En una entrevista en febrero de este año, el historiador Gabriel Salazar emplazó con dureza a la elite tal cuál como en 2016. Y los interpeló a todos: viejos, nuevos, de derecha y de izquierda. Los definió como una casta que ha administrado el Estado sin concesión alguna por casi dos siglos. Cuestionó, la relación históricamente endeble que esta estableció con la sociedad civil; aseverando que el siglo XX fue un periodo donde los movimientos sociales se transformaron en instrumento de la clase política. Instrumentalización, que configuró el modo de operar de los partidos tradicionales de hoy, y que tiene su arrastre en los nacientes años de la República a comienzos del siglo XIX. Nada nuevo si tomamos en cuenta la ya axiomática “Ley de Hierro de la Oligarquía”.
Por eso, parece importante ir al detalle del cuestionamiento. Sin atrincheramientos y defensas corporativas, mirar la tesis histórica que sostienen sus palabras, puede proyectar el futuro sin la certeza de la derrota; o la coaptación del capital a los proyectos políticos transformadores. Porque si no, ¿para qué los esfuerzos por reconstituir los débiles andamiajes de nuestra estructura política actual si todo va a continuar tal cual?
Identificar las causas de la distancia entre sociedad política y civil, quizás pueda autorizar la superación de esta histórica ruptura y la concreción de un proyecto político genuino por su construcción y proyección, que aspiramos que sea de carácter popular y que inaugure este nuevo ciclo que está por nacer. Atañe por tanto ir a la raíz del problema desde el punto de vista del historiador, porque es él; como actor político más que autorizado para hablar del poder y la posición del pueblo respecto a su ejercicio, quien mira con escepticismo el rol de la política en este nuevo ciclo. Es de esta manera, que Salazar sostiene que somos el devenir de una distancia intencionada por la elite criolla, entre una clase dirigente, y una ciudadanía en condición de observante. De ahí, que la crisis de hoy exterioriza una lucha desde los albores de la República entre legitimidad y gobernabilidad, es decir: la toma del poder por pocos a costa del sometimiento de muchos. En esa línea afirma, que los inicios del siglo XIX se caracterizaron por imposiciones violentas a partir de los sectores más conservadores incubados en la colonia; que situados entre los ejes Santiago/Valparaíso, y con una raíz rentista y hacendal, resistieron con éxito cualquier intento de cambio.
[cita tipo=»destaque»]Pero las lecciones de la experiencia han quedado, y el anuncio de un Frente Amplio supone eso. Su constitución busca quebrar con la lógica política del siglo XIX y XX; y la intención está en la politización de lo social. El fin de esa ruptura entre Estado y ciudadanía, fundando sus líneas programáticas desde los territorios; un esfuerzo que pretende forjar una nueva cultura política. Una praxis política diferente: democrática, inclusiva y que devuelva la soberanía al ciudadano, para que el parlamento no siga siendo sólo la tarima de la denuncia y la instalación de la cuña por parte de la izquierda.[/cita]
Consecuencia de ello es que Bernardo O´Higgins (1818-1822) -símbolo de nuestra vida republicana-, después de declarada la independencia; intentó promover profundas transformaciones en la estructura cultural chilena, ganándose el rechazo transversal de la sociedad, y por sobre todo, el odio furibundo de una elite que lo despreciaba por su origen y pensamiento. Abdicado y en el exilio, fue testigo del fracaso de otros proyectos de país que también atentaban contra el poder concentrado por la casta colonial. Ese es el caso Ramón Freire, héroe de la Independencia que fue el intento por un país descentralizado entre 1823 y 1829. Un proyecto con popularidad pero que transgredía los intereses de la élite santiaguina, ya que daba autonomía política y económica a las provincias del norte y el sur. Por tanto, para acabar con estos intentos reformistas, la guerra civil de 1829 significó la imposición final de los sectores conservadores de Santiago sobre estos proyectos; de un modelo de Estado que enarboló las banderas de la gobernabilidad en detrimento de la legitimidad. Tuteló al país bajo la lógica autoritaria del garrote, para imponer un orden que permitiera el desarrollo de una economía extractiva y concentrada. ¿Sus consecuencias? Una política funcional a contener cualquier tipo de desorden e insurrección popular. Y un pueblo sometido al “peso de la noche. Por lo tanto, con una ciudadanía que no superaba los dos dígitos, el periodo conservador (1830-1860) fue el molde que delineó Chile. Reprodujo una relación dicotómica entre quienes detentaron el poder político y económico; y otros que se dividían entre un pequeño que grupo que bregaba por ser parte de la institucionalidad, junto a una mayoría que asumió la marginación como una cuestión natural. El Siglo XX es en consecuencia el intento para acabar con esa relación con poco éxito según el historiador. Según él, nunca se pudo constituir un pueblo soberano entre el siglo XIX y XX, y por consiguiente hoy existe una ciudadanía inhabilitada para ser parte del poder. Por eso Salazar cree que somos el devenir de una sociedad que se configuró como peticionista; que sólo pide y que no participa. ¿Por qué? Porque nunca aprendimos a hacer otra cosa. Fue la burguesía quién asumió el rol de gestor del poder; aprendió, y se transformó en profesional.
Con variaciones, la tónica de nuestra historia política parece circular en esos márgenes. Las puertas al ejercicio soberano del poder político, siempre estuvieron cerradas para la sociedad civil; siendo el caso del movimiento sindical, un ejemplo que usa el historiador para dar cuenta de ello. Los cortafuegos estuvieron en el código laboral de 1931, que señalaba que los trabajadores no podían hacer política, sólo negociar con los patrones mejores condiciones laborales, quedando monopolizada la política a los partidos.
Hoy parece ser que vivimos en ese régimen. La ciudadanía no participa porque ese espacio no lo concibe como propio; y si participa es desde el clientelismo. Los movimientos sociales, que ya desde hace un tiempo han anunciado la molestia de estar en la marginación, exigieron entre otras cosas, mejor educación, protección del medioambiente, y un nuevo pacto social. Pero luego de hecha la protesta, se atrincheraron; delegando la construcción de un proyecto que era propio a los profesionales de la política. Groso error. Con un vaciamiento social gigante y sin la legitimidad que tuvieron en el siglo XX para instrumentalizar a la sociedad civil, la clase política está desgastada por este modelo histórico de ejercicio del poder.
Pero las lecciones de la experiencia han quedado, y el anuncio de un Frente Amplio supone eso. Su constitución busca quebrar con la lógica política del siglo XIX y XX; y la intención está en la politización de lo social. El fin de esa ruptura entre Estado y ciudadanía, fundando sus líneas programáticas desde los territorios; un esfuerzo que pretende forjar una nueva cultura política. Una praxis política diferente: democrática, inclusiva y que devuelva la soberanía al ciudadano, para que el parlamento no siga siendo sólo la tarima de la denuncia y la instalación de la cuña por parte de la izquierda.
En consecuencia, es que estamos camino a gobernar. A ejercer el poder desde una lógica distinta a la de los últimos 150 años. Por eso de momento, démosle el beneficio de la legítima duda al maestro Salazar; porque antecedentes tiene de sobra para justificar su incredulidad. Pero hagamos cuenta también, que las sociedades son construidas sobre la base de la voluntad. Voluntad que tiene el poder de quebrar cualquier ley o fenómeno social cuando está impugnado. Esa voluntad de poder.
