El 19 de febrero del año en curso los ecuatorianos votaron para elegir presidente y vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea Nacional, 5 representantes al Parlamento Andino, más una consulta popular planteada desde el Ejecutivo. Los resultados favorecieron al oficialista Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana), aunque distan mucho de las grandes mayorías alcanzadas por el movimiento en las elecciones generales de 2009 y 2013. Por primera vez, desde el año 2006, el país realizará una segunda vuelta para elegir a la cabeza del Ejecutivo y se estima que en la Asamblea, el partido de gobierno perderá cerca del 20% de los curules conseguidos en la legislatura anterior.
La ausencia del presidente Correa como candidato a la re-elección marcó el rumbo de la campaña. La incapacidad del binomio oficialista de generar las mismas simpatías y apoyos que los alcanzados por el primer mandatario desde que subiera al poder en 2006, fue la principal ventaja de una oposición que se presentó fraccionada y sin claras propuestas de diferenciación. La oferta estuvo conformada por ocho binomios posicionados a lo largo del espectro ideológico, entre los que encontraron políticos de larga data y corte tradicional como Paco Moncayo (Izquierda Democrática) y Cinthya Viteri (Partido Social Cristiano), y otros de corte outsider como el finalista a la segunda vuelta Guillermo Lasso con un discurso de derecha y conservador.
Eje del debate en campaña fue la división gobierno – oposición. El oficialismo promovió los logros de la Revolución Ciudadana y el retroceso en materia económica y social que supondría la victoria de cualquier otro partido. La oposición, por su parte, se centró en criticar los errores y problemas de la Administración saliente, poniendo especial énfasis en lo económico, lo institucional y la corrupción. La contienda se perfiló entonces como una lucha donde el fin último no fueron las propuestas de política pública para solucionar los distintos problemas del país desde múltiples posturas ideológicas, sino la victoria ante un enemigo cuya derrota era esencial para la salvación del país.
[cita tipo=»destaque»]Independientemente de quién encabece el ejecutivo en los próximos años, el Estado ecuatoriano tiene una deuda que saldar con los movimientos sociales, el reto de reestructurar la deuda pública y de mejorar el rumbo de la economía, y una necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. [/cita]
A pesar del alto grado de polarización y la consecuente crispación del ambiente electoral, los candidatos tuvieron problemas para movilizar al electorado. El contenido demagógico de las propuestas y los enfrentamientos en redes sociales entre las huestes de pelucones, borregos, ladrones, corruptos, y otros epítetos que los simpatizantes de ambos bandos utilizaron para referirse unos a otros, generaron rechazo en algunos segmentos del electorado. Esto se evidencia en el 32% de votantes indecisos hacia el final de la campaña (CEDATOS 2017), el18% de ausentismo registrado en la elección y el 10% de votos inválidos, según informa el Concejo Nacional Electoral.
Estos datos evidencian la desconexión que existente entre los políticos y la ciudadanía. Pueden dar cuenta del desgaste generado por los altos niveles de polarización, pero también de la incapacidad de los actores de incorporar en el debate temas de interés social. De hecho, la agenda electoral corrió paralela a la de los movimientos sociales que, en este periodo, reivindicaron la solución de los conflictos medioambientales y étnicos que mantiene el gobierno con diversas comunidades a causa de la explotación minera, denunciaron los límites a la libertad de expresión, la criminalización de la protesta y la estatización de la participación, así como la desarticulación de gremios y organizaciones no gubernamentales.
En síntesis, arena política de las elecciones de 2017 evidenció una oposición fragmentada y el conflicto existente entre los defensores y los detractores de la Revolución Ciudadana. La polarización, exacerbada durante la campaña, se ha prolongado en los días posteriores a la elección a causa de lo ajustado de los resultados -el binomio oficialista que estuvo a medio punto de ganar en primera vuelta-. El alto porcentaje de indecisos en la campaña y la abstención registrada en la elección, reflejan la incapacidad de las fuerzas políticas para armar una oferta congruente que aúne los intereses de amplios segmentos de la población, más allá de la confrontación gobierno-oposición.
El 2 de abril los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas para decidir quién encabezará el Ejecutivo. La elección plantea dos escenarios: El primero, implica la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana. Un nuevo gobierno de Alianza PAIS encabezado por Lenin Moreno y respaldado por una mayoría simple en el legislativo que le permitiría gobernar con relativa calma, aunque sin la capacidad de modificar el diseño institucional que actualmente tiene la bancada. El segundo, la victoria del banquero Guillermo Lasso y el movimiento CREO-SUMA, implicaría un retorno a los gobiernos de minoría que caracterizaron al país hasta 2006 y que obligaban a los mandatarios a actuar en solitario o formando coaliciones temporales con las fuerzas en la Asamblea para intentar sacar adelante algunas de sus propuestas.
Independientemente de quién encabece el ejecutivo en los próximos años, el Estado ecuatoriano tiene una deuda que saldar con los movimientos sociales, el reto de reestructurar la deuda pública y de mejorar el rumbo de la economía, y una necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.
