres parlamentarios comparten méritos de manera transversal, al constituir hechos repudiables, que generan molestia e indignación entre los ciudadanos, ya que provienen precisamente de quienes deberían predicar con el ejemplo. Son tres situaciones que afectan gravemente a la confianza del Congreso. Y, lo que es peor, están representadas distintas “sensibilidades” políticas: UDI, DC y PPD.[/cita]

La situación de la presidenta de la UDI es incluso más grave desde la mirada ciudadana, pese a no existir una prueba concluyente como en el caso Fuentes. La parlamentaria –presidenta de la Comisión de Pesca en esa época– recibía coloquiales correos en que le enviaban propuestas directas y concretas para ser incorporadas en la discusión legislativa. En el mismo tono de confianza, la “Coca” –así la tratan en los mensajes– respondió con una frase que ni siquiera necesita interpretación: “Aparentemente están incorporadas todas las indicaciones que nos importaban, de todas maneras pedí un plazo de 15 días más, ¿crees que es necesario presentar, además, la indicación que me mandaste?”. Este diálogo se parece más al de una relación de subordinado que al intercambio de opiniones emitidas por cualquier actor que necesita representar ciertos intereses durante la discusión de un proyecto de ley.

Pero lo que realmente irrita de esta situación, es la actitud asumida por la senadora y algunos dirigentes de su partido. Con un tono de soberbia poco consistente con lo grave de la denuncia, intentó bajarle el perfil al tema y contraatacó. Aunque reconoció conocer al remitente, señaló que el envío de un correo no significaba actuar como él. Pero de la manera en que votó la parlamentaria se desprende que pensaban de la misma forma. Creo que Van Rysselberghe subestimó la inteligencia de los ciudadanos con una explicación simple e infantil, acorde a otros tiempos.

El tercer episodio es de un corte distinto a los anteriores, pero, quizás, es el que mayor molestia generó en la opinión pública. De hecho, las redes sociales estuvieron on fire desde que se conoció la sentencia judicial que le canceló el permiso de conducir, de manera definitiva, al presidente –ni más ni menos– de la Comisión de Transporte de la Cámara, Felipe Letelier.

El diputado había acumulado 12 faltas graves, incluidas las de conducir sin licencia y bajo la influencia del alcohol. Aunque en un principio manifestó que acataba el fallo y asumía su responsabilidad, luego tuvo un giro y las emprendió contra el juez por considerar que los argumentos para justificar la sanción eran más propios de un psiquiatra o psicólogo que de alguien encargado de hacer justicia. La explicación, sin duda, agrava la falta. No sé qué pensarán los electores de Letelier, pero a mí no me gustaría que un personaje como este me representara en el Parlamento.

Parece ser que algunos parlamentarios viven en un país que no tiene nada que ver con el chileno que ha emergido en estos últimos años. Es como una realidad en paralelo, otra dimensión. Hoy los ciudadanos son exigentes, críticos, esperan conductas a la altura de quienes tienen responsabilidades. No toleran los privilegios, las incongruencias, el engaño, ni la ineficiencia, pero especialmente que los subestimen.