Hace 20 años se viene hablando de reformar el sistema carcelario. Y nada. No lo digo yo. Lo dijo un participante del Seminario que organizó el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Por eso, aunque sea tarde, los resultados que presentó la semana pasada la mesa de trabajo que elaboró el documento Propuestas de Mejora al Sistema Carcelario son bienvenidos. Efectivamente, es urgente modificar un sistema carcelario que trasgrede los derechos humanos y que no es eficiente en reinsertar socialmente (o más bien insertar, pues en su mayoría son personas que han vivido en los márgenes de la sociedad y la cultura) a quienes cometen delito.
El documento “Sistema Carcelario en Chile: Propuestas para avanzar hacia una mayor efectividad y reinserción” es una buena noticia por cuanto reconoce que el país no ofrece condiciones dignas de encarcelamiento ni tampoco adecuadas posibilidades de reinserción. Aún más, admite que es completamente inconducente condenar a penas de reclusión extendida por delitos menores pues estas incluso aumentan la probabilidad de delinquir en el futuro. Propone también reformas a la legislación penitenciaria, la modernización de Gendarmería, incluyendo la separación de las funciones de custodia y reinserción, la implementación de una política de segmentación de la población penal, así como mejoras en la infraestructura carcelaria que contemple recintos de baja, mediana y alta seguridad. Pone especial énfasis en la implementación de líneas programáticas de reinserción, potenciando el rol de los municipios y con el concurso de sectores privados que complementen la oferta de Gendarmería.
Hasta ahí todo bien.
Sorprenden, sin embargo, algunas falencias o carencias, a estas alturas inaceptables para especialistas que han trabajado durante más de 6 meses. La primera, y más importante, es que todas las propuestas están planteadas como si la población penal no presentara características de género. Todas ellas se encuentran redactadas en un lenguaje neutro genéricamente. Criticar que se refieran a “internos” y “reclusos” para designar a la población penitenciaria en general no es producto de una insistencia semántica. Es necesario hacerlo porque el texto refleja y reproduce la tendencia que han presentado muchos de los estudios sobre el tema, y que ha impedido, históricamente, una discriminación necesaria entre los problemas de la reclusión femenina y masculina, así como entre las consecuencias que tiene condenar a una mujer vs. un hombre a penas privativas de libertad. Incluso el mismo estudio reconoce en su diagnóstico que, “la evidencia señala que la privación de libertad tiene efectos diferenciales según se trate de hombres o mujeres, lo cual en la actualidad es ignorado por la política penitenciaria”. Pero tan solo lo menciona sin sacar ninguna conclusión ni adelantar ninguna propuesta. Por cierto, un estudio que elaboramos en la misma Universidad Católica en 2012 y publicado también por el Centro de Políticas Públicas ya demostró el mayor costo social y familiar que representaba una mujer en prisión. Las mujeres sufren un mayor estigma social cuando entran a la cárcel.
Además, se desvinculan de sus familias y redes sociales, lo cual es especialmente grave por el hecho que al momento del ingreso en prisión al menos la mitad tenía el rol de cuidadora o sostenedora principal de los hijos. El país se ha estremecido con las dramáticas noticias sobre la situación de los niños y niñas del SENAME; al menos un tercio de los hijos de mujeres que ingresan a la cárcel quedan en situación vulnerable y son candidatos a sufrir en alguna de sus instituciones por ausencia de su madre. ¿ Cuesta tanto concluir que el problema de la prisión femenina tiene mayores connotaciones sociales que la masculina y requiere de políticas ad hoc?
[cita tipo=»destaque»] El documento “Sistema Carcelario en Chile: Propuestas para avanzar hacia una mayor efectividad y reinserción” es una buena noticia por cuanto reconoce que el país no ofrece condiciones dignas de encarcelamiento ni tampoco adecuadas posibilidades de reinserción. Aún más, admite que es completamente inconducente condenar a penas de reclusión extendida por delitos menores pues estas incluso aumentan la probabilidad de delinquir en el futuro. Propone también reformas a la legislación penitenciaria, la modernización de Gendarmería, incluyendo la separación de las funciones de custodia y reinserción, la implementación de una política de segmentación de la población penal, así como mejoras en la infraestructura carcelaria que contemple recintos de baja, mediana y alta seguridad.[/cita]
Parece, por lo tanto, inexplicable que el documento no incluya propuestas específicamente para el caso de la población femenina. Ello, especialmente, si constatamos que la prisión tiene nulo efecto reparador en general, y que la población penal de mujeres corresponde al subgrupo con mayor crecimiento en los últimos años, con un aumento cercano al 90%, condenadas principalmente por micro-tráfico. Una reincidencia promedio en el delito de 50.5% en 3 años confirma que la prisión es un tiempo perdido y, además, un período de contagio crimonológico, pérdida de vínculos familiares y sociales, detrimento de la salud mental y empobrecimiento personal y familiar.
Constatando lo anterior, era deseable y esperable que el documento se pronunciara específicamente respecto de las penas privativas de libertad con consideraciones de género, de manera de considerar variables como la maternidad, el tipo de capacitación, la atención sicológica, la vinculación familiar y otros aspectos largamente exigidos y denunciados por las organizaciones que trabajan en los centros penitenciarios femeninos respecto de las penas privativas de libertad para mujeres. Si bien es cierto que la población recluida es mayoritariamente masculina, el aumento de mujeres privadas de libertad y su repercusión social merecía una atención especial.
No cabe duda que la mesa de trabajo se habría visto enriquecida si, además de los abogados, juristas, y académicos que la integraron, hubiera invitado a las instituciones que trabajan y conocen por dentro el problema de la prisión femenina. La Corporación Abriendo Puertas es una organización que trabaja hace 17 años en el Centro Penitenciario Femenino, capacitando, acompañando y realizando estudios sobre prisión femenina. Es lamentable que, con excepción de la Capellanía católica, no se haya valorado el insumo que podría aportar la experiencia de instituciones que, como el mismo estudio propone, llevan años articulando con Gendarmería programas de reinserción laboral y social.
