El Ministerio de Bienes Nacionales tiene la responsabilidad de administrar todo el territorio fiscal de nuestro país, trabajo que tiene un impacto indudable en toda nuestra población, y sobre el que me gustaría destacar algunas materias, que modestamente, creo nos deben enorgullecer a todos.
Desde el año 2014 al 2016 nuestra prioridad ha sido proteger, administrar y disponer el patrimonio fiscal al servicio de las necesidades de la ciudadanía y en especial de los sectores más vulnerables. Con este fin, hemos privilegiado fórmulas de concesión y arriendo de inmuebles fiscales, con los que el Estado mantiene el dominio de la propiedad e incrementa sus ingresos.
Dando cumplimiento a esta labor, hemos entregado mil 822 inmuebles durante estos tres años a diversas instituciones del Estado, incluidas universidades, municipios y servicios públicos, colocando a disposición el espacio necesario y adecuado para el desarrollo de las políticas públicas, generando mayor cercanía con la ciudadanía, y contribuyendo a un desarrollo equitativo y regionalizado.
En este ámbito ha sido fundamental la diversificación de la matriz energética, a fin de que el 70 por ciento del consumo provenga -al año 2050- de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), apuntando de esta forma a la sustentabilidad del desarrollo energético para la población y así asegurar la producción de energía en los próximos 30 años. Hoy Bienes Nacionales cumple un rol fundamental, un 68% de los proyectos solares y un 23% de energía eólica están en territorio fiscal.
En la misma línea, hemos generado una agenda de producción con el fin de entregar inmuebles destinados a la potenciación de determinadas áreas económicas. Un buen ejemplo son las concesiones onerosas a proveedores de la minería, las ventas directas a Codelco, y los inmuebles para proyectos productivos en la región de Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota, entre otros.
También, el Programa de Inmuebles Fiscales para proyectos productivos, que incluye 32 terrenos en su primera etapa, y que cuenta con el apoyo y colaboración de la CORFO.
[cita tipo=»destaque»]Desde el año 2014 al 2016 nuestra prioridad ha sido proteger, administrar y disponer el patrimonio fiscal al servicio de las necesidades de la ciudadanía y en especial de los sectores más vulnerables. Con este fin, hemos privilegiado fórmulas de concesión y arriendo de inmuebles fiscales, con los que el Estado mantiene el dominio de la propiedad e incrementa sus ingresos.[/cita]
El esfuerzo realizado para dar respuesta a solicitudes de personas y comunidades indígenas no ha sido menor. Desde el año 2014 se han entregado 484 inmuebles en favor de personas y comunidades, lo que supera con creces el compromiso presidencial de resolver 182 solicitudes que se encontraban pendientes de tramitación a marzo de 2014.
La política de Vivienda ha sido una labor incesante y relevante que no podemos pasar por alto. Comenzamos a transferir terrenos al SERVIU gratuitamente y se puede afirmar responsablemente que en tres años se han destinado 514 hectáreas de propiedad fiscal para proyectos habitacionales y equipamiento urbano en beneficio de 22.000 familias de nuestro país.
En el contexto de fortalecer nuestra democracia, y la participación ciudadana se implementó una política de entrega de espacios para el desarrollo de la organización de la Sociedad Civil, asignando a diferentes organizaciones sociales un total de mil 76 inmuebles a través de la modalidad de concesiones gratuitas. Estos, beneficios que incluyen a Bomberos, organizaciones comunitarias, centros culturales y artísticos, cooperativas, juntas de vecinos, organizaciones religiosas, no gubernamentales, deportivas, gremiales y sindicales, entre otras.
Miles de compatriotas se han beneficiado con sus títulos de dominio, documento que además de otorgarles certeza jurídica sobre el inmueble que ocupan, les permite acceder a diversos beneficios que otorga el Estado, lo que se traduce en una oportunidad para mejorar su calidad de vida. En estos tres años más de 31 mil familias se convirtieron en propietarias y han dejado su condición de vulnerabilidad.
Entre nuestras preocupaciones, la preservación de nuestra biodiversidad y patrimonio natural también han sido una tarea prioritaria y se han implementado programas de entrega, mediante concesiones gratuitas a universidades y organismos sin fines de lucro, incluidas comunidades indígenas, para la conservación y puesta en valor de territorio con alto valor patrimonial por su biodiversidad.
Pero, sin duda, un hito relevante de este trabajo ha sido la firma del Protocolo de Acuerdo y la suscripción del Acta de la Presidenta Michelle Bachelet y Kristine Tompkins en marzo de este año para crear la Red de Parques de la Patagonia. A través de nuestro Ministerio, el Estado de Chile dispondrá de 949.368 hectáreas de terrenos fiscales.
Tenemos la certeza que el destinatario final de nuestro trabajo son todos los habitantes y comunidades de nuestro hermoso país. Nuestra labor es proteger su diversidad, su belleza, su impronta natural, sus fuentes productivas y sus culturas; como un país que, desde el territorio, busca más oportunidades para dar un nuevo paso al desarrollo sostenible.
