Opinión
Pese a la disminución sostenida de la pobreza en Chile durante la última década, la población infantil sigue concentrando los niveles más altos al respecto: en nuestro país, 3 de cada 10 niños experimentan algún tipo de pobreza, ya sea por falta de recursos materiales o porque sus hogares no tienen acceso a bienes y servicios básicos, situación que puede verse empeorada en regiones como La Araucanía, donde 1 de cada 2 niños menores de 6 años vive en dicha situación.
El politizado debate sobre el rechazo de la Cámara de Diputados al informe de la comisión investigadora Sename II, que denuncia deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, ha desviado la mirada de la opinión pública de aquello verdaderamente relevante: la situación de la niñez en Chile.
Respecto de los niños que por medidas de protección se encuentran en custodia del Estado o de sus fundaciones colaboradoras, las cifras ya conocidas son demoledoras: 50% de las personas detenidas en Gendarmería alguna vez pasó por un centro de Sename y 1.313 niños murieron en custodia del Estado en un periodo de 11 años.
No obstante, la situación general de la niñez en Chile no resulta mucho más alentadora y las condiciones de desigualdad social son inminentes. Por mencionar algunos ejemplos, pese a la disminución sostenida de la pobreza en Chile durante la última década, la población infantil sigue concentrando los niveles más altos al respecto: en nuestro país, 3 de cada 10 niños experimentan algún tipo de pobreza, ya sea por falta de recursos materiales o porque sus hogares no tienen acceso a bienes y servicios básicos, situación que puede verse empeorada en regiones como La Araucanía, donde 1 de cada 2 niños menores de 6 años vive en dicha situación. En materia de educación, la situación no es mucho más estimulante, ya que 7 de cada 10 niños que estudian en colegios públicos o subvencionados enfrenta factores sociales y económicos que pueden llevarlos a interrumpir o finalizar sus trayectorias escolares.
¿Estamos realmente dispuestos a proteger los derechos de la infancia? Una rápida mirada a los programas ambulatorios de protección especializada permite comprender que el Estado no está llegando a los niños que más lo necesitan: 102 comunas de Chile no cuentan con programas de protección especializada que funcionen en sus propios territorios y los niños deben movilizarse hacia otras comunas para obtener atención. Esto, resulta particularmente dramático cuando 72 de estas comunas tienen índices de vulnerabilidad escolar superiores al 78%. Existe un sistema de subvenciones que paga a los programas por niño atendido y que tiende a centralizar la oferta en lugares urbanos, donde se concentra mayor población infantil, haciendo que sea más difícil alcanzar la ayuda del Estado para los niños que más lo necesitan: aquellos que viven en lugares aislados.
[cita tipo=»destaque»]¿Qué hemos hecho para evitar la institucionalización de los niños más vulnerables? En materia de prevención, el 2015, y pese a la oposición de las organizaciones de la sociedad civil, se decide el cierre de los Proyectos de Prevención Comunitaria, cerrando con ello la posibilidad de prevenir vulneraciones de derecho en el territorio en que habitan los niños, generando un eventual aumento de demanda en los programas de protección especializada, en abierta contradicción con la necesidad de poner fin a la institucionalización de manera progresiva.[/cita]
¿Qué hemos hecho para evitar la institucionalización de los niños más vulnerables? En materia de prevención, el 2015, y pese a la oposición de las organizaciones de la sociedad civil, se decide el cierre de los Proyectos de Prevención Comunitaria, cerrando con ello la posibilidad de prevenir vulneraciones de derecho en el territorio en que habitan los niños, generando un eventual aumento de demanda en los programas de protección especializada, en abierta contradicción con la necesidad de poner fin a la institucionalización de manera progresiva.
Sabemos que urge hacerse cargo de las vulneraciones de derecho de los niños que se encuentran en custodia del Estado, pero al mismo tiempo es necesario establecer alternativas territoriales de apoyo a los niños y sus familias, que trasciendan las lógicas de subvención por niño atendido, para instalarse desde un enfoque de garantía de derechos en los territorios. No importa cuántas comisiones se armen, ni cuántos informes se aprueben o rechacen, negarse a sostener ese debate en serio es, lisa y llanamente, permanecer indiferentes en una profunda ceguera ante la institucionalización de la pobreza.
