Hace algunos días el Gobierno hizo un anuncio muy importante para el país. Lo que veníamos pidiendo hace años, respecto del fortalecimiento de las universidades del Estado podría ser factible. Los primeros y decisivos pasos ya están dados, con la posibilidad de dividir en dos partes el proyecto de ley de Educación Superior que se encuentra en la Cámara de Diputados.
El objetivo, como han planteado las autoridades ministeriales, es aprobar las dos partes de la iniciativa antes de que concluya el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Una de ellas contempla los temas de institucionalidad, marco regulatorio y financiamiento. La otra, en tanto, está relacionada con las universidades estatales y debería contemplar temas como gobernanza, fortalecimiento de redes institucionales, trabajo de investigación y financiamiento.
Si bien desde el Ministerio de Educación han anticipado que muy pronto se enviarán las indicaciones, la sola intención de reconocer el rol de las universidades estatales y su aporte al desarrollo del país ya es un buen augurio. No podemos olvidar que desde antes que se iniciara el proceso de Reforma, nuestra propuesta ha sido precisamente esa, pero hubo oídos sordos y falta de voluntad política.
Con una preocupante obstinación, una y otra vez, los responsables de conducir esta tarea optaron por transitar un largo e infructuoso camino, cuyos resultados están a la vista. Conflictos, divisiones y desacuerdos que no solo han retrasado innecesariamente una iniciativa que beneficiará al país en su conjunto, sino que también han generado diferencias entre los distintos protagonistas, muchas veces con intereses más políticos que de contenidos de fondo.
Si bien el Ejecutivo intentó cumplir lo prometido enviando el proyecto al Congreso luego de varios anuncios y postergaciones, en julio de 2016, es decir, poco más de dos años después de iniciado el Gobierno, el proceso simplemente se ha estancado. A la par, las pugnas e incertidumbres derivados de un proyecto cuestionado por la opinión pública y por los actores del sistema, han dado paso a varios cambios en el Ministerio de Educación que además han impactado en los contenidos y plazos de la iniciativa.
[cita tipo=»destaque»] Nuestro propósito como universidades estatales y públicas, nos ha obligado a seguir golpeando una y otra vez las puertas. No podemos callar, ni rendirnos, dado que estamos llamadas a colaborar en la construcción de un país más justo, solidario e inclusivo.[/cita]
Recordemos que en junio de 2015, Adriana Delpiano sucedió al entonces ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre. Un año después, lo mismo ocurrió en la División de Educación Superior, cuando Francisco Martínez fue reemplazado en la jefatura por Alejandra Contreras. Se suma el constante movimiento de un sinfín de asesores y expertos que, cada cierto tiempo, entran y salen de esta repartición, con las negativas consecuencias que implican nuevos cambios a los contenidos y plazos del proceso.
Nuestro propósito como universidades estatales y públicas, nos ha obligado a seguir golpeando una y otra vez las puertas. No podemos callar, ni rendirnos, dado que estamos llamadas a colaborar en la construcción de un país más justo, solidario e inclusivo.
La generación de bienes públicos, el desarrollo de la investigación de frontera, así como la formación de profesionales con el sello de responsabilidad social, no sólo es nuestra gran fortaleza, sino el capital que ha ido construyendo el Estado de Chile con el compromiso y visión republicana de grandes hombres y mujeres, quienes han sabido deponer sus intereses personales, en pro del país.
Sin duda el actual proceso de reforma es la gran oportunidad para que el Estado retome el rol que le corresponde para con sus universidades y ese gran capital que comportan. El país se lo merece y los jóvenes sin oportunidades y con talento, lo demandan.
