Los argumentos han sido variados, aunque el principal es que esta sería una materia de otro sector, no necesariamente del ámbito energético. Bastante extraño considerando que sí se han abierto a que se incorpore la idea que la matriz energética permita que las personas respiren aire limpio, cuando eso –según el mismo criterio- debiera ser parte de un debate en los ministerios de Salud o Medio Ambiente.
Interesantes luces aporta la información entregada recientemente por la Asociación Chilena de Energías Renovables, relevando que al primer trimestre de 2017 las energías renovables no convencionales (ERNC) generaron más de un 58 % de la electricidad que proyectaba HidroAysén. Noticia que se suma a otra difundida también durante la semana: Chile se ubica entre los cinco países con más conflictos ambientales del planeta, destacando tanto el que gatilló la sociedad compuesta por Endesa y Colbún como el asociado al joint venture Glencore/Origin Energy, que a través de la sociedad Energía Austral pretende construir la represa río Cuervo cerca de Puerto Aysén.
Son varias las conclusiones posibles de avanzar tras tales lecturas.
La primera es que El Mercurio no ceja en su empeño de homologar las energías “renovables” a las “renovables no convencionales”, siendo que la fundamental diferencia entre unas y otras es que las primeras sí incluyen las centrales hidroeléctricas de más de 20 MW (represas mediante). Esto para el caso chileno, ya que la propia ONU distancia los embalses de la categoría de las renovables.
Ahondando en este punto, en el informe “El nexo entre el agua, la energía y la alimentación en América Latina y el Caribe” publicado en marzo de este año por la CEPAL se afirma que “se debe llamar la atención sobre lo inapropiado de considerar la energía hidroeléctrica como un ejemplo de energía renovable, que implica un uso del agua no consuntivo, con escaso impacto ambiental y sobre otros usuarios del recurso. Lo cierto es que se producen significativas pérdidas (normalmente por evaporación) en las infraestructuras que almacenan el agua para la generación y que su cuantía depende de las temperaturas del lugar donde se ubique el embalse”.
La segunda, que el agua sigue siendo el principal motivo de conflictos territoriales no solo en Chile sino que en el planeta. El agua, esa que en nuestro país puede ser apropiada y sujeto de especulación, y cuya escasez en múltiples zonas ha permitido en seis años un lucrativo negocio de $ 92 mil millones para quienes se dedican a su transporte en camiones aljibe con el fin de abastecer a 400 mil personas, en 175 comunas, según informara Ciper hace algunos días.
La tercera, y ya recurriendo al cajón de los recuerdos, que el ex Presidente Sebastián Piñera bastante equivocado estaba cuando en mayo de 2011 afirmó que sin HidroAysén “estamos condenando a nuestro país a un apagón“. Como señaláramos en tono de broma por redes sociales: por lo visto el hoy nuevamente candidato presidencial no está para adivinar el futuro, al parecer su fuerte sigue siendo la especulación.
Agua y energía, una relación permanente. Un vínculo que para Aysén debiera seguir siendo motivo de discusión, por sus efectos actuales y futuros en la vida de quienes en este territorio habitamos.
Es este un debate que creemos fundamental en el proceso que se está dando al interior de la Comisión Regional de Desarrollo Energético y donde varios actores hemos planteado que dentro de la visión de la Política Energética Regional en construcción es necesario que se incluya un concepto fundamental: no entorpecer el acceso al agua, ese elemento fundamental para la vida de los seres humanos, la preservación de los ecosistemas y para la mantención de las actividades de subsistencia. Una idea que tanto el Ministerio de Energía como los actores del sector eléctrico se han resistido a incorporar.
Los argumentos han sido variados, aunque el principal es que esta sería una materia de otro sector, no necesariamente del ámbito energético. Bastante extraño considerando que sí se han abierto a que se incorpore la idea que la matriz energética permita que las personas respiren aire limpio, cuando eso –según el mismo criterio- debiera ser parte de un debate en los ministerios de Salud o Medio Ambiente.
El tema es que el problema es mucho más complejo de lo que en el gobierno parecieran creer.
En el citado informe de la CEPAL (refresquemos, un organismo de la ONU), se orienta sobre lo que ocurre a nivel mundial (lo siento, no somos el ombligo del mundo): “Las legislaciones que establecen prioridades reconocen en el primer lugar al uso común, doméstico y al abastecimiento a poblaciones, y en el segundo lugar, al uso agrícola, agropecuario o riego. Ninguna ley que establece prioridades coloca la generación de energía sobre los otros dos usos“. Por ello en julio de 2010, hace ya siete años, la Asamblea General de las Naciones Unidas “reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.
La Política Energética de la región de Aysén debe hacerse cargo de estas consideraciones. No hacerlo daría cuenta de un particular interés en velar por otros intereses, extra-regionales principalmente, cuando la política debe ser un instrumento de y para sus habitantes. Uno que respete los derechos humanos fundamentales esenciales para seguir viviendo. Y el agua lo es.
Acceso al agua y generación de energía no necesariamente deben ser propósitos excluyentes. Sin embargo, el tipo de desarrollo que se ha impuesto a Chile sí fomenta una visión disyuntiva. Visitar zonas del país donde pujantes negocios colindan con comunidades sin agua para beber es una oscura muestra de tal paradoja.
Porque existen momentos en que es necesario tomar posturas. Y esa hoy, claramente, es definir la prelación de prioridades que asumiremos como país y como región.
