Escuela Militar: ¿orgullo de Chile?

Recientemente se ha publicado una columna de opinión de cuatro ex ministros de Defensa: Allamand, Burgos, Ravinet y Vidal. La columna es importante, porque refleja un consenso político tanto sobre el papel del Ejército en la forja del “carácter de la patria”, de “su estabilidad política, desarrollo económico y solidez democrática” (¡sic!), como en su contribución a la formación de sus oficiales, “herederos de una formación sólida en valores y contenidos”.

Aún recuerdo, en los años de la persecución cruenta luego del golpe cívico-militar, que a mis amigos Juan Carlos Rodríguez y Cecilia Castro los detuvieron, torturaron e hicieron desaparecer. Los padres de ella dieron bajo presión la dirección donde vivía su hija a sus persecutores, porque estos les dijeron que los “oficiales del Ejército de Chile no mienten” y les prometieron que “la regresarían sana y salva”.

Sabido es, también, que la DINA y la CNI fueron dirigidas por generales formados en la Escuela Militar; que los asesinatos de los comandantes en Jefe R. Schneider y C. Prats fueron ideados y ejecutados por oficiales del propio Ejército y el personal que organizó, operó –usando instalaciones del Ejército– en las torturas, secuestros, asesinatos y atentados internacionales, salieron de esa casa matriz, en que son “herederos de una formación sólida en valores y contenido”. Nada de eso se señala en la columna, ni menos en un sentido autocrítico.

Es más, al relevar el juramento de los oficiales, se afirma que su diferencia con otras autoridades es que “solo los militares juran poniendo sus vidas por delante. La disciplina es la médula de la vida militar, la que enseña a mandar y a obedecer”. La evidencia histórica dice que los oficiales del Ejército que cazaban opositores entre 1973 y 1989, luego de detenerlos, una vez indefensos, los torturaban y muchos fueron ejecutados, sin riesgo para la vida del militar. Debo recordar que fue la principal autoridad civil de la República, la que juró y pagó con su vida la defensa de la Constitución.

Luego del bombardeo a la sede de Gobierno, fue asaltada por el general de Ejército Javier Palacios. Es “extraño” que tres de los columnistas, proviniendo de la Concertación, no mencionen estos hechos históricos conocidos y reconocidos en los Informes Rettig y Valech.

Pero donde sí tienen razón es que allí se les “enseña a mandar y obedecer”. ¿A mandar para ejecutar crímenes y aplastar la Constitución? ¿Para legitimar la obediencia debida, cualquiera sea la orden? De esto nuestros ex ministros de Defensa no dicen nada, como si no fueran preguntas que nos hacemos los chilenos en este período en que democráticamente se busca tener una Nueva Constitución que definitivamente subordine a las FF.AA. al poder civil. ¿Los textos de estudio de esa Academia problematizan estos temas sobre la experiencia nacional e internacional reciente en derechos humanos y el “mandar y obedecer” tan neutral de esta columna?

La afirmación relativa a su contribución al desarrollo económico es generalista y legitimadora del papel del Ejército. ¿Se refiere al Cuerpo Militar del Trabajo, que construye carreteras en lugares inhóspitos o a su papel en imponer a sangre y fuego el modelo neoliberal, que privatizó el sistema de pensiones, la salud y la educación y entregó a precio vil las empresas del Estado? ¿Su aporte a la estabilidad política y solidez democrática se refiere al período de la dictadura que, según el relato derechista, proveyó de estabilidad y disciplinó a los chilenos? ¿Y con lo de la “solidez democrática” se refiere por la Constitución ilegítima en origen y resultado? Solo es posible responder afirmativamente si se pretende borrar la experiencia histórica.

Quizás lo más preocupante de la columna en comento es que deja instalada las bases ideológicas de nuevos golpes de Estado, cuando afirman los cuatro ex ministros, citando a O’Higgins, que en la formación de los futuros oficiales debe tenerse la certeza de que en ellos está “el porvenir del Ejército y sobre este Ejército la grandeza de Chile”, pues esto se parece demasiado al rol de “garantes de la institucionalidad” que le asignara la Constitución de 1980, argumento defendido, ya que la identidad de la patria se habría forjado en las guerras contra los españoles, los mapuches y la Confederación, colocando así a las FF.AA. como la expresión verdadera del interés de la nación, por sobre la soberanía popular, los civiles y los intereses particulares de grupos.

[cita tipo=»destaque»]No se trata de afirmar que las Fuerzas Armadas no son parte del país, ni que toda su trayectoria es un mar de sangre y represión, pero lo que uno debiera esperar de ministros de Defensa, depositarios de la soberanía popular, es que resguarden el lugar que les corresponde a las FF.AA. en el sistema democrático y no borren de la historia los crímenes cometidos, incluso contra sus propios camaradas.[/cita]

No se trata de afirmar que las Fuerzas Armadas no son parte del país, ni que toda su trayectoria es un mar de sangre y represión, pero lo que uno debiera esperar de ministros de Defensa, depositarios de la soberanía popular, es que resguarden el lugar que les corresponde a las FF.AA. en el sistema democrático y no borren de la historia los crímenes cometidos, incluso contra sus propios camaradas. En este sentido, me resuenan las palabras de T. Adorno, cuando señaló: “Solo se habrá elaborado el pasado cuando las causas de lo ocurrido hayan sido eliminadas. Solo porque las causas subsisten, hasta el día de hoy no se ha roto su hechizo”.

Finalmente, el que la columna la escriban personeros de los dos bloques que pactaron la transición, expresa el grado de acuerdo que existió no solo en el plano del modelo económico, sino también en la posición de relativización de la subordinación del poder militar al civil, con todo lo que ello ha significado para la democracia.