El miércoles 24 de mayo de 2017, en la sesión de los consejeros del Gobierno Regional Metropolitano, fue aprobado por mayoría el presupuesto para el diseño de la recuperación integral del inmueble de Londres 38, espacio de memorias. Cabe recordar que el recinto, ex lugar de detención, tortura y exterminio de la DINA, es el primer espacio de memoria abierto al público en Santiago, que se mantiene en pie con alto nivel de integridad desde los tiempos de la represión.
Si bien este es un éxito evidente que abre la posibilidad de recuperación del sitio, es resultado de un proceso cuyas etapas y conclusiones no resultan ser tan felices. Entre ellas, que este logro sea casi único en el país refleja la inexistente política de recuperación de sitios desde el Estado. Esta ausencia de política no es solo desinterés: tanto el deficiente estado de conservación de Londres 38, como la desaparición de muchos otros sitios, archivos y documentos, son funcionales al ocultamiento y negación de la verdad, en consecuencia, son cómplices de la impunidad hasta hoy.
El devenir de la resistencia
Todos estos años, tanto Londres 38 como otras organizaciones, han debido enfrentarse a una política de invisibilización de la memoria y que favorece la impunidad, ambas como parte de un mismo problema vigente hasta hoy. Si en dictadura sus paredes presenciaron el horror de la política represiva, tras su término, el espacio se mantuvo desaparecido por largo tiempo, y de no ser por la larga lucha de familiares, ex detenidos y detenidas, la casa aún se mantendría invisibilizada.
Desde 1975, año en que la DINA desocupa el inmueble, Londres 38 ha sido territorio en disputa entre las deliberadas acciones de desaparición y la resistencia de las memorias. Esta borradura se expresó en el cambio de número de la casa o su apropiación por parte del Instituto O´higginiano, quien durante años custodió celosamente la verdad tras los muros de Londres 38. La resistencia fue manifestada todos esos años por los familiares, ex detenidos y detenidas, exmilitantes y defensores de los derechos humanos que funaron, marcaron, designaron y nombraron, en múltiples formas, el olvido deliberado y el abandono. Siendo estas las huellas físicas de esta disputa de la memoria las que hoy pretendemos develar con la recuperación integral del sitio.
El debate del Consejo Regional Metropolitano para aprobar la recuperación de Londres 38 fue reflejo de todos estos años de silencio. Si bien el proyecto fue finalmente aprobado por mayoría, la discusión previa demostró que la necesidad de la recuperación de la memoria no es evidente a 27 años de finalizar la dictadura. La memoria se expresa además en disputa, donde el discurso del olvido a favor de la reconciliación no es más que el vacío y frágil puntal que sostiene el denso y pesado presente de impunidad. Tras la defensa de nuestra aparente democracia y el argumento de la reconciliación, se esconde la incomodidad de un sector importante de la sociedad frente a los espacios de memoria y la intención evidente de evadir la discusión sobre la nula voluntad política durante estos años para llegar a la verdad y a la justicia.
[cita tipo=»destaque»]Frente a este escenario, tal como se viene planteando desde hace años, es necesario, junto con avanzar con toda la verdad y toda la justicia, el diseño, desarrollo e implementación participativa de una política pública integral de memoria que considere la autonomía de las organizaciones que trabajan en los sitios de memoria.[/cita]
Meses de trabajo e insistencia fueron necesarios para lograr la mitad del presupuesto necesario para el diseño de la reconstrucción de una casa que tiene un valor más allá del inmueble. El espacio de Londres 38 es un espacio de memorias del pasado, pero por sobre todo, lo que ese pasado nos ha heredado en el presente y la posibilidad de reflexión crítica de ello, posibilitando la transformación de ese presente que debiera ser, según nuestra visión, la base primordial de una democracia real. En contra de ello se mantienen en secreto y/o sin acceso público los archivos de la Comisión Valech y de la Comisión Rettig, los archivos encontrados en Colonia Dignidad y los de las Fuerzas Armadas, policiales y de inteligencia.
La necesidad de la recuperación de Londres 38 y de una política integral de sitios
De acuerdo al Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2004), fueron catastrados 1.132 lugares reconocidos como centros de detención, tortura y exterminio. Desde el término de la dictadura, las diversas administraciones han manifestado la importancia de relevar las huellas de la memoria a lo largo de todo el territorio, ya sea desde la lógica de la reparación o desde la necesidad en la sociedad de la transmisión de los valores asociados a los derechos humanos y el rol que cumplen estos lugares.
Estando o no de acuerdo con la orientación estatal, ocurre que, salvo este catastro construido con los testimonios de las víctimas, es difícil relacionar las acciones en este sentido como el resultado de una voluntad decidida y planificada, expresada en una política pública destinada a la recuperación de la memoria, a través del relevamiento de los lugares testigo del período represivo en Chile. Aun habiendo consenso internacional sobre el aporte a la verdad, a la justicia, a la democracia, y a la construcción colectiva de una sociedad de derechos, el Estado de Chile poco ha avanzado.
De los 1.132 sitios que en 2004 se habían catastrado, solo veintitrés cuentan con el reconocimiento de Monumento Histórico, otros pocos esperan la dictación de decreto y poco a poco emergen otros que esperan ser declarados a solicitud de las agrupaciones. Pocos cuentan con financiamiento para su gestión y la gran mayoría es de la Región Metropolitana. No existe una política de protección y recuperación territorial, ni estratégica ni representativa. Tal como ha sucedido con La Providencia de Antofagasta, la ex Colonia Dignidad y Cuartel Borgoño, los logros se han debido a los esfuerzos de las agrupaciones y organizaciones que una a una han gestionado y demandado su recuperación. La función pública de la protección de la memoria ha sido delegada desde el Estado a la sociedad civil que con recursos casi inexistentes se embarcan en la labor titánica de intentar proteger cada sitio, cuyo resultado finalmente depende de la capacidad de organización y gestión de cada organización con las consecuencias de las potenciales pérdidas irreversibles de memoria, verdad y posibilidad de transmisión generacional, que esto conlleva.
Junto a lo anterior, el Estado no sólo delega esta función sino también obstruye. A las burocráticas condiciones y requerimientos, muchas veces de alta especialidad técnica que se solicitan desde el Consejo de Monumentos Nacionales para comprobar la necesidad de proteger sitios de evidente valor, se le adiciona la obstrucción que otros organismos del Estado, como Carabineros en el caso de la Providencia de Antofagasta y el Ejército en el caso de Rocas de Santo Domingo. Dichos organismos, que aparentemente funcionan de una manera autónoma del resto del Estado, venden sitios y obstruyen accesos, entre otras estrategias, como si fuera una decisión institucional deliberada e independiente el continuar con el ocultamiento de la verdad.
Frente a este escenario, tal como se viene planteando desde hace años, es necesario, junto con avanzar con toda la verdad y toda la justicia, el diseño, desarrollo e implementación participativa de una política pública integral de memoria que considere la autonomía de las organizaciones que trabajan en los sitios de memoria. Política dirigida a la protección sistemática y recuperación integral de los sitios desde el Estado, con mecanismos participativos reales y respeto a la autonomía de gestión de las organizaciones, cumpliendo las atribuciones y funciones del Estado en la recuperación y protección de las memorias, fuente primaria de debate, construcción colectiva y democrática de una mejor sociedad.
La recuperación y el trabajo de reconstrucción de Londres 38 van en esa línea, pero sigue siendo insuficiente en un país donde no sólo no se ha hecho justicia con los sitios, sino tampoco con las víctimas de la dictadura. Y si vamos un poco más allá, no se ha hecho justicia con Chile, que muy lentamente ha comenzado a alzar la voz por sus derechos frente a las consecuencias de un sistema de impunidad en todos los ámbitos de la vida social y política.
