Opinión
La Nueva Mayoría fue promisoria, dado que enarbolaba las banderas del movimiento social para empujar sus reformas. Pero, con el pasar de los años, se ha puesto en evidencia la falta de vocación por transformaciones profundas.
Ha pasado más de una década desde las movilizaciones pinguinas que irrumpieron en la agenda política mostrando la necesidad de cambios profundos en nuestro sistema educativo. Frente a ello, han existido distintos intentos de cerrar este conflicto por parte de la política tradicional, sin éxito. En ese sentido, la Nueva Mayoría fue promisoria, dado que enarbolaba las banderas del movimiento social para empujar sus reformas. Pero, con el pasar de los años, se ha puesto en evidencia la falta de vocación por transformaciones profundas.
Estas movilizaciones sociales han dejado claro el anhelo de grandes mayorías de nuestro país por cambios a nuestra educación, para que se consagre como un derecho en todos sus niveles, eliminando las lógicas de mercado que lo han regido hasta ahora. Esto dado que producto de la mercadización de la misma contamos con un sistema caracterizado, entre otras cosas, (i) por ser altamente segregado, reproduciendo la desigualdad social; (ii) con muchas instituciones de baja calidad que generan cesantes ilustrados; (iii) con abusos como el lucro encubierto, limitaciones a la libertad de cátedra y contratos abusivos con estudiantes; (iv) con una educación pública dejada a la deriva, posibilitando un sistema mayoritariamente privado, generalmente caro, masivo, lucrativo y de mala calidad; (v) con un sistema de financiamiento que ha impulsado lo anterior, a través de mecanismos que promueven la competencia de instituciones por estudiante, sin que importe el tipo de institución; financiamiento que además (vi) ha puesto el principal peso financiero del sistema sobre la mochila de los estudiantes y sus familias, muchos de los cuales se han visto obligados a endeudarse.
A estos problemas se decía responder con la presentación del proyecto de ley en julio del año pasado. Sin embargo, en estos más de nueve meses de discusión de la reforma a la educación superior, la ambigüedad y falta de convicción del ejecutivo por las transformaciones han permitido que avancen, entre otros, los intereses de la educación privada masiva lucrativa, precisamente la menos interesada en los cambios. Recién hoy nos encontramos ad portas de votar la idea de legislar y, lamentablemente, esta no es la reforma por la que hemos luchado todos estos años. El Gobierno está desaprovechando una oportunidad histórica para hacer verdaderos cambios a este sistema injusto.
Si bien, dentro de las diferentes fuerzas de cambio hemos tenido en el pasado posiciones encontradas, en diferentes momentos, en cuanto al contenido y carácter las políticas en educación del actual gobierno, como en relación a los pasos a seguir para impulsar una transformación sistémica. Sin embargo, frente al estado actual de la reforma a la educación superior, reflejado en el transversal y enérgico rechazo que ha tenido desde los más diversos sectores, se ha vuelto imprescindible actuar con unidad.
[cita tipo=»destaque»]La Nueva Mayoría fue promisoria, dado que enarbolaba las banderas del movimiento social para empujar sus reformas. Pero, con el pasar de los años, se ha puesto en evidencia la falta de vocación por transformaciones profundas.[/cita]
En ese sentido, desde el trabajo conjunto en la diputación hemos propuesto una serie de principios y medidas a adoptar que hoy no son consideradas, donde se delinea el camino para una reforma profunda que avance en las transformaciones que chile necesita. En ellas destacamos (i) la necesidad de contar un sistema universal de acceso que, junto a políticas inclusivas, posibilite la prometida igualdad de oportunidades para todos los estudiantes; (ii) un aseguramiento de la calidad por medio del diseño participativo de estrategias de desarrollo nacional y regional para todo el sistema, así como de la definición de carreras y sus contenidos mínimos por medio de un Marco de Cualificaciones; (iii) que se garantice la autonomía de las instituciones por medio de la participación democrática de sus comunidades; (iv) un proceso planificado de reconstrucción y expansión de la educación pública, que apunte a hacer de ésta el eje mayoritario del sistema, revirtiendo la alta privatización actual; y (v) un sistema de financiamiento que contribuya al objetivo anterior de manera responsable, que sea directo a las instituciones en función de las necesidades de las mismas y que posibilite el acceso gratuito a los estudiantes en plazos reales y ciertos.
El Gobierno ha optado por privilegiar la rápida tramitación del proyecto, por medio de su reducción y simplificación, excluyendo a los actores sociales de la discusión. Con ello estaría firmando la renuncia a una reforma sistémica, que se expresa en la decisión de poner al proyecto la urgencia de “discusión inmediata”, debiendo votarse este martes la idea de legislar, sin antes llegar a acuerdos sustantivos con los principales actores de este debate, como lo estudiantes y rectores. Mientras se mantengan estas condiciones, y el gobierno insista en votar el día de mañana, no podemos más que llamar a rechazar el proyecto, dado que entendemos que la disputa por una transformación integral no se agota en la tramitación de un proyecto de ley, sino que en la capacidad que se tenga para escuchar a los diversos actores e introducir verdaderos cambios a nuestro sistema, a partir de la movilización social que es precisamente la que ha hecho posible que Chile hoy discuta acerca de la posibilidad de una reforma. Para evitar este escenario de derrota, nos vemos este martes en las principales avenidas del país.
(*) Escrito por Giorgio Jackson (RD) y Fernando Carvallo (Nodo XXI)
