Muchas veces se ha planteado el alto gasto que demanda para el sistema de salud –sea público o privado- el financiamiento de las licencias médicas en Chile. Recién hace algunos días atrás, se dio a conocer que en 2016 alcanzaron la cifra de 1 billón de pesos, derivado de la tramitación de alrededor de 2,5 millones de licencias. Los analistas coinciden en que las causas y efectos son variados: presión en los costos del sistema, encarecimiento de los planes de los afiliados y restricción en la calidad de las prestaciones.
En relación a ello, existe un aspecto del que poco se debate, y que no obstante constituye un talón de Aquiles para la gestión pública: la recuperación del subsidio de incapacidad laboral. Solo en el año 2016, el Gobierno Central contabilizó un derecho a cobro de dicho subsidio equivalente, estimativamente, a 172 mil millones de pesos (254 millones de dólares), cuya cifra casi cuadruplica lo informado en 2005 en términos reales. Solo para hacerse una idea: con estos recursos podría haberse financiado cerca de un 40% del gasto anual del subsidio entregado al Transantiago, o el gasto anual completo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, o también el gasto anual de servicios de salud como el de Concepción, o Valparaíso-San Antonio. En el caso de los municipios, también tenemos cifras relevantes: el monto total estimado a recuperar para el 2016 alcanzó a más de $109 mil millones a nivel nacional (algo más de 161 millones de dólares).
[cita tipo=»destaque»]Con estos datos disponibles, está claro que hoy en día no es posible evaluar la gestión de las instituciones en relación a la recuperación de los fondos. Comprobar si los organismos públicos recuperan los fondos de las licencias médicas en su totalidad, o con la debida oportunidad, sería una tarea imposible en la actualidad. Si se publicara con mayor detalle estos datos, podría darse un primer paso en la implementación de medidas concretas que fortalezcan esta labor y destraben los puntos críticos del proceso en los servicios públicos.[/cita]
Solo para aclarar: el subsidio antes citado es una compensación al empleado por los días de renta que deja de percibir mientras está con licencia, y es pagado por la entidad de salud a la cual está afiliado, es decir, servicios de salud, isapres o cajas de compensación. No obstante, a diferencia de las empresas privadas, los empleados de las instituciones públicas siguen percibiendo sus remuneraciones habituales durante los días en que hacen uso de su licencia, de forma que los que tienen la obligación de cobrar dicho monto son los propios servicios públicos, según el artículo 12 de la ley 18.196 y 19.117 (art. único). Por esta razón, cobra vital importancia la gestión en torno a la recuperación de estos fondos, dado que estos “compensan”, total o parcialmente, el gasto que implica para el Estado el pago de las remuneraciones del personal ausente en sus funciones públicas en los días que hacen uso de licencias.
¿Cómo ha sido entonces la gestión que realizan los organismos públicos en la recuperación de estos recursos? Para responder esto existen dos fuentes de datos; por un lado, están los informes de ejecución presupuestaria informados por DIPRES, y los estados de situación patrimonial publicados por la Contraloría General de la República. Sin embargo, ambas bases de datos tienen importantes limitaciones: en la primera solo se muestran estimaciones de los montos que el organismo tiene “derecho” a recuperar en un periodo, y no los montos que efectivamente percibió de las entidades de salud; y la segunda, pese a ser más precisa al considerar los movimientos contables específicos en cada etapa del proceso, registra en la cuenta utilizada para las recuperaciones efectivas una serie de otros montos adicionales, lo que no permite responder la pregunta inicial.
Con estos datos disponibles, está claro que hoy en día no es posible evaluar la gestión de las instituciones en relación a la recuperación de los fondos. Comprobar si los organismos públicos recuperan los fondos de las licencias médicas en su totalidad, o con la debida oportunidad, sería una tarea imposible en la actualidad. Si se publicara con mayor detalle estos datos, podría darse un primer paso en la implementación de medidas concretas que fortalezcan esta labor y destraben los puntos críticos del proceso en los servicios públicos.
Aún así, el desafío mayor es impulsar iniciativas que hagan más fluido el proceso de recuperación de subsidios y que, ante todo, fortalezcan en este sentido las capacidades de los servicios públicos como receptoras de estos fondos. Prueba de esta necesidad, es que este año municipalidades como Cholchol, Catemu, Cerrillos, Olmué y Maipo han publicado licitaciones para la contratación de asesorías privadas para recibir apoyo no solo en la cobranza de los subsidios, sino que también en diseñar e implementar procedimientos y sistemas internos para desarrollar estas funciones. Este hecho debe tomarse como el síntoma de una afección crónica que debe combatirse con la debida urgencia por parte del Gobierno.
